“La mayoría de las personas que están en el poder no tienen las capacidades. Este es un sistema que está estropeado en lo económico, en la seguridad”. Así ve la situación actual de Venezuela un joven de 24 años, residente en Catia, sector de la parroquia (corregimiento) Sucre, una de las 32 que tiene Libertador, uno de los cinco municipios en que se divide el Área Metropolitana de Caracas y que es gobernado por el oficialismo. Sentado en una banca en los alrededores del bulevar Sabana Grande, en Libertador –el municipio más poblado del país, con unos 2.2 millones de habitantes–, este bachiller que se gana la vida vendiendo arepas –la tradicional tortilla venezolana– siente que los problemas que afectan a su país “están más allá de lo que le enseñan” a la población, “independientemente de quién gane” una elección. El tono inexpresivo de su voz y su lenguaje corporal dejaban ver pocas expectativas de mejora en el futuro cercano. Y al preguntarle qué piensa de la instalación –este martes 5 de enero–de la nueva Asamblea Nacional, de mayoría opositora, esa percepción se confirmó: “Hay mucha controversia. Todo lo que esperamos es que no haya tragedia”. Y luego se desdice: “Pero viene el enfrentamiento, no se soportan”. Este joven, que prefirió no dar su nombre, es una de 13 personas que accedió a compartir sus opiniones, algunos temerosos al principio y otros efusivos, tras sentirse alentados por el resultado de las legislativas del 6 de diciembre de 2015. Todos coincidieron en que la población no aguanta hacer más filas para comprar alimentos de primera necesidad, que no soportan la delincuencia (medios locales reportaron que en el mes de diciembre llegaron a la morgue 496 cadáveres) y que es tiempo de que cambie la situación, y más que por simpatías políticas por un asunto de dignidad, de la calidad de vida que merecen.
Unos pasos más adelante se encuentran Apolinar e Isabel, una pareja de esposos colombianos nacionalizados venezolanos que llevan 23 años en el país. Ellos tienen “esperanzas” de que el triunfo de la oposición en la Asamblea traerá “un cambio bueno”, para salir del “atolladero”, pero le piden a la mayoría que se instala “que no busque confrontación con los diputados del Gobierno”.
Salud, educación y seguridad son los tres temas que aspiran a que sean resueltos, aunque están conscientes de que mejorar la economía del país debe ser también una prioridad. “Hacer cola desde el día anterior y luego no encontrar nada [de comida]. Dar la cédula, ir a Acción Comunal para un sello y si no le toca ese día [que no tiene para comer], esperar” es algo que todos los venezolanos quieren dejar en el pasado pronto”, narró.
Ana Zárate de Durán se encuentra unos metros más allá, junto a otras cuatro mujeres, todas colombianas que trabajan como ayudantes del hogar o del servicio doméstico.
Solo Zárate acepta dar una opinión para ser citada, aunque las otras la interrumpen en cada frase para enfatizar algo de lo que dice. Es jubilada, tiene 42 años de vivir en el país y, a diferencia de las otras, tiene la doble nacionalidad, por eso se atreve a hablar.
Como vive en casa de sus “patrones” lo que más le afecta de la situación actual es la devaluación de la moneda y el cierre de la frontera con Colombia, decretado por el presidente Nicolás Maduro en agosto del año pasado, cuando además estableció un estado de excepción y la salida de miles de irregulares que vivían del lado venezolano de la zona limítrofe: “Cuesta 115 mil bolívares ir a Bogotá”, es decir, unos $580 al cambio oficial de 198 por dólar, o unos $191 según la cantidad que se obtenga en el mercado negro (entre 500 y 800 bolívares).
Mercedes y Orlando también son colombianos nacionalizados y compartían una banca en el bulevar. Ella, quien reside en el municipio Chacao –gobernado por la oposición y que pertenece al estado Miranda y al Distrito Metropolitano de Caracas–, se convirtió en venezolana en 1990; y él, poblador de La Pastora, parroquia del municipio Libertador, lo hizo hace 30 años.
Mercedes resiente que no se consiga comida y medicinas y cuenta que la opción que encuentran a veces es “prestarse unos a otros” mientras logran comprar algo. Y los vendedores ambulantes –agrega– todos los días aumentan los precios. Esos vendedores son los que llaman “bachaqueros”.
