Piñera anuncia que comenzó proceso para cambiar la Constitución chilena

Entre optimismo y recelo fue recibido este lunes 11 de noviembre el giro del gobierno de Sebastián Piñera que anunció el comienzo de un proceso para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, madre de las desigualdades, según claman expertos y manifestantes en medio de un estallido que entró en su cuarta semana.

Entre las otras medidas que han anunciado las autoridades para descomprimir la tensión en las calles, está la orden dada a los Carabineros, la policía chilena, para hacer un “uso acotado” de las escopeteas antidisturbios.

Una medida que llega en momentos en que crecen las denuncias y condenas internacionales al uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas, con el dramático saldo de 182 personas con daños oculares por balines disparados por la Policía.

Luego de 24 días de protestas pacíficas, aunque muchas acabaron de forma violenta con saqueos e incendios perpetrados por jóvenes radicales, una mayoría de las encuestas coinciden en que el apoyo popular al movimiento conocido en las redes sociales como Chile Despertó supera el 75%. Y un número similar pide una nueva Constitución.



En un giro a su postura, el gobierno de Piñera anunció el domingo en la noche su voluntad de empezar un proceso para una nueva Constitución a través de un “Congreso Constituyente”, con amplia participación ciudadana y un plebiscito que lo ratifique.

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, confirmó este anuncio tras una reunión en la casa de Piñera con los líderes de Chile Vamos, una coalición política que agrupa a cuatro partidos de centroderecha y derecha.

Precisamente estas agrupaciones políticas habían sido hasta ahora las más reticentes a un cambio profundo de la carta fundamental heredada de la dictadura de Pinochet (1973-90).

La actual Constitución, vigente desde 1980, ha tenido más de 200 modificaciones en más de 40 artículos, según dijo Piñera en una entrevista el sábado al diario El Mercurio.

El texto no reconoce, sin embargo, la responsabilidad del Estado de ofrecer como un derecho la educación y la salud, dos de las exigencias de los millones de chilenos que están en las calles manifestándose desde el pasado 18 de octubre.