Los fiscales del Tribunal de Bari (al sur de Italia) Eugenia Pontassuglia y Pasquale Drago, han pedido el envío a juicio oral de Valter Lavítola y Silvio Berlusconi por haber presuntamente sobornado al empresario italiano Gianpaolo Tarantini a cambio de su silencio sobre las jovencitas que este reclutaba para las fiestas bunga-bunga del viejo político italiano.
Según la imputación, Tarantini habría recibido más de $500 mil pagados del bolsillo de Berlusconi, además de abogados a través del intermediario Lavítola con el fin de que no revelase que las mujeres que participaban en los convites nocturnos que el ex primer ministro festejaba en todas sus residencias eran prostitutas.
El delito por el que están acusados es inducción a la mentira ante los tribunales.
El esquema que refleja la trama no es nuevo para los fiscales italianos, que llevan años investigando la relación entre Berlusconi y Lavítola, capo y ejecutor, respectivamente.
Según determinó la justicia en varias sentencias condenatorias, Lavitola ejerció de canal corruptivo para Berlusconi, tanto dentro como fuera de Italia.
Los escenarios criminales van desde la compra de parlamentarios italianos que hicieron caer al gobierno de Romano Prodi en 2008, al intento de desvío de hasta $22 millones en coimas de la construcción frustrada del hospital pediátrico de Veraguas, para beneficiar al expresidente Ricardo Martinelli.
Por este caso, Lavitola fue condenado en Italia a 3 años de prisión.
UNA LEY DE BERLUSCONI DEJA SIN ENJUICIAR EL CASO FINMECCANICA
Lavítola tiene otro caso relacionado directamente con Panamá pendiente de juicio en el tribunal de Nápoles.
El próximo 15 de noviembre, el juez de las audiencias preliminares Bruno Urso decidirá si le envía a proceso para dirimir sus responsabilidades en el presunto intento de desvío de $20 millones en la frustrada construcción de cuatro cárceles modulares en varias localidades de Panamá, por parte del consorcio italiano Svemark.
Mientras tanto, el caso Finmeccanica quedó sin ser juzgado en el tribunal de Roma por una ley aprobada por el gobierno de Berlusconi en 2006 que acortó el tiempo de la prescripción en los delitos de corrupción.
En Italia, de forma anómala, no se suspende la prescripción, aunque haya comenzado el juicio.
Las pruebas en manos de los magistrados apuntan a que la sociedad Agafia Corp. se fundó para recibir una coima de 25 millones de euros provenientes del contrato con Finmeccanica y destinados a Martinelli.
Pero nunca podrán dirimirse responsabilidades.
Todo esto sucede en Panamá en un momento crucial para la validación del proyecto de ley 514, cuyo fin es que los delitos relacionados con la corrupción no prescriban después de que el Ministerio Público le haya dado un voto de confianza.
