El procurador general de Nicaragua, Hernán Estrada, uno de los funcionarios más leales al presidente Daniel Ortega en los últimos 12 años, renunció a su cargo alegando incapacidad para continuar trabajando "por razones de salud", informó el gobierno.
El presidente "Ortega aceptó la renuncia y agradeció al doctor Hernán Estrada por su trabajo dedicado y eficiente desde la responsabilidad que ocupó desde nuestro gobierno", indicó presidencia en un comunicado.
Se trata de una nueva baja de alto nivel en el círculo de allegados de Ortega desde que estallaron las protestas antigubernamentales en abril de 2018, cuya represión sumió Nicaragua en una grave crisis.
Ortega nombró este jueves como nueva procuradora general a Wendy Morales, quien se desempeñaba como subprocuradora.
La presidencia publicó la carta de renuncia en la que Estrada defendió su gestión al frente de la procuraduría desde 2007 y explicó que deja el cargo por un accidente de tráfico que afectó su salud.
"Los médicos que me atienden me han dicho que es imposible poder optar a una recuperación con las características de mis actuales responsabilidades, y ciertamente en vez de mejorar, mi salud ha empeorado", argumentó Estrada.
Según la opositora y exguerrillera sandinista Dora María Téllez, "Estrada es del círculo de confianza más cerrado de Daniel Ortega".
Como procurador "estuvo a cargo de legalizar muchas operaciones con propiedades del Estado y de particulares para favorecer los intereses del grupo económico de Ortega" y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, indicó.
La oposición acusa a Ortega de gobernar con nepotismo y corrupción, pero las denuncias no han sido investigadas por la Contraloría y la Procuraduría, en manos del oficialismo.
Estrada es el tercer alto funcionario que renuncia a su cargo en medio de la crisis que envuelve a Ortega desde que estallaron las protestas contra su gobierno hace un año, cuya represión dejó al menos 325 muertos, cientos de detenidos y miles de exiliados.
Téllez puso en duda que Estrada haya renunciada por problemas de salud, al señalar que con su salida "queda claro que los Ortega-Murillo ya no están siendo capaces de persuadir a sus más leales que están en capacidad de resolver la crisis".
En enero pasado, dimitió el magistrado del máximo tribunal de justicia, Rafael Solís, uno de los principales consejeros de Ortega y militante del Frente Sandinista, al que también renunció antes de exiliarse en Costa Rica.
Solís criticó el estado de "terror" que Ortega impuso en el país para controlar las protestas y el uso de la justicia para enjuiciar a los manifestantes.
En enero también se conoció la renuncia del exsuperintendente de Bancos, Víctor Arguyo.
El excontralor Luis Angel Montenegro, otro allegado de Ortega, fue nombrado por el Parlamento como superintendente de bancos en sustitución de Arguyo.
