Pazmiño, ‘ficha’ de Correa

La elección del presidente de la Corte Constitucional de Ecuador, Patricio Pazmiño, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) es considerada por el gobierno de Rafael Correa como un “éxito rotundo”, en palabras de Diego Morejón, subsecretario de Organismos Internacionales Suprarregionales.

Morejón declaró al diario El Comercio de Ecuador que el Gobierno se siente “reivindicado” y dejó claro la intención de su país al señalar que ahora “puede aportar al proceso de reformas en colaboración con otros países”.

“Algunos dicen que Ecuador quiere irse de la OEA, que critica al Sistema Interamericano (...) Ecuador tiene interés en hacer cambios en el sistema desde dentro del sistema, no bloquear, no boicotear, sino trabajar conjuntamente con los demás países desde dentro para lograr una reforma sustantiva”, declaró, según reportes de la agencia de noticias EFE.

La celebración del Gobierno va en contravía de las organizaciones sociales que objetaron a Pazmiño desde su postulación.

El Observatorio de Derechos y Justicia emitió un comunicado en el que señala que en concordancia con las críticas que durante los últimos años ha realizado a la gestión de Pazmiño en la presidencia de la Corte Constitucional, y habiendo denunciado violaciones sistemáticas a derechos consagrados en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, rechaza su designación, producto de una elección realizada en la última sesión de la 45 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos este martes 16 de junio, y en la que logró el voto de 22 de los 23 Estados miembros que reconocen la autoridad de la CorteIDH.

El Observatorio asegura que las acciones de Pazmiño como presidente de la Corte Constitucional evidencian que no cumple los requisitos mínimos de independencia e imparcialidad para integrar el órgano de derechos humanos más importante en las Américas.

“Estamos convencidos de que para ser juez de la Corte Interamericana no basta con que Pazmiño conozca la materia de derechos humanos. Tampoco basta con que haya “trabajado” (de manera genérica) en cuestiones relacionadas con derechos humanos. Un candidato medianamente aceptable debería demostrar que sus gestiones, ya sea desde lo público o lo privado, han contribuido notablemente a fomentar la vigencia y observancia de las normas y estándares emanados del Sistema Interamericano (SIDH). Así, aun si aceptáramos que Pazmiño reúne los requisitos académicos y profesionales para ser juez de la CorteIDH, no ha demostrado tener un compromiso real de respetar esos estándares. Por el contrario, al momento de enfrentarse a situaciones en la que han estado en controversia los derechos de las personas y los intereses políticos del gobierno de Correa, ha terminando siempre por favorecer estos últimos”, señala el comunicado.

MÁS ARGUMENTOS

Las alegaciones que hace el Observatorio son consistentes con la indignación manifestada por 21 representantes de organizaciones que se pronunciaron –antes de la elección– en contra de la candidatura de Pazmiño, por considerar que esta no tiene otro fin que el de “dinamitar el SIDH por dentro, a través de sentencias que desmonten los avances en estándares que se han producido a través de la historia de la Corte, por ejemplo, desconociendo la potestad de la CIDH para dictar medidas cautelares de protección a personas cuyos derechos están en alto riesgo”.

En su carta, fechada el 12 de junio, los firmantes abonan a su argumento recordando que en la reciente Cumbre de las Américas, celebrada en mayo en Panamá, el presidente Rafael Correa manifestó abiertamente que: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe desaparecer y la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe ser el eje de un nuevo sistema latinoamericano de DDHH que solo incluya a quienes han ratificado la Convención Americana de DDHH. Todo está listo”.

Otra misiva que rechaza que Pazmiño se siente en la CorteIDH lleva la firma de unas 70 personas, entre docentes, antropólogos, economistas, periodistas y psicólogos de Ecuador, y está fechada el 10 de junio. En ella se afirma que el presidente Correa ha adoptado una posición crítica contra el SIDH, al que ha calificado de reflejar “el nuevo imperialismo”, entre otras posiciones que lo han llevado a proponer cambios que ponen en riesgo la eficacia e independencia del sistema.

El grupo aseveró que el trabajo de Pazmiño en la Corte Constitucional no refleja los estándares exigidos en la Convención, ni la independencia necesaria. “Los fallos obsecuentes frente a las posiciones gubernamentales en casos como el de la Ley de Comunicación; el dictamen frente a las reformas constitucionales que, entre otras cosas, pretende instituir la reelección indefinida, y que la Corte determinó se las realice mediante enmiendas; los dictámenes que obstaculizan la celebración de consultas populares; son ejemplos de su falta de independencia”, detallaron.

Por lo anterior, señalan los firmantes, “nos preocupa que la conformación de órganos que deberían ser integrados por técnicos independientes, responda a las agendas políticas de los Estados. El SIDH es la última línea de defensa de los derechos humanos en el continente...”.

Los cuestionamientos tras la elección de Pazmiño para un asiento en la CorteIDH no llegan solo de sus compatriotas. Daniel Cerqueira, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), declaró al diario El País que hoy “Ecuador es el país que lidera el bullying diplomático contra la CIDH”. Desde Washington apuntó que “es preocupante que un país que esté en esa ofensiva proponga a un candidato muy cercano a Correa”.

Según Cerqueira, la llegada de Pazmiño a la Corte “consolida una tendencia a la politización” de una institución cuyo perfil técnico ha descendido en los últimos años.

