En el mes próximo, durante la 44 Asamblea General de la OEA, se definirá el futuro del sistema interamericano de derechos humanos para el próximo quinquenio. Y este no es un tema menor si se tiene en cuenta que en países como Venezuela o Ecuador en los cuales esta en entredicho la independencia judicial, la única esperanza de sus ciudadanos es acudir a este sistema internacional de protección. En esa Asamblea los 34 cancilleres elegirán a 4 nuevos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a 4 nuevos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta decisión trascendental, sin embargo, ha pasado relativamente desapercibida. Quienes si han levantado su voz para cuestionar no sólo el proceso de elección sino a algunos de los candidatos propuestos, han sido importantes organizaciones de derechos humanos.
En efecto, si bien países como Jamaica, Colombia o Panamá han presentado candidatos independientes y con una reconocida formación para integrar a la Comisión Interamericana, no sucede lo mismo respecto de todos los nombres propuestos para las cuatro vacantes de la Corte Interamericana.
Para completar dichas vacantes, es decir, para elegir a la mayoría de los jueces que integraran esta importante institución, Estados como Chile y Costa Rica han presentado candidatos sólidos que, con independencia de su ideología, han demostrado tener una clara autonomía.
En cambio Uruguay, Argentina y Ecuador han presentado candidatos que, en menor o mayor medida, han sido cuestionados por sus actuaciones previas y, por ello, para algunos expertos no reúnen las calidades necesarias para ser depositarios de la confianza que debe recaer sobre quienes están encargados de proteger los derechos humanos de todos los habitantes de la región.
CONDESCENDENCIA
El candidato uruguayo Alberto Pérez Pérez -que ya es juez de la Corte Interamericana y va por la reelección-, en su país es visto como un profesor respetable pese a no tener una obra jurídica conocida. El profesor uruguayo ha mostrado además una gran solidaridad con las víctimas de graves crímenes contra la vida o la integridad cometidos bajo regímenes autoritarios del pasado. Sin embargo, no ha reaccionado de la misma manera cuando esos mismos crímenes u otros relacionados con derechos políticos, han sucedido bajo gobiernos autoritarios en la actualidad.
A juicio de abogados y especialistas familiarizados con las actuaciones de la Corte Interamericana, el juez uruguayo ha sido notablemente condescendiente con países que en la última década han debilitado todas las garantías para el ejercicio de los derechos humanos, como Venezuela.
No solo en casos relacionados con crímenes que han quedado en la total impunidad, sino en aquellos referidos a la falta de independencia judicial o a la violación flagrante de la libertad de expresión, este juez, a juicio de algunos defensores de derechos humanos, se ha dejado llevar más por sus tendencias ideológicas personales que por su papel como defensor de los derechos consagrados. Por ejemplo, ha sido protagonista de algunas de las mas polémicas decisiones que ha tomado la Corte en años recientes, como el caso Memoli contra Argentina. Esta sentencia fue objeto de una dura crítica por parte de expertos y defensores de derechos humanos, no sólo por desconocer los precedentes existentes sino por revivir una doctrina autoritaria que los propios gobernantes argentinos, terminada la dictadura, habían propuesto erradicar. Esté y otros fallos marcadamente regresivos en materia de derechos humanos, justifican, según diversas fuentes la resistencia que suscita su intención de seguir en la Corte.
LA POSTULACIÓN DE ZAFFARONI
Otro caso de particular preocupación es el del candidato Argentino, Raúl Zaffaroni. Sobre Zaffaroni se han tejido muchas historias. Es un importante autor de obras que han sido publicadas en diversos idiomas por su avanzada doctrina en materia de derecho penal. Cuando fue nombrado juez de la Corte Suprema de la Argentina, buena parte de la comunidad jurídica se alegró de que una persona con tan sólida formación llegara a ese lugar. Sin embargo, durante su paso por el más alto tribunal del país demostró que la formación es insuficiente para asegurar la independencia del poder político de turno.
