El Senado de Puerto Rico aprobó el martes una medida que permitiría al gobernador declarar la emergencia fiscal y una moratoria sobre los pagos de deuda de la isla, que vive una crisis económica que se agrava cada vez más.
Los senadores dijeron que la disposición aseguraría que el gobierno siga brindando servicios esenciales mientras se acaba el dinero. También permitiría colocar al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, que enfrenta serios problemas de liquidez, bajo administración judicial en caso de necesidad.
"La medida declara un estado de emergencia fiscal para, entre otros aspectos, autorizar e instruir al gobernador a cumplir con su deber de salvaguardar la salud, seguridad y el bienestar público de los residentes del Estado Libre Asociado, otorgándole poderes de emergencia para declarar una moratoria temporera en los pagos del servicio a la deuda de todas las instrumentalidades del gobierno, incluyendo sus corporaciones públicas", se informa en un comunicado del Senado.
De ser aprobada, la norma permitiría al gobernador Alejandro García Padilla imponer una moratoria hasta enero de 2017. Se crearía una comisión asesora para supervisar los asuntos fiscales.
La Cámara de Representantes empezó a debatir la iniciativa el martes. García Padilla, que apoya la medida, solicitó una reunión de emergencia con funcionarios de alto rango del gobierno en medio de preocupaciones de que la cámara baja no llegue a aprobarla.
Algunos legisladores de la oposición criticaron al gobernador por buscar lo que consideran una aprobación abrupta del proyecto de ley, que el Senado autorizó antes del amanecer mientras los tenedores de bonos llegaban a Puerto Rico para garantizar un acuerdo de reestructuración.
La presencia de los bonistas provocó la molestia de algunos legisladores. "Los que ahora están merodeando el Capitolio no son los que prestaron al pueblo; están esperando una ganancia absurda a costa del pueblo", dijo a periodistas el representante Manuel Natal.
La medida se da mientras la isla exhorta al Congreso en Washington a que apruebe un mecanismo de reestructuración de una deuda pública de 70 mil millones de dólares que según el gobernador es impagable.
El proyecto dice que Puerto Rico podría incumplir con el pago de bonos por valor de 400 millones de dólares en mayo y otros 780 millones en julio.
Señala que el banco de fomento, que emite préstamos y supervisa las transacciones de deuda de la isla, tiene apenas 562 millones de dólares de liquidez. Ya ha sido demandado por un grupo de fondos de cobertura que busca en parte evitar que el banco condone deudas.
Un grupo de inversionistas que posee 5 mil millones de dólares en bonos de obligación general dio a conocer una sorpresiva propuesta de reestructuración de deuda mientras la Cámara de Representantes empezaba a debatir la medida.
Los inversionistas ofrecieron diferir el pago de casi 2 mil millones de dólares de capital durante los próximos cinco años y dijeron que ello ayudaría a la isla a evitar caer en mora de pagos en julio. Ofrecieron también 750 millones de dólares en liquidez a través de otra venta de bonos de obligación general.
Melba Acosta, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, rechazó el acuerdo, al afirmar que no solucionará los problemas de la isla.