Ellos hacen las filas afuera de los comercios, incluso pernoctando durante la noche, para comprar la mercancía y luego revenderla a precios altos. No les falta el negocio porque la gente prefiere eso a tener que pasar todo un día en fila y cuando logran entrar no encontrar nada de lo que necesitan.
Por la crisis económica y cómo vive la gente hoy, Mercedes y Orlando están contentos con los resultados del 6D y a diferencia de otros, que temen que haya enfrentamientos entre opositores y oficialistas el día de la instalación, confían en que los policías y los militares mantendrán la paz, “como lo hicieron el día de las elecciones”. ¿Qué esperan de los diputados?, pregunto. “Que trabajen bien y respeten la Constitución, porque el gobierno [de Maduro] no la respeta”, contestaron.
Yelitza también vive en Libertadores, un territorio históricamente chavista pero que durante este recorrido no dejó ver ese fervor con el que a menudo se les ve defender la llamada revolución bolivariana en las actividades que convoca el Gobierno.
Esta joven que no llegaba a los 30 años caminaba de la mano de un cubano que aunque vive allá prefirió no opinar por ser extranjero. Pero ella no tuvo reparos en decir que la situación es difícil, sobre todo por la escasez de la comida y la inseguridad.
“Todos prometen y no cumplen. Lo que queremos es estar bien, con todos los recursos que tiene Venezuela” no deberíamos estar así, afirmó.
Ya faltaba poco para que el reloj marcara las 2:00 p.m., el día estaba nublado y la temperatura era muy agradable.
A la distancia se veía a tres vendedores de paletas. Vamos a ver si es chavista –pensé– porque para ser una zona tradicionalmente oficialista no había encontrado a nadie que defendiera las posiciones del Gobierno o que aspirara a que sin un cambio de rumbo las cosas mejorarán. Julio es el nombre de uno de los vendedores, tiene 35 años y una familia para mantener.
La venta de paletas es un extra que se ha buscado para redondear sus ingresos. De hecho, es el dueño de los 3 carritos de venta de paletas, algo que ha logrado porque trabaja como seguridad en la embajada de Estados Unidos, donde le pagan 62 mil bolívares al mes (unos $313 al cambio oficial) más beneficios, y ya lleva allí 6 años.
La venta de paletas le deja otros 9 mil 600 bolívares ($48 al cambio oficial) al mes que, dice, es poco más del salario mínimo y solo alcanza para “tres días”.
“La situación económica está demasiado desgastada, no tenemos alimentos, no hay medicinas y los venezolanos no tienen para sustentarse”, apuntó Julio, quien fue militar hasta 1998, cuando llegó al poder el fallecido presidente Hugo Chávez.
Asegura que Chávez sacó al batallón completo al que él pertenecía y en el que era cabo. “Nos dieron de baja a todos” porque él quería gente nueva, indicó. Eleazar hablaba por teléfono cuando lo abordamos. Miró receloso pero accedió a opinar. Él afirma que el panorama actual es muy “conflictivo” y es el resultado de posturas de ambos lados.
Rechaza la renuencia del Gobierno a aceptar la decisión adoptada por la mayoría del pueblo venezolano, al tiempo que cuestiona que desde la oposición se llame a la población a marchar el martes 5 de enero, día de la instalación de la Asamblea porque, dice, es un riesgo para los que asistan, que solo “pondrán el pecho”, cuando desde el otro lado lo que llegará “son malandros armados”.
“Lo primero que tienen que hacer es reivindicar el poder. Si caen en el juego del revanchismo vamos a pasar cinco años en lo mismo, eso sería una distracción. Su trabajo es la reformulación de las leyes”, apuntó.
Lucena también se refirió al nombramiento de los 34 magistrados del Tribunal Supremo Electoral en unas sesiones extraordinarias después de las legislativas, acción con la que el Gobierno podría desconocer las decisiones de la nueva Asamblea. Manifestó que la solución es nombrar más magistrados en vez de desgastarse tratando de lograr su destitución.
Con eso, aseguró, generarían un balance y podrían dedicarse a resolver procesos que tienen años estancados, “como el de la asambleísta sexodiversa” que lleva esperando más de una década porque le reconozcan en su documento de identificación que no es hombre.
Es más, para la oposición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el Supremo es un apéndice del Ejecutivo y denunciaron como “golpe judicial” el que tras haber sido reconocido el triunfo de la oposición con una mayoría de dos tercios (112 de 167 escaños), esa instancia judicial acogiera siete recursos contra la proclamación de al menos nueve diputados y suspendiera provisionalmente la proclamación e