El gobierno de Nicaragua envió este lunes a arresto domiciliario a 100 personas encarceladas por participar en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, tras la polémica provocada por la muerte a tiros de un opositor en una prisión la semana pasada.
El ejecutivo tomó esa decisión de forma unilateral, con los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) como observadores, indicó el Ministerio de Gobernación en un comunicado.
"Han recibido el beneficio de convivencia familiar", que equivale a casa por cárcel, indicó la misma fuente.
Tras anunciarse la decisión los excarcelados fueron trasladados por funcionarios a sus casas, donde fueron recibidos con llanto y emoción por familiares, que en muchos casos se abalanzaron sobre ellos para abrazarlos y darles la bienvenida.
Uno de ellos fue el joven Chester Navarrete, un paramédico que curó a varios heridos durante las manifestaciones en la ciudad de Masaya (sur), quien al ver a su sobrina la abrazó y cargó en brazos con mucha alegría.
Las excarcelaciones se producen en medio de tensiones por la muerte del opositor Eddy Montes, quien falleció por disparos cuando estaba detenido en la cárcel La Modelo, en un incidente aún no esclarecido.
La muerte de Montes provocó conmoción en el país y fue condenada por Estados Unidos y organismos de derechos humanos, que han reclamado una investigación sobre los hechos dentro de la prisión.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una sesión extraordinaria para el martes a fin de conocer la situación de Nicaragua, a pedido de Canadá.
Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó este lunes al Estado que "ante la gravedad de los hechos" está en la obligación de investigar lo sucedido y establecer responsabilidades.
En medio de las protestas por la muerte de Montes, y su posterior entierro el fin de semana, el país se vio también sacudido por el secuestro de la dirigente estudiantil Zayda Hernández.
Hernández contó este lunes a la prensa que fue llevada el viernes por desconocidos cuando iba a asistir a una protesta por Hernández. Durante su cautiverio, que culminó el domingo cuando fue abandonada en la Catedral de Managua, denunció que fue sometida a vejámenes e interrogatorios sobre las protestas antigubernamentales.
La joven dijo que no pudo identificar a sus captores pero que podía "especular que si no eran oficiales de policía, eran algún grupo bien entrenado para este tipo de interrogatorios".
Poco antes del anuncio sobre los 100 presos, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) había informado que no retornará a las negociaciones con el gobierno hasta que sean liberados todos los detenidos por participar en las protestas.
Entre las personas excarceladas no figura ninguno de los líderes del movimiento.
Las protestas contra el gobierno de Ortega estallaron en abril de 2018 y desataron una crisis política que ha dejado 325 muertos, centenares de detenidos y 62 mil exiliados, según organismos de derechos humanos.
La liberación de los presos es parte de los acuerdos alcanzados por el gobierno y la alianza en una mesa de diálogo, pero los opositores afirman que no se ha cumplido. Según el acuerdo, las liberaciones de opositores deben darse a más tardar el 18 de junio próximo.
El gobierno respondió con un comunicado en el cual acusó a la oposición de "no cumplir con su palabra" de continuar este lunes las conversaciones.
La oposición se quejó también de "los pocos avances hasta la fecha en la mesa de negociación por la nula voluntad política" del gobierno que "no solo no ha cumplido, sino que ha violado lo acordado", dijo la ACJD en un comunicado.
A partir del 27 de febrero, cuando comenzaron las pláticas, el gobierno ha pasado a régimen domiciliario a 336 personas detenidas por participar en las protestas, que la oposición considera "presos políticos".
Según opositores, la cifra de detenidos es casi de 800 personas. El gobierno reconoce unas 350.
Como parte de las acciones de presión, la oposición llamó a empresas pequeñas, medianas y grandes a convocar a un paro nacional en una fecha por definir.
"Consideramos que en estas horas claves es importante deponer egoísmos y ambiciones de poder, para dar paso a la búsqueda de la paz, la justicia y la democracia", dijo el bloque opositor.
