El Senado de Brasil elegía el lunes a los 21 miembros de una comisión que recomendará si debe o no seguirse adelante con un proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
Rousseff se enfrenta a un juicio político por señalamientos de que su gobierno violó las leyes fiscales, en lo que sus enemigos aseguran fue un intento por acumular respaldo popular por medio de fondos gubernamentales. La mandataria ha insistido en que el procedimiento equivale a un intento de golpe de estado en su contra.
Se espera que la comisión esté dominada por senadores que favorecen la destitución de la mandataria, y a principios de mayo votará si recomendará o no que continúe el proceso de juicio político.
Sea cual sea su recomendación, se realizará una nueva votación unos días después ante el pleno del Senado.
Si 41 de los 81 senadores sufragan a favor del juicio político, Rousseff será suspendida hasta por seis meses en lo que se realiza un "juicio" en el Senado donde se decidirá si es retirada permanentemente del cargo.
Los procedimientos de juicio político ocurren en un momento en el que Brasil lidia con su peor recesión en décadas, una pesquisa vigente de corrupción que ha mancillado a altos políticos y poderosos empresarios por igual, así como un brote del virus del zika.
La ciudad emblema del país, Río de Janeiro, también se alista para albergar en agosto los Juegos Olímpicos.
Rousseff alguna vez gozó de un abrumador apoyo público, pero éste se ha reducido ante la serie de malas noticias, y sus ratings de aprobación han caído a menos del 10% en los últimos meses.
Los procedimientos de juicio político han sido encabezados por el presidente de la cámara baja, que a su vez enfrenta acusaciones de lavado de dinero y otros cargos en conexión con la extensa red de corrupción en la petrolera paraestatal Petrobras.
El vicepresidente Michel Temer, primero en la línea de sucesión en caso de que Rousseff sea suspendida, también ha sido relacionado con el escándalo, aunque no se le han presentado cargos y niega haber actuado fuera de la ley.
Una nueva encuesta difundida el lunes muestra que el pueblo esta abrumadoramente a favor de una renuncia hipotética tanto de Rousseff como de Temer, seguida de nuevas elecciones presidenciales.
Poco más del 60% de los entrevistados respondieron que ése sería el mejor escenario para salir de la crisis, pese a que esa la Constitución brasileña no estipula dicha solución.
El 25% de los encuestados prefieren que Rousseff continúe en el poder, y sólo el 8% comentaron que el mejor panorama sería la destitución de la mandataria y la llegada de Temer a la presidencia.
La agencia encuestadora Ibope realizó entrevistas a 2 mil 22 personas en 142 ciudades del país entre el 14 y 18 de abril. El margen de error es de más o menos 2 puntos porcentuales.
