El presidente brasileño, Michel Temer, enfrentará la semana próxima un juicio ante la corte electoral que podría sacarlo del poder, pero que deberá recorrer un camino plagado de obstáculos políticos y jurídicos antes de llegar a un desenlace.
A un año y siete meses de las próximas elecciones, Temer responderá a una vieja denuncia por abusos económicos y políticos durante la campaña de 2014, en la que acompañó como vicepresidente a la mandataria Dilma Rousseff (2011-2016), quien fue destituida el año pasado por un movimiento del Congreso apoyado por él mismo.
Este nuevo y explosivo capítulo de la crisis brasileña se produce cuando aún no cicatrizan las heridas del proceso de destitución que segó un ciclo de 13 años de la izquierda en el poder, mientras el nuevo gobierno conservador es bombardeado por denuncias de corrupción del fraude a Petrobras.
Pero con mayoría en el Congreso y el aval de los mercados a su programa de ajustes, el Palacio de Planalto apuesta a dilatar el proceso y acercarlo lo más posible a las elecciones de octubre de 2018.
"Hay mucha tranquilidad. El tiempo está a favor del presidente. Hay muchos recursos jurídicos" y si el Tribunal Superior Electoral (TSE) vota la anulación, el fallo "será apelado ante la corte suprema", dijo a la AFP una fuente del gobierno que pidió no ser identificada.
Los propios jueces del TSE podrían solicitar una suspensión para examinar el informe final, de más de mil páginas, y también los acusados solicitar una ampliación de sus defensas.
Pero si la estrategia falla y el TSE anula el resultado electoral de 2014, la Constitución determina que el Congreso elija un nuevo presidente para terminar el mandato iniciado por Rousseff y continuado por Temer.
No obstante, algunos constitucionalistas interpretan que deben convocarse elecciones directas si la remoción del presidente se produce antes de los seis meses finales de su periodo.
Sería en cualquier caso un segundo gobierno de transición en apenas diez meses.
La denuncia, irónicamente, fue presentada por el partido PSDB, derrotado en 2014 y hoy estrecho aliado de Temer. Según la acusación, Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), y Temer, del PMDB (centro-derecha), financiaron su campaña con dinero desviado de la estatal Petrobras, violaron los límites de gasto permitidos y abusaron de la maquinaria estatal para ser reelectos.
El caso vincula los sobornos en Petrobras y el escándalo de la constuctora Odebrecht con el costeo de la campaña.
"En aquel momento, había indicios de que dinero de la corrupción en Petrobras fue usado en la campaña", dijo el abogado del PSDB, Flávio Pereira.
Para Michael Mohallem, profesor de derecho de la universidad privada Fundación Getulio Vargas, las posibilidades están a favor de Temer.
"El TSE puede juzgar improcedente la denuncia. Mantiene todo como está. Es una posibilidad muy razonable porque el propio presidente [de la corte] Gilmar Mendes ha actuado para construir ese resultado", afirmó.
Si se cumple ese pronóstico, el presidente, de 76 años, entregará la banda presidencial a su sucesor el 1 de enero de 2019.
El proceso no está sin embargo exento de riesgos para un gobierno impopular como el de Temer.
Medios brasileños señalan que tanto el juez a cargo del caso, Herman Benjamin, como el Ministerio Público, un órgano de la Justicia que representa al pueblo, están a favor de anular el resultado electoral.
Además, la corte podría declarar inelegibles por ocho años a Temer y a Rousseff.
La defensa del presidente buscó separar sus cuentas de la exmandataria, señalando que Temer no tuvo relación con el armado financiero. Pero hay pocas expectativas de que esa moción sea aceptada.
Un fallo adverso, aunque pueda ser revertido por la Corte Suprema, sería un golpe duro para Temer. Y hasta el PSDB lo defendió en su alegato final.
"No existe en el proceso ninguna prueba contra el presidente Temer en relación a los hechos investigados. Todas las declaraciones y pruebas apuntan al PT", asegura el abogado del PSDB.
Además, tres ministros del TSE dejarán su cargo en los próximos meses y los aliados del gobierno esperan que esa renovación traiga aires más favorables para el oficialismo.
El gobierno pretende "demostrar que no fue una elección ilegítima", dijo la fuente del gobierno. Paradójicamente, un objetivo común con Rousseff, que acusa a Temer de "golpista".