Su reacción al descubrirse que muchos departamentos de su propiedad alquilados a terceras personas estaban siendo utilizados como centros de prostitución, dejó un mal sabor en quienes creen que, cuando se trata de escándalos que los comprometen, los funcionarios públicos tienen la obligación de dar explicaciones convincentes, algo que en este caso no ocurrió.
La proximidad de Zaffaroni con el gobierno incluso llegó al punto de llevarlo a asistir como invitado de honor a la entrega de un premio al presidente de Ecuador, Rafael Correa, por su defensa de la libertad de expresión. Rafael Correa es un aliado de la presidenta argentina y uno de los mayores depredadores actuales de los derechos humanos en la región. Naturalmente, los otros jueces no asistieron a semejante acto.
INSISTENTE CANDIDATURA
Pero en opinión de no pocos analistas, el caso más preocupante, el mas peligroso para la defensa de los derechos humanos de las minorías -en una región de enormes minorías-, es el del candidato Ecuatoriano Patricio Pazmiño, miembro de la Corte Constitucional de Ecuador pero que, a juicio de analistas independientes, funciona como un funcionario más del gobierno de Correa.
Ecuador ya intentó que un funcionario público del gobierno fuera elegido a la Comisión Interamericana por la Asamblea de la OEA en 2013 y fue derrotado. Intentó también que quien ahora esta postulando para la Corte IDH, fuera elegido Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana. Y fue derrotado. En esta coyuntura esta ejerciendo una agresiva presión diplomática para lograr que Pazmiño sea elegido como Juez de la Corte Interamericana.
Este funcionario de la Corte Constitucional ecuatoriana que está en su puesto gracias a Correa, nunca, en toda su historia como juez, ha tomado una decisión que se aparte de los designios del presidente. Además, ha integrado la delegación del gobierno ecuatoriano para defender al Estado en foros internacionales por serías acusaciones por violación de derechos humanos.
Sobre este candidato, asambleístas ecuatorianos como Andrés Páez han advertido del peligro que representa para la región si se establece un sistema de impunidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo que, según dijo, pretende lograr el gobierno de Rafael Correa mediante la designación de Pazmiño. Varios legisladores y miembros de movimientos sociales en Ecuador han puesto de presente casos como el bloqueo de mecanismos de participación popular que podían molestar al Presidente, aprobación de los mecanismos para tramitar la reelección presidencial, o la aprobación de la muy cuestionada ley de comunicación, para demostrar la falta de autonomía de este candidato y alertar sobre el hecho de que una persona que no reúne las calidades de experto independiente (exigidas por la Convención) llegue a la Corte.
Frente a esta elección, el columnista Danilo Arbilla, en una reciente columna en este diario indico que “el propio Pazmiño no tiene empacho de decir, como se lo manifestó a una delegación de la SIP, que el sistema democrático y republicano liberal –léase vigencia de los derechos individuales, de la libertad de prensa, de la separación de poderes– ya estaba caduco y que con la Constitución ecuatoriana “se dio un giro copérnicano” en esa materia. Afirmó además que ya no se debe hablar de derechos individuales sino de colectivos. Para qué agregar más; este señor, apadrinado por el presidente Rafael Correa, podría llegar a ser no solo juez sino hasta presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El mismo columnista, citando la preocupación de importantes organizaciones e incluso diplomáticos reunidos en Washington el pasado marzo, dijo: “Si la Corte es "copada", se advierte, se perderá una de las mayores reservas y garantías para los derechos y libertades de los americanos. “Esperamos –se dice casi a coro– que eso no suceda y que los gobiernos verdaderamente democráticos lo frenen”. “Porque si lo logran, tras la Corte y como ya lo vienen haciendo, irán por la Comisión y la Relatoría, plasmando así el mayor retroceso para los derechos humanos a nivel interamericano y mundial”. Ante este panorama, ciertamente, no es para reírse.
