Nueve años de autoritarismo y sin diálogo real en Ecuador

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, cumplió nueve años en el poder y aunque él asegura que ha cambiado el país, de uno para castas a uno de igualdad, organizaciones de derechos humanos, de abogados y de empresarios aseguran que el “correísmo” no supo administrar la bonanza, que no escuchó a los ecuatorianos y que su gobierno viola las garantías fundamentales.

CIUDADANA

Rafael Correa cumplió nueve años como presidente de Ecuador el pasado 15 de enero. Como él, su “revolución ciudadana” entró en la recta final. Se trata del tercer período constitucional del economista, quien concluirá su mandato en 2017. No se presentará como candidato a la reelección.

El líder ecuatoriano –que a enero aún disfrutaba de 40% de aprobación, según la encuestadora local Cedatos–, es uno de los siete mandatarios que han hecho mancuerna en la última década para tratar de demostrar que los gobiernos de izquierda eran la respuesta al descontento de los habitantes más humildes con sus gobiernos de derecha, los cuales, aducen, solo buscan hacerse más ricos, a través de políticas que, además, responden a los intereses de Estados Unidos.

Los presidentes de Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Nicaragua y Ecuador marcaron una década y hoy sus naciones les pasan factura en medio de procesos por actos de corrupción, escándalos políticos y reclamos sociales.

El más reciente golpe lo recibió Evo Morales en Bolivia, quien perdió el referendo –el ‘No’ ganó con 51.27%– que le habría permitido reformar la Constitución para postularse a un nuevo mandato y gobernar hasta 2025.

Líderes sociales, empresariales y gremiales reconocen que el gobierno correísta ha hecho cosas positivas, como la inversión pública en educación y salud y la mejora en la atención a grupos vulnerables; sin embargo, todos cuestionan su carácter autoritario, su poca capacidad de diálogo y su irrespeto por los derechos fundamentales de las personas, situaciones que han producido un retroceso en la democracia y los han mantenido enfrentados, aunque con más visibilidad en los últimos dos años.

Es el caso de Elsie Monje, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador; Pablo Arosemena Marriott, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio (Fedecámaras); y José Alomía Rodríguez, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, en Quito, quienes concedieron entrevistas a este medio para analizar la situación del país en momentos cuando el mandatario defiende en sus “sabatinas” –programa que se transmite en vivo desde cada región del país en la que se realiza– las acciones de su gobierno que, asegura, han significado un cambio en positivo para los más pobres.

Así lo manifestó el 16 de enero pasado, durante el acto de conmemoración de los nueve años, que fue transmitido en vivo por el sitio de la Presidencia de la República: “El mundo reconoce la transformación de Ecuador, admira los avances en infraestructura, como las escuelas del milenio, los hospitales, las carreteras, los proyectos multipropósitos, los centros EQ911 –línea de emergencia–, las centrales hidroeléctricas, los centros de salud, las unidades de policía comunitaria, todo ello es valioso, pero escúchenme, la obra más importante de la revolución, la más duradera, la fundamental, es haber

recuperado la esperanza, el orgullo y la autoestima de todo un pueblo”.

Mientras, la oposición mueve sus fichas de cara a los comicios, algunos con alianzas partidarias y otros tratando de capitalizar el desgaste del gobierno.

LIBERTADES

Al evaluar estos nueve años, Monje asegura que “ha habido algunas cosas positivas, especialmente en cuestión de infraestructura vial y aumento de presupuesto para salud y educación, a pesar de que”, matiza, “la infraestructura se realizó con endeudamiento externo bastante fuerte”.

“Pero donde consideramos que ha habido un retroceso o mucha limitación es al ejercicio de libertades, el derecho de la libre expresión, de organización, de reunión, se han cerrado los espacios y con violaciones en esos campos. Ha habido también una concentración muy fuerte de poder, que eso genera violación de DD.HH. El Ejecutivo controla todas las funciones, no hay independencia del legislativo, del judicial y consideramos que eso atenta contra una verdadera democracia”, alegó.

Al pedir a Monje que sea específica cuando habla de concentración de poder, los ejemplos le salen a granel. Asegura que el Ejecutivo decide todo e incide especialmente en el poder judicial. Relata que durante las “sabatinas”, Correa lo que hace “es denigrar, acusar a personas que no manejan el pensamiento oficial, que discrepan”, e incluso dice que se les debe enjuiciar y anticipa condenas, que se ejecutan a la semana siguiente. “Esa es una caracterización, la más fuerte... Hay inclusive comunicación por escrito a los jueces de que no pueden tramitar juicios en contra de autoridades y que pueden ser destituidos”, dijo.

También destaca que el movimiento Alianza País, que llevó a Correa al poder, tiene la mayoría en el Congreso –100 de 135 asambleístas– y la mayoría de las leyes que se discuten y aprueban son del Ejecutivo.

Aunque para Monje todo lo anterior es grave, algo que marca alto en su escala es que “todo espacio público es controlado”.

Se refiere a las organizaciones sociales, sobre las cuales pesa el decreto 16, el cual, dice, aunque ha sido ligeramente modificado, establece prohibiciones a las oenegés para participar en acciones políticas. Para la activista, esos artículos son ambiguos.

