El Colegio de Jueces de la Sexta Sección del Tribunal de Nápoles, presidido por Giovanna Cepalluni, deberá dictar mañana, jueves, la sentencia en primer grado del proceso en el que se acusa a Valter Lavítola por supuesta extorsión a la empresa italiana Impregilo, a instancias del anterior gobierno de Ricardo Martinell.
El fiscal Vincenzo Piscitelli solicita un año de prisión y 6 mil 200 dólares de multa para el único imputado por vehicular las supuestas amenazas y presiones vertidas por el expresidente Martinelli a la empresa italiana para que costeara la construcción del hospital pediátrico de Veraguas, valorado en unos 22 millones de dólares, a cambio de futuras licitaciones de obras públicas.
En este proceso, el anterior jefe de Estado de Panamá está indagado por la fiscalía de Nápoles al mismo nivel que Lavítola, pero no se llegó a tramitar su imputación porque Martinelli gozaba entonces de inmunidad diplomática.
Una condena en firme a Lavítola podría desencadenar una imputación a Martinelli en Italia.
Lavítola pactó once meses de cárcel, pendientes de validación el próximo 18 de diciembre, por corrupción internacional en Panamá vinculada al hospital pediátrico prometido por el exprimer ministro Silvio Berlusconi, en 2010.
El delito de extorsión -recogido en el artículo 629 del Código Penal italiano- se castiga con penas de prisión de 5 a 10 años. Sin embargo, el fiscal aplicó atenuantes genéricos y –según expuso- reclamó una pena reducida de tan solo 12 meses y la multa de cárcel para Lavítola, quien habría liderado y urdido una entramada red de coimas y oscuros intereses que salpica directamente al anterior Ejecutivo panameño y que ya está siendo investigada por la justicia italiana.
La Fiscalía italiana apunta al desvío millonario de coimas en la licitación del Metro de Panamá, en julio de 2010. Para el representante del Ministerio Público, Lavítola habría abierto, junto al empresario Rogelio Oruña, “un canal corruptivo en Brasil”, al mediar a favor del consorcio entre la española FCC y la brasileña Odebrecht, perjudicando a Impregilo. Por ello, las presiones a la empresa que forma parte del consorcio que lleva a cabo los trabajos de ampliación del Canal de Panamá habrían quedado en un segundo plano.
En Italia, los colegios judiciales tienen un plazo de 30 a 90 días para hacer públicas las motivaciones que dieron lugar de la sentencia, desde que se emite el fallo.
Dada la complejidad del caso que imputa a Lavítola por ser el supuesto gestor de las extorsiones del anterior gobierno de Martinelli, está previsto que los fundamentos jurídicos que aducirán las magistradas se conozcan a mitad de marzo del año que viene, aunque el fallo se conocerá mañana.
La semana que viene también se prevé decisiva en el futuro judicial de Lavítola. El próximo martes se sentará en el banquillo de los acusados del Tribunal de Roma, junto al exdirector comercial de Finmeccanica Paolo Pozzessere, para responder por las acusaciones del supuesto desvío de más de 25 millones de dólares en coimas en las adjudicaciones por parte del gobierno de Martinelli a la empresa semipública italiana.
El miércoles, en el Tribunal de Nápoles, Lavítola encarará otro juicio por corrupción política en Italia, en el que se le acusa de haber pagado coimas al exsenador Sergio De Gregorio para hacer caer el gobierno de Romano Prodi en 2008.
Al día siguiente, el 18 de diciembre, Lavítola enfrentará un juicio civil en el Tribunal de Cuentas de Roma.
El órgano judicial de vigilancia de los daños patrimoniales a la administración pública en Italia le exige restituir al fisco más de 30 millones de dólares por haber malversado ilegalmente fondos públicos ligados a L'Avanti!, el periódico que él dirigía.
