El número de niñas y jóvenes muertas en un incendio en una casa hogar en Guatemala ascendió a 40, informaron fuentes oficiales el domingo.
Diecinueve jóvenes perecieron en el lugar 21 en hospitales, informó el Hospital Roosevelt. Anteriormente se informó que cuatro menores que sufrieron quemaduras viajaron a Estados Unidos para recibir atención médica, mientras las autoridades investigan las causas del fuego.
Las menores fueron trasladadas la noche del sábado en dos avionetas ambulancia al Hospital Shriners para Niños en Galveston, Texas, gracias a las gestiones y apoyo financiero de esa institución, confirmó la presidencia. Horas antes, un juez prohibió salir del país al exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, como medida preventiva mientras se investiga el incendio en la casa hogar bajo su responsabilidad jerárquica.
La vocera de la fiscalía, Julia Barrera, confirmó la prohibición para que permanezca en el país durante las investigaciones. La presidencia aceptó la renuncia que Rodas presentada el viernes por la noche. También se prohibió la salida del país de varios trabajadores del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
La institución se incendió el miércoles luego de una revuelta de menores aquejadas por abusos. Según testimonios recibidos por la fiscalía y funcionarios, el fuego fue iniciado por las menores que protestaban por abusos en su contra y se agravó porque estaban encerradas bajo llave.
Unas tres mil personas se manifestaron el sábado frente al Palacio Nacional para exigir justicia por la muerte de las niñas. Al grito de "íjusticia!" los inconformes contaron hasta 39 en forma simbólica por las fallecidas. "Nos faltan 39", decían.
El presidente Jimmy Morales dijo el viernes en una entrevista televisiva con la cadena CNN En Español que las niñas estaban encerradas porque "se quería evitar una tragedia". Previamente ese día, el mandatario reconoció en conferencia de prensa que "el Estado de Guatemala es responsable de la tragedia sucedida", ya que todas las instituciones estatales a cargo de los menores tienen cierta responsabilidad.
El Estado mantenía internados en el lugar a por lo menos 600 menores, entre niñas y varones. Desde el 2015 la Procuraduría de Derechos Humanos y organizaciones defensoras de la niñez habían denunciado vejámenes a los menores en el lugar que incluían abusos sexuales, físicos y psicológicos. La fiscalía investiga una denuncia de trata con fines de prostitución en el lugar.
Cansados de maltratos y vejaciones los menores optaban por fugarse, como el martes, un día antes del incendio. Al ser recapturadas, las niñas habrían prendido fuego a colchonetas como forma de protesta, las llamas se extendieron. La mayoría de los familiares dicen que las niñas estaban ahí por malos comportamientos o rebeldías propias de la edad.
Familiares y amigos empezaron a sepultar el viernes a las menores fallecidas. Siona Hernández García fue una de las primeras menores del albergue en ser enterrada. Un ataúd blanco, como se acostumbra para los niños, guardó sus restos y fue depositado en un humilde nicho del Cementerio General, en la capital guatemalteca.