El presidente brasileño, Michel Temer, realizó el miércoles una verdadera demostración de fuerza política pese a su impopularidad récord, al lograr que la Cámara de Diputados bloquee por clara mayoría una acusación de corrupción en su contra.
La posibilidad de juzgar a Temer como presidente fue rechazada por 263 diputados, frente a 227 que se pronunciaron a favor y dos abstenciones. Para ser aprobada, se requería una mayoría calificada de dos tercios, o 342 de los 513 escaños.
En ese caso, el Supremo Tribunal Federal (STF) hubiera examinado el caso y, de admitirlo, Temer hubiera sido apartado de su cargo en espera del fallo final.
Temer sale fortalecido de la prueba, y con espacio para retomar su programa de ajustes, con el cual se propone recuperar la confianza de los mercados, en momentos en que el país emerge de dos años de recesión, con 13.5 millones de desempleados.
Después de haber bloqueado el techo de gastos por 20 años y flexibilizado la legislación laboral, su mayor desafío es ahora la reforma de las jubilaciones, que requerirá de una mayoría cualificada de tres quintos en la Cámara y en el Senado, por tratarse de una reforma constitucional.
En una alocución televisiva tras el voto, Temer afirmó que la Cámara "se manifestó de forma clara e incontestable" y prometió proseguir con "todas las acciones necesarias para sacar al país de su peor crisis económica". "Haremos mucho más poniendo nuestras cuentas en orden, de forma definitiva y equilibrada", agregó.
Ya con la tendencia de la votación perfilada, la Bolsa de Sao Paulo cerró con ganancias de 0.93%, a 67 mil 135 puntos, alcanzando el nivel previo a la crisis que estalló en mayo. El resultado de la votación demuestra que Temer cuenta con "números suficientes para movilizar a su base para votar reformas importantes", dijo a la AFP el analista Gesner Oliveira, de la consultora GO Associados.
Esta crisis se produce menos de 15 meses después de la caída de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, destituida por el Congreso por manipulación de las cuentas públicas y reemplazada por Temer, quien era su vicepresidente.
El dominio de Temer en el Congreso contrasta con su popularidad de apenas 5%, la peor desde el retorno de la democracia en 1985, según un reciente sondeo Ibope. Un 81% de los brasileños está de acuerdo en que el mandatario sea juzgado, de acuerdo con el mismo instituto.
Pero hasta ahora las calles no se han movilizado, contrariamente a lo ocurrido durante el impeachment de Rousseff, cuando millones de personas reclamaron en varias ciudades su partida. Temer fue denunciado de corrupción pasiva por el fiscal general, Rodrigo Janot, después de que a mediados de mayo se divulgaran una grabación y un vídeo.
En la grabación de una conversación entre Temer y el dueño del gigante de la alimentación JBS, Joesley Batista, el mandatario parece avalar la entrega de un soborno al encarcelado exdiputado Eduardo Cunha para comprar su silencio. El vídeo muestra al entonces diputado Rodrigo Rocha Loures, un cercano asesor de Temer, cargando una maleta con unos 150 mil dólares.
Según la delación de Batista, el dinero era parte de un soborno ofrecido al presidente para favorecer los negocios de la empresa. Temer, del partido PMDB (centroderecha), y sus defensores afirman que la acusación es una "ficción" construida para perjudicarlo y amenazar la reconstrucción del país.
La oposición acusa a Temer de haber liberado en las últimas semanas cuantiosos fondos para proyectos de diputados vacilantes. Janot también podría inculpar a Temer de obstrucción a la justicia y de organización para delinquir. Oliveira duda que ello ocurra, debido a la contundencia de la victoria de Temer y al hecho de que el fiscal general concluye su mandato en septiembre.
Temer ya perdió seis asesores de rango ministerial salpicados por el escándalo Petrobras y tiene a otros ocho bajo investigación del máximo tribunal. Decenas de legisladores de casi todos los partidos se hallan además bajo el foco de la Operación Lava Jato, que investiga una vasta red de sobornos en la estatal Petrobras.