TRASFONDO

Lo que buscará Ecuador con la llegada de Pazmiño queda muy claro al prisma de las declaraciones de Morejón que recogió la agencia EFE tras la elección: “El sistema europeo al final eliminó la Comisión para ir directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si la CIDH insiste en sus ataques políticos con valoraciones subjetivas y de mucho tinte político como las de su informe anual, eso no tiene sentido”. Y añadió que la postura de Ecuador es que la Comisión no debe dictar medidas cautelares, y su sede no debe estar en Estados Unidos, sino en uno de los 23 países que han firmado la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, insistió en que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH tiene “muchas prebendas que no están establecidas de manera jurídica”, que su peso debe igualarse al de las otras ocho relatorías temáticas y que sólo debe recibir financiación de los países miembros y no de los observadores, como ocurre hoy.

Freedom House tiene claro el objetivo de Ecuador. En declaraciones a NTN24, Carlos Ponce, director para el Programa Américas del organismo, señaló que el Gobierno de Ecuador ha mantenido una campaña para destruir el Sistema Interamericano durante los últimos cuatro años. “No hay duda de que ahí no hay que darle ni la más mínima importancia a lo que pueda decir una persona, de que no va a intervenir, sí va a intervenir, ese es su plan”, indicó, en alusión a las declaraciones del nuevo miembro de la Corte que tras las críticas dijo que la confrontación del Gobierno contra la CIDH no le corresponde porque él no es miembro de la Comisión.

“Lo que nos toca es un trabajo de monitoreo y supervisión ahora de las decisiones de la Corte y el Sistema para buscar la forma de balancear las cartas”, advirtió Ponce.

Pablo Albán, abogado defensor de los derechos humanos y especialista de la secretaría ejecutiva de la CIDH, coincidió con Ponce en que Pazmiño será una ficha del presidente Correa en la CorteIDH.

En declaraciones a NTN24 arguyó que ese planteamiento es cónsono con las declaraciones del canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, quien reconoció ayer que, antes de ser electo, Pazmiño se reunió con diversos cancilleres de países de la región para exponer los mecanismos a través de los cuales podría reformarse el SIDH, y las declaraciones de Morejón también aludieron a tales cambios.

“Está muy claro que la intención es tratar de modificar los criterios operativos del tribunal, lo que resulta muy peligroso, porque la Corte es un órgano técnico, es un órgano de decisión de casos y de emisión de opiniones consultivas, y si se tratara de convertir la Corte en un ente con funciones políticas, dada la postura que varios gobiernos de la región tienen, de ir deslegitimando progresivamente la lucha por los derechos humanos, podría extinguirse ese último baluarte para alcanzar justicia que teníamos los ciudadanos de América”, explicó.

Albán, quien también es catedrático de la Universidad de San Francisco de Quito, destacó la incongruencia de la postulacion de Pazmiño al señalar que desde 2011 Ecuador ha tenido una separación casi absoluta del SIDH. “Es un Estado que no acude a las convocatorias de la CIDH, que no cumple sus decretos de medidas cautelares, es un Estado que a lo interno todos los sábados descalifica a través de su más alto personero la actuación del SIDH, es un Estado que si uno mira la página de la CorteIDH tiene incumplidas varias sentencias que se han emitido en 17 casos que se han resuelto contra Ecuador”, remarcó.

Es totalmente inconsistente con la historia y con la vocación de defensa de derechos que tiene la Corte y la Comisión –argumentó– el poner a una persona que se va a poner a velar por los Estados y no por las personas.

“Este planteamiento que desde el año 2007 se ha venido denominando un proceso de fortalecimiento del SIDH no ha dado suficientes muestras de consistir más bien en un proceso de debilitamiento y de desmantelamiento. Pretender opinar en las fuentes de financiamiento, pretender decidir dónde debe estar la sede del organismo, pretender decir cuáles son las competencias que puede y que no puede asumir la CIDH son claras evidencias de que no hay una intención de fortalecer, porque si eso quisieran los Estados de América apuntarían a una ampliación del ámbito de protección, a un mayor catálogo de derechos, a una mejor sumisión de los Estados a las obligaciones internacionales en el ámbito de DDHH”, puntualizó.

El congresista ecuatoriano Andrés Páez Benalcázar, del partido opositor CREO, declaró a El Nuevo Herald de Miami, un día antes de la elección de Pazmiño, que el Gobierno tiene “el control total de la justicia acá [en Ecuador], pero sabe que no puede controlar la justicia internacional”. “Entonces quieren poner a uno de sus subordinados en esa justicia internacional para buscar impunidad para todos los crímenes que han cometido: corrupción, violación a los derechos humanos, tortura, y evidentemente la van a conseguir teniendo jueces que se dediquen a despachar los casos del correísmo”.

El opositor criticó duramente a Pazmiño. Aseguró que carece del conocimiento jurídico, es un empleado de Correa y su designación es para terminar de liquidar a la CorteIDH.

César Ricaurte, director de Fundamedios, una organización que realiza monitoreo, investigación y que lucha por la libertad de expresión también reaccionó señalando que Pazmiño no era un candidato idóneo, probo e independiente. “Ahora como magistrado de la CorteIDH está muy lejos de garantizar los derechos fundamentales de las personas en las Américas... Esto, lo señalamos porque los fallos del Dr. Pazmiño en su paso por la Corte Constitucional han significado grandes regresiones, al punto que han llegado a establecer que el Estado es titular de derechos humanos, que por definición son de las personas, y esos improbables derechos del Estado están por encima de los derechos de las personas”.

Sin embargo, añadió el gremio, lo más temible de su elección es que, vaya con una agenda oculta, la del gobierno del presidente Correa, quien ha sido sistemático en sus ataques al SIDH.