Periodistas del grupo Clarín pidieron a la justicia que frene la reorganización del multimedios impulsada por el Estado argentino, a través de un amparo judicial en el que denuncian una supuesta censura encubierta, acusación rechazada el sábado por legisladores del gobierno.
El pasado 8 de octubre, el Estado se hizo cargo de la reorganización del poderoso multimedios, al que acusa de "monopólico", tras rechazar un plan presentado por Clarín para dividirse en distintas empresas.
El grupo mediático debió presentar el plan tras una larga batalla judicial que se prolongó durante cuatro años por la aplicación de la ley antimonopólica de medios audiovisuales aprobada en 2009.
Héctor Recalde
Diputado oficialista.
En el amparo presentado ante el juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials, nueve periodistas del mayor multimedios del país consideraron que se está frente a "un acto de censura indirecta" en el marco de una "campaña de persecución y hostigamiento" contra el grupo.
El amparo lleva la firma de conocidos periodistas como Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Julio Blanck, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú y Eduardo Van der Kooy, cuyos programas radiales o televisivos y editoriales son fuertemente críticos del gobierno.
"Hablan de libertad de expresión pero dicen lo que se les ocurre. Todo el tiempo deforman la realidad, omiten informaciones a la gente. Generan un clima malicioso", advirtió el diputado Héctor Recalde, del gubernamental Frente para la Victoria, al rechazar las acusaciones.
De su lado, el diputado oficialista Horacio Pietragalla dijo a la agencia estatal Telam que esos periodistas "llevan adelante la posición del Grupo, son sus militantes, son sus actores principales" y aseguró que "tratan de deslegitimar la democracia".
El AFSCA, ente encargado de la aplicación de la ley de Medios, consideró que el amparo era "un insólito pedido", del que fue notificado el viernes y tiene cinco días hábiles para responder.
El grupo mediático que edita el diario de mayor circulación en Argentina, posee 41% del mercado de radios, 38% de la televisión abierta y el 59% de la televisión por cable, cuando el máximo en todos los casos es de 35%, según el gobierno, que comenzó en octubre el proceso de tasación de los medios excedentarios para someterlos a licitación pública.
La controversia por la constitucionalidad de la ley de medios se zanjó en 2013 en la Corte Suprema, que le dio la razón al gobierno.
La empresa ha denunciado que el gobierno "pretende apropiarse de los medios del grupo", cuyo volumen de negocios fue de mil 250 millones de dólares en 2011, último dato conocido.
