Periodistas y medios de comunicación de oposición enfrentan una escalada de ataques, detenciones arbitrarias, acoso y amenazas en Nicaragua, advierten organismos humanitarios y gremiales, que denuncian la intención del gobierno de "coartar la libertad de expresión".
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez manifestó que "la agresión en estos momentos se está dando en contra de los medios independientes" con la intención de "coartar la libertad de expresión".
Núñez tenía previsto exponer este martes en Washington la situación de la prensa independiente de Nicaragua ante el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.
Desde que iniciaron las protestas antigubernamentales el 18 de abril, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha apuntado contra el periodismo independiente, pero los comunicadores reportan un escalamiento en las últimas semanas de los atropellos, con acciones de fuerzas policiales que incluyen asedios, amenazas y agresión física sin que medien cargos.
La opositora Radio Darío, en la ciudad León (noroeste), fue sacada del aire la noche del lunes.
El mismo día el periodista Miguel Mora, dueño de 100% Noticias, fue acusado de "incitación al odio y la violencia".
"En este momento Radio Darío se encuentra fuera del aire y todo el personal en casas de refugio o escondidos", denunció el martes en redes sociales su director Aníbal Toruño, quien abandonó el país por seguridad hace dos meses.
La emisora había sido quemada el 20 de abril y operaba en otro local. Pero la policía allanó la nueva sede y ocupó los equipos, tras un asedio de más de tres horas y amenazas de derribar puertas.
Mora fue acusado de "incitación al odio y la violencia" por familiares de un agente policial y un trabajador de la alcaldía de Carazo (Pacífico central) muertos en enfrentamientos durante los meses más duros de las protestas.
"Esa acusación es una de centenares (...) de todo me acusan, de todo me señalan (...) El objetivo es callarnos, que pongamos videos musicales, que nos vayamos del país, me amenazan con cárcel y muerte", declaró.
El capítulo nicaragüense de la organización internacional de escritores PEN, por su parte, denunció una "acción coordinada" entre civiles y entidades del gobierno para "crear un artificio legal, sin fundamento, para detener" al periodista e impedir que su canal continúe denunciando abusos.
"No existe precedente en el país de que se acuse judicialmente a un medio por incitación a la violencia. El canal de cable 100% Noticias se ha limitado a informar sobre el actuar ilegal y violento de la policía y los grupos paramilitares", expuso en un comunicado.
El viernes pasado, la opositora Radio Mi Voz, de León, cerró operaciones temporalmente ante el asedio de la policía, según su propietario Álvaro Montalván, quien días antes fue detenido violentamente y encarcelado sin cargos, según denunció.
La CIDH, ente autónomo de la OEA, advirtió en julio pasado de una nueva etapa de represión en Nicaragua, centrada en medios de comunicación y periodistas críticos al gobierno, después de que el gobierno lanzó la llamada "operación limpieza" con la que eliminó los bloqueos de carreteras y capturó a los cabecillas de las protestas.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, epónima de la expresidenta nicaragüense entre 1990 y 1997, documentó hasta inicios de noviembre más de 400 casos de agresiones contra la prensa independiente desde que iniciaron las protestas antigubernamentales.
Los periodistas de las ciudades del interior son los más afectados y muchos han debido salir del país por seguridad, según organismos gremiales.
Las autoridades no se han pronunciado sobre las denuncias de medios y periodistas.
La represión a las protestas ha dejado 325 muertos, unos 600 detenidos y miles de personas han migrado fuera del país por temor a represalias, según entidades humanitarias.
El caso más grave de atentado contra la libertad de expresión fue la muerte del periodista Ángel Gahona, por un disparo mientras transmitía las protestas en la caribeña ciudad de Bluefields.
Las acciones contra 100% Noticias suscitan alarma en el gremio, pues el canal ha encabezado la cobertura de las protestas contra el gobierno.
La televisora denunció que el gobierno ha presionado a las operadoras de cable para que remuevan la señal de sus plataformas, y que en su lugar incluyan un canal estatal.
El Cenidh condenó "la represión contra el canal 100% noticias" y advirtió que se trata de "acciones que atentan contra la vida y la seguridad de los afectados".
Y la CIDH urgió al Estado a "detener las acciones de intimidación y hostigamiento en contra de (Mora) así como de manifestantes y trabajadores de prensa".
