Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 encabezaron el lunes una marcha en la Ciudad de México para exigir que sus hijos sean hallados y se haga justicia en una de las mayores violaciones a los derechos humanos ocurridas en la historia reciente del país.
"Nuestra lucha sigue todavía firme, todavía sigue en pie", afirmó Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso, al inicio de la manifestación."No es tan fácil dejar la familia (para marchar en todos lados) pero yo tengo la firmeza y la certeza que los chavos están vivos".
Numerosas organizaciones civiles han llamado a unirse a la protesta y a solidarizarse con unas familias que, como dijo su portavoz —Felipe de la Cruz— han sufrido mucho en estos dos años tan complicados."Hay enfermedades, hay desgaste, hay tormento psicológico, día con día, dormir y despertar en la misma situación", dijo de la Cruz.
La noche del 26 de septiembre de 2014 una seria de ataques coordinados en Iguala, en el estado de Guerrero, dejaron un total de 180 víctimas, incluidos los 43 estudiantes cuyo paradero aún se desconoce, otro que lleva dos años en coma y seis personas asesinadas, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los estudiantes fueron atacados por policías municipales vinculados con el crimen organizado y supuestamente entregados al cartel local Guerreros Unidos que los hizo desaparecer, aparentemente, con la complicidad o inacción de otros cuerpos de seguridad, militares y autoridades.
La primera versión oficial -calificada por el ex fiscal general Jesús Murillo Karam de "verdad histórica"- aseguraba que los 43 jóvenes fueron quemados en un basurero y sus cenizas arrojadas a un río cercano, pero aunque se localizó e identificó un resto óseo de un estudiante la tesis fue rechazada por los expertos internacionales por falta de pruebas sólidas y por estar basada en testimonios de personas presuntamente torturadas. Recientes hallazgos de la propia fiscalía también cuestionaron alguno de sus puntos.
"Siempre estuvimos señalando al gobierno que las corporaciones policíacas estaban involucradas hasta el cuello (...) No nos vamos a quedar callados. Nunca vamos a creer en sus mentiras", indicó Clemente Rodriguez mientras avanzaba por el céntrico Paseo de la Reforma con una gran foto de su hijo colgada al pecho.
Las autoridades han detenido hasta el momento a 128 personas, de las cuales se ha abierto proceso a 70 -la mayoría policías y miembros del crimen organizado- pero todavía no se sabe qué paso esa noche ni cuál fue el móvil del crimen.
La investigación ha avanzado muy lentamente, ha tenido errores y omisiones y ha sufrido obstrucciones a la justicia por parte de servidores públicos, denunció tanto el grupo de expertos de la CIDH como el defensor del pueblo mexicano.
De hecho, quien fuera jefe investigador del caso, Tomás Zerón, fue acusado por los padres de los estudiantes de manipular y sembrar pruebas para avalar la versión oficial y está actualmente bajo investigación interna.
Después de muchos retrasos y bloqueos, los abogados de las víctimas consideran que en los últimos meses se han logrado algunos avances como el rastreo de los teléfonos celulares de todos los presentes en la zona de los hechos y el uso de tecnología para escanear el terreno en busca de fosas clandestinas.
El presidente Enrique Peña Nieto dijo el lunes que el Gobierno tiene el "firme compromiso" de llegar "hasta sus últimas consecuencias en la investigación".
"No hay otro interés, más bien, el único que el Gobierno de la República ha puesto por delante, con la total apertura y transparencia es, precisamente, saber qué fue lo que ocurrió ahí", agregó el mandatario desde Cartagena, a donde asiste a la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.
Sin embargo, faltan indagatorias básicas y el ejército -cuya actuación el día de los hechos ha sido cuestionada- todavía no ha aportado a la fiscalía pruebas solicitadas.
Incluso la ONU ha manifestado sus dudas sobre el compromiso del gobierno de México con el esclarecimiento del caso.
"No tenemos aún la garantía de que van a ser castigados todos los que tienen responsabilidad criminal en este caso", dijo recientemente Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, al visitar la normal rural de Ayotzinapa, la escuela donde estudiaban los jóvenes.
Los dos principales detenidos son el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y un jefe del cártel de los Guerreros Unidos en esa localidad, Gildardo López Astudillo.
Pero los expertos internacionales creen que un ataque coordinado en nueve puntos y en una extensión de 80 kilómetros tuvo que tener un nivel de mando mayor.
Mientras tanto, en la normal de Ayotzinapa el patio sigue ocupado por las 43 sillas vacías con los retratos de las víctimas y una imagen de la Virgen de Guadalupe clamando justicia.
La normalidad no ha regresado a esta escuela de maestros rurales.
Las clases se han reanudado sólo parcialmente y cada vez hay menos alumnos que quieren ingresar a ella. Un miembro del comité estudiantil, David Colchero, señalaba el principal motivo: "Hay miedo de que vuelva a pasar un 26 de septiembre".
