Envueltos por el rojo y negro de la bandera sandinista, hombres y mujeres animados por ritmos contagiosos bailan y cantan alrededor de una tarima adornada con flores. De pronto aparece el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la algarabía es total.
A través de potentes parlantes agitadores gritan "Daniel, Daniel", "aunque te duela, el comandante se queda", mientras Ortega recorre la tarima de unos dos metros de alto, observa y saluda a la concentración, donde se mezclan pobladores de barrios y empleados públicos que han llegado tras una larga caminata.
"Venir a marchar me sale de mí, ¿sabe? Me sale de mi de corazón y con gusto lo hago", dijo a la AFP Marina, pobladora de un barrio occidental de Managua, mientras caminaba rápido para evadir más preguntas.
"Hay una causa que defender, la causa de los pobres", señaló el campesino Antonio Rivera, de 40 años, en una manifestación oficialista.
Ortega anunció en septiembre una cruzada que llamó "la batalla de las marchas", con caminatas de hasta siete kilómetros en defensa de su gobierno.
Con ello buscó contrarrestar las protestas en las que la oposición exige desde abril su renuncia y la de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Pero el sociólogo Oscar René Vargas considera que se trata de un "autoengaño".
"Existe en el gobierno Ortega-Murillo una tendencia a autoengañarse, a decir, por ejemplo, que logra movilizar a miles cuando solo moviliza a centenas", opinó Vargas.
Tras los rostros alegres y las consignas que exaltan a Ortega se oculta el temor de muchos trabajadores públicos que reconocen presiones para ir a las marchas, so pena de quedarse sin empleo en medio de una grave crisis económica.
Cifras oficiales indican que el cierre de negocios afectados por la ola de protestas dejó a 100,000 personas sin trabajo, aunque economistas independientes hablan de más de 300,000.
"Voy a manifestaciones las veces que haya que ir, necesito el trabajo, tengo una familia y deudas que pagar", dijo a la AFP René, de 40 años, abogado de una entidad pública que no reveló su verdadero nombre por temor.
A René le tocó ir a las rotondas que circundan Managua para participar en concentraciones oficialistas en las que gritan consignas y agitan banderas del gobernante Frente Sandinista.
Las manifestaciones en las rotondas, con sol o lluvia, son acompañadas de "un refrigerio, agua, caramelos y nos llevan en autobuses", dijo René.
"Al empleado público, en vez de estar en su lugar de servicio, este gobierno lo ha convertido en instrumento de represión", comentó a la AFP el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Gonzalo Carrión.
Aseguró que los obligan a participar en grupos de choque y paramilitares, o asistir a las marchas a favor de Ortega.
El CENIDH recibe denuncias de trabajadores que "no quieren armarse" como paramilitares y están cansados de que los obliguen a marchar. Según Carrión, eso es una violación al derecho al trabajo y a la dignidad de las personas.
Las protestas antigubernamentales que iniciaron el 18 de abril han dejado al menos 320 muertos, 2,000 heridos, 500 detenidos, en tanto miles de personas se refugiaron en países vecinos, según organismos de derechos humanos.
Los que apoyan al gobierno son funcionarios "con altos salarios, que han recibido algún favor o beneficios como casas, vehículos asignados y trabajo para toda la familia", dijo Shirley González, quien hasta hace dos meses era sindicalista afín al partido de gobierno.
Los activistas del Frente Sandinista presionan tanto que "te hacen perder tu dignidad", dijo a la AFP Juana, una especialista en informática que asegura no tener afinidad partidaria. Fue despedida de una entidad pública luego de que se negó a ir a una marcha.
"Los más fanáticos del partido me decían sinvergüenza, que no apoyaba al gobierno y me iban a poner presa. Todo eso me puso los nervios de punta, me dio rash (alergia) por estrés, tuve que ir al sicólogo, hasta que me despidieron", dijo Juana entre sollozos.
Los Comité de Liderazgo Sandinista (CLS) y la Juventud Sandinista (JS), estructuras partidarias dentro de oficinas públicas, "controlan todo", el Facebook, el correo, computadoras y a los propios trabajadores. Incluso los vigilan en sus casas a través de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) que operan en los barrios, agregó González.
"Hay un ambiente de temor y desconfianza" entre los compañeros de trabajo, reveló González, un alias que usó para ocultar su identidad. Ella fue despedida y también recibió amenazas.
Al personal de vigilancia, conductores, mensajeros u otras ocupaciones menos calificadas "los utilizan para grupos de choque (...) les dan tubos y les proporcionan armas", dijo un técnico de suelos, con alias de Nerón, quien teme ser identificado por lo que cubrió su rostro y pidió no mostrar sus manos en fotos o videos porque lo pueden descubrir.
"A un compañero mío que por presión fue paramilitar y se quiso ir, no le aceptaron la renuncia porque recursos humanos dijo 'éste sabe mucho'", según Juana.
