La reducción de las penas por narcotráfico y corrupción, como parte de una reforma del Código Penal, desató una fuerte polémica en Honduras, en momentos de señalamientos de numerosas figuras públicas acusadas de ambos delitos.
El nuevo código, que entrará en vigor el 10 de noviembre, se aprobó este mes "sin escuchar a la ciudadanía y crea mucha suspicacia" por la reducción de las penas para los delitos por narcotráfico y corrupción, dijo a la AFP el coordinador de la Asociación de Jueces, Mario Díaz.
Esas nuevas normas judiciales, promulgadas el pasado 10 de mayo, también fueron criticadas porque mantienen en el ámbito penal los delitos contra el honor, como calumnia e injuria, en lugar de remitirlos al fuero civil como recomienda el sistema interamericano de derechos humanos.
El narcotráfico se castigará con condenas de entre cuatro y siete años de cárcel en la nueva legislación, frente a las penas de entre siete y 10 años del Código Penal vigente.
Los delitos castigados con menos de cinco años de cárcel se podrán conmutar por una multa equivalente a 40 centavos de dólar por día.
El diputado opositor Rasel Tomé comentó a la AFP que la reducción de penas para narcotráfico y corrupción se da en momentos en que varios funcionarios, exfuncionarios y empresarios están acusadas en los tribunales por esos dos delitos.
Honduras, como el resto de Centroamérica es considerado como un puente para el tráfico de drogas desde los países productores suramericanos hasta el mercado estadounidense.
Un total de 24 hondureños han sido extraditados a Estados Unidos desde 2014 y una decena se entregaron o fueron capturados, como es el caso de Juan Antonio Hernández, hermano menor del presidente Juan Orlando Hernández, calificado como "narcotraficante a gran escala" por una corte de Nueva York.
"De manera descarada se están blindando los corruptos", denunció el abogado y experto en derecho penal Odir Fernández en el programa Frente a Frente del canal Televicentro.
Tomé lamentó que los delitos contra el honor "se amplían porque no solo castigan al periodista, sino también a los dueños de los medios de comunicación y a la redes sociales" por reproducir publicaciones.
Mario Díaz consideró que mantener los delitos contra el honor y las protestas en la legislación penal "es bastante grave porque se puede desatar una cacería de brujas para acallar a la prensa y la protesta social".
Ante las críticas, el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, anunció en un Twitter que "un equipo técnico se reunirá con diferentes sectores de la sociedad relacionados con el nuevo Código Penal(...) que podrían llevar una revisión".
La encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en Honduras, Heyde Fulton, posteó en un Twitter que "la modernización del Código Penal es importante para mejorar el sistema de justicia penal".
"Pero es esencial que las penas coincidan con los delitos y que se proteja la libertad de expresión. Animamos al Congreso a socializar los artículos con el ojo puesto en #NoMásImpunidad", escribió la diplomática.
