En nombre de la estabilidad del régimen, China ha sufrido un recorte de las libertades desde la llegada al poder del presidente Xi Jinping en 2012, con el control reforzado de internet, de las religiones y de los activistas de los derechos humanos.
Estas son los cuatro sectores más afectados en los últimos años. Las autoridades imponen desde hace tiempo un estricto control de internet. Borran artículos o comentarios considerados problemáticos e impiden el acceso a algunas webs extranjeras (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Dailymotion, Google).
En junio de 2017, una ley sobre ciberseguridad ha reforzado el arsenal. Su objetivo es proteger las redes chinas, pero también impone nuevos límites a la libertad de expresión y obliga a las empresas a almacenar datos de sus usuarios en China.
El régimen también ha cerrado blogs de información sobre famosos. Y las plataformas de difusión de vídeo en streaming tuvieron que suprimir los contenidos no acordes “con los criterios políticos y estéticos correctos”. Sobre todo los relacionados con el adulterio, la droga y la pornografía.
Antes del congreso del PCC, el gobierno ha comenzado a bloquear “las redes privadas virtuales” (VPN), es decir los programas informáticos que permiten esquivar el bloqueo de los sitios internet, y que hasta entonces se podían descargar fácilmente.
Durante una redada de una envergadura inédita lanzada en julio de 2015, la policía detuvo e interrogó a más de 200 abogados y activistas de derechos humanos.
Los abogados detenidos habían defendido a militantes prodemocracia, a miembros de la secta prohibida Falun Gong y a disidentes.
Casi todos los detenidos fueron liberados pero algunos fueron condenados a penas de hasta siete años de cárcel.
La justicia está sometida a las autoridades políticas y el poder de los abogados en el país es ínfimo.
El disidente chino Liu Xiaobo, nobel de la Paz en 2010, falleció en julio de un cáncer mientras estaba detenido pese a los llamamientos internacionales para que fuera autorizado a morir en el extranjero.
La muerte de este hombre de 61 años ha sumido en la desesperanza a los militantes prodemocracia. Su esposa, la poetisa Liu Xia, vive bajo arresto domiciliario desde hace siete años.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos critican una ley de 2015 sobre la seguridad nacional, por temor de que otorgue a la policía poderes discrecionales.
