El Gobierno de Panamá dio a conocer este viernes 4 de agosto de 2017 que otorgó asilo a dos magistrados de Venezuela, país que atraviesa una crisis política, social y económica.
Se trata de Gustavo Sosa Izaguirre, magistrado suplente y abogado de la fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz (quien rompió este año con el presidente Nicolás Maduro acusándolo de deteriorar el clima democrático).
También fue beneficiado el magistrado suplente de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Manuel Antonio Espinoza Melet.
Ellos habían sido nombrados, el 21 de julio pasado, en el Tribunal Supremo de Justicia por la Asamblea Nacional venezolana, controlada en la actualidad por la oposición, pero que el chavismo no reconoce.
Tanto Sosa Izaguirre como Espinoza Melet ingresaron a la residencia y misión diplomática de Panamá en Venezuela, respectivamente, para pedir la protección "ante las circunstancias" que se atraviesan en aquel país, informó la Cancillería de la República.
"En solidaridad con el pueblo venezolano y tras la formalización de su petición, el Gobierno de la República de Panamá ha respondido positivamente a la solicitud de asilo político de ambas autoridades judiciales”, indica la entidad.
En el boletín, el gobierno de Juan Carlos Varela reiteró el llamado al presidente Nicolás Maduro, "la necesidad de detener las acciones de hecho y negociar una salida política en el marco de la Constitución vigente en Venezuela, y del más estricto respeto de los derechos humanos para el bienestar de su población".
Para este viernes 4 de agosto está prevista la instalación de la asamblea constituyente en Venezuela, impulsada por el chavismo y rechazada por la oposición al considerarla fraudulenta. Se trata de un organismo conformado por 545 asambleístas, que tiene entre sus potestades la disolución de los poderes públicos, además de su función principal de redactar una nueva Constitución.
Panamá concede asilo político a magistrados venezolanos. https://t.co/1Zxc2rOrk5 pic.twitter.com/3NtmvLYW1r