Un tribunal de República Dominicana validó este miércoles 19 de abril un acuerdo mediante el cual el Gobierno renuncia a procesar judicialmente a los empleados de la compañía brasileña Odebrecht involucrados en un millonario esquema de sobornos a cambio información y el pago de una multa de 184 millones de dólares.
El fallo del tribunal "acelera y agiliza la investigación; nos acerca a llevar a la justicia a los sobornados", consideró en conferencia de prensa el procurador general, Jean Alain Rodríguez, al término de la audiencia, en la que no se permitió el ingreso de la prensa. Explicó que con base en el acuerdo, el 19 de junio se tendrán los nombres de los sobornados para procesarlos.
La decisión del tribunal se produjo basada en una nueva motivación presentada por la Procuraduría General a favor del acuerdo, luego de que otro juez lo había declarado inadmisible en marzo por considerar que las sanciones requerían "mayor rigurosidad".
La Procuraduría General, que negoció el acuerdo con los representantes de la compañía en enero, explicó en un comunicado previo a la audiencia que justificaría el convenio ante el tribunal con base en el criterio de oportunidad.
En el fallo emitido el miércoles, el tribunal admitió como válidas todas las partes del convenio. "El tribunal ha hecho una correcta administración de justicia", dijo el abogado de Odebrecht, Robert Valdez, al término de la audiencia.
El convenio no ha sido difundido de forma pública en su totalidad y, según la Procuraduría, establece que en un plazo de 30 días Odebrecht deberá entregar información sobre los sobornos y pruebas documentales, como comprobantes de transferencias bancarias y comunicaciones por correo electrónico.
La multa de 184 millones de dólares, que representa el doble de los sobornos, será pagada en un plazo de ocho años y Odebrecht podrá continuar sus operaciones en el país.
"Esta sentencia marca un hito en materia de corrupción", insistió el procurador Rodríguez. De acuerdo con documentos difundidos por el Departamento de Justicia estadounidense, la constructora Odebrecht pagó unos 92 millones de dólares en coimas en República Dominicana para conseguir contratos de obras públicas.
Desde que comenzó a operar en el país caribeño en 2002, Odebrecht ha participado en 17 de las obras de infraestructura más importantes que ha construido el Gobierno, como presas hidroeléctricas, autopistas, acueductos y una termoeléctrica.
Luego de que el Gobierno estadounidense revelara los sobornos, la Procuraduría abrió una investigación, allanó las oficinas de Odebrecht en al país, ha interrogado a dos decenas de funcionarios y representantes de la compañía.
El ministerio público no ha revelado los nombres de ninguno de los beneficiarios de los sobornos, por lo que organizaciones de la sociedad civil han realizado diversas marchas multitudinarias para exigir que una comisión independiente realice la investigación y que Odebrecht deje de operar en el país.