“¿Eso qué significa?, ¿salir a una marcha puede ser calificado de esa forma y con la amenaza de disolución?”, preguntó, al tiempo que recordó que con ese decreto ya se disolvió Pachamama, una organización que trabaja con el sector indígena.

En este contexto, lo otro que le preocupa a Monje es la criminalización de la protesta social. Explica que la oposición al modelo de desarrollo implementado por el gobierno es con protestas y que la respuesta de las autoridades es la represión. “Primeramente se viola el principio constitucional de la consulta”, el cual establece que “debe consultarse a las comunidades cuando sus territorios van a ser afectados, para llegar a algún tipo de acuerdo; se habla de eso, pero en la práctica no se da”, aseguró. Entonces, “las organizaciones campesinas indígenas hacen sus marchas para reivindicar sus derechos... y allí viene la represión… puede ser que bloqueen una carretera que vendría a ser una contravención, pero en muchos casos se les acusa de terrorismo… y la pena por este delito puede ser de 8 a 10 años, entonces es una utilización de la justicia para fines políticos”, advirtió.

También aludió al descontento por las reformas constitucionales aprobadas en diciembre de 2015, ya que asegura que fueron impuestas. Aunque reconoce que la mayor oposición tenía que ver con la reforma que permitiría la reelección indefinida y que, al final, el propio presidente introdujo un artículo transitorio que le impide a él y a los diputados que llevan dos períodos reelegirse en 2017, el resto de las modificaciones también son cuestionables.

Por ejemplo, detalla, se legalizan las atribuciones para los militares de participar en el orden público, que es función de la policía; y el derecho a la comunicación pasó a ser un servicio. “Y un servicio es controlado por el Estado, se estructura todo un andamiaje nuevamente de control, de sanción, a los medio y a los periodistas…”, puntualizó.

Una encuesta de la firma Market, divulgada el pasado 23 de marzo, midió el nivel de aceptación de la gestión correísta. El 75.7% de los encuestados respondió que el país ha empeorado y 31.7% que ha mejorado.

En declaraciones al diario ecuatoriano La Hora, Luis Gilberto Guamangate, asambleísta de Alianza País, expresó que las encuestas de “carne y hueso” son las que mejor reflejan la credibilidad de un funcionario. También rechazó el resultado Gabriel Rivera, asambleísta oficialista, quien manifestó que Market “no es una voz autorizada, ni objetiva, porque es de un opositor.

‘EL GOBIERNO HA DADO LA ESPALDA A LA RECTIFICACIÓN’

El excandidato presidencial y líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso, intentará llegar a la Presidencia de Ecuador en febrero de 2017. En entrevista con este medio, analizó algunos aspectos del gobierno de Rafael Correa.

Las protestas de 2015 dan un panorama de crisis política y de descontento generalizado. ¿Cuál es su visión?

La crisis es política, pero empezó siendo principalmente económica: las medidas afectaron de muchas maneras a la economía del hogar. Y esta crisis mal manejada, se ha agravado porque el gobierno ha dado la espalda al pedido de rectificación que han hecho los ecuatorianos. El malestar no empezó con las leyes de impuestos sobre plusvalía y herencias, sino que fue anterior a estos proyectos de ley. Realmente comenzó con el trámite de enmiendas constitucionales que pretendían perpetuar a un individuo en el poder. A las enmiendas se suman las consecuencias por un modelo económico que no supo administrar la abundancia causada por el alto precio del petróleo y que no supo ahorrar para dejar de ser un país petro-dolarizado. Es también un problema que pasa por el irrespeto por la prensa libre, por la descalificación de todo el que piense distinto.

El presidente afirma que Ecuador ha avanzado en la lucha anticorrupción. ¿Es esto cierto?

No se puede hablar de lucha contra la corrupción cuando el oficialismo también ha tomado las instituciones que alguna vez tuvieron esa competencia. Su modelo de “Estado controlador” no deja espacio para la rendición de cuentas y la transparencia. La Asamblea y otras instituciones vitales para la democracia están secuestradas.

Tres aciertos y tres desaciertos de la gestión.

La inversión social es lo que yo reconocería como acierto, a tal punto de comprometerme a mantenerla en mi gobierno. Le daría continuidad a los programas, que no son patrimonio de un gobierno en particular. Dentro de los errores, que han sido muchos, el primero es sin duda el pretender cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder, porque tiene incidencia en muchos otros aspectos. El segundo diría yo que ha sido el daño causado a la prensa libre con la Ley de Comunicación, que yo propondré derogar desde el inicio. Para mí, una prensa libre es indispensable para una democracia saludable. En tercer lugar, todas las medidas del modelo de “Estado controlador”, que niegan a los ecuatorianos la posibilidad de decidir sobre su futuro, como por ejemplo, impedir a los jóvenes el acceso a la universidad por un experimento de tecnócratas que creen saber qué le conviene a los jóvenes mejor que ellos mismos.

(Busque mañana la posición del Colegio de Abogados y la Federación de Cámaras de Comercio).