La madeja en torno a la empresa brasileña Norberto Odebrecht –que en Panamá acumula contratos de obras públicas por más $9 mil millones– tiene un nuevo hilo investigativo que ahora parte de Suiza.
Las autoridades helvéticas detuvieron en febrero a uno de los principales ejecutivos de la empresa brasileña, Fernando Migliaccio da Silva, mientras intentaba cerrar cuentas bancarias y vaciar una caja fuerte de un banco de Ginebra. Su nombre está ligado a la sofisticada estructura financiera creada en el extranjero por Odebrecht para camuflar las millonarias coimas de las licitaciones fraudulentas enquistadas en la petrolera estatal Petrobras.
En este sentido, los fiscales de la macro-operación anticorrupción en Brasil denominada Java Jato (lavaautos), tienen evidencias que prueban que Miglaccio da Silva era unos de los operadores financieros de confianza de la empresa la de construcción, cuyo expresidente Marcelo Odebrecht fue condenado a casi 20 años de cárcel por corrupción y lavado de activos.
La Policía Federal de Brasil vincula a Migliaccio da Silva con Constructora Internacional del Sur –sociedad constituida en Panamá– y Klienfeld Services Ltd., ambas “comprobadamente utilizadas por el Grupo Odebrecht para el pago de ventajas indebidas a agentes públicos brasileños y extranjeros”, así como con el dinero depositado en cuentas bancarias en Suiza.
Constructora Internacional del Sur, S.A. fue disuelta en agosto de 2014, pero mientras mantuvo cuentas bancarias en Panamá –durante unos 7 años– recibió, al menos, unos $47 millones, de los que $3 millones terminaron en cuentas bancarias suizas a nombre de sociedades panameñas, cuyos beneficiarios últimos eran ejecutivos de Petrobras.
La justicia suiza creó un departamento de investigación autónomo para trazar el origen y destino del dinero ilícito ligado al escándalo.
Según informó el diario brasileño Estadao, hasta ahora han sido congelados por las autoridades judiciales suizas –en constante contacto con sus colegas brasileños– unos $800 millones, radicados en unas mil cuentas ligadas a 40 bancos distribuidos entre Lugano, Ginebra y Zúrich, lo que supondría el mayor volumen de dinero sucio bloqueado en el país.
La segunda fase de estas diligencias se inauguró con la petición por parte de las autoridades suizas de asistencia legal a varios países, entre ellos, Panamá, para resolver el misterio del destino final de los millones de dólares en pagos depositados en cuentas cifradas de empresas offshore.
Según confirmaron a este periódico fuentes del caso, Suiza ha solicitado colaboración a “Brasil, Holanda, Liechtenstein y Panamá con el fin de ejercer un canal de mutuo intercambio de información en este caso”.
Estas mismas fuentes aclararon que la rogatoria “no tiene ninguna conexión” con las actividades de la firma de abogados Mossack y Fonseca, expuestas en la investigación del diario alemán Süddeutsche Zeitung, y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
La lista de naciones extranjeras implicadas de alguna manera en el esquema de corrupción brasileño llega a 39.
Según documentos que reposan en el sumario judicial a los que ha tenido acceso La Prensa, el dinero desviado –que la policía federal brasileña calcula en unos $3 mil 850 millones– transitó por 30 países distintos.
Panamá habría sido un enclave privilegiado para canalizar coimas millonarias y ocultar el origen ilícito del dinero a través de empresas offshores y cuentas bancarias depositarias vinculadas con el esquema de corrupción en Brasil.
El Ministerio Público de Panamá recientemente envió información a los fiscales brasileños –aunque se desconoce su contenido– después de meses de espera. Preguntada por esta demora en responder a las solicitudes de información, la vicepresidenta de Panamá, Isabel de Saint de Malo de Alvarado reconoció en conversación con este periódico que “los tiempos no son los mejores”. “Es algo en lo que tenemos que trabajar”, señaló.
La vicepresidenta y canciller –que está en Nueva York, Estados Unidos,– para explicar la estrategia de Panamá en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos, subrayó que el país “está totalmente comprometido con la transparencia y la información se va proporcionar”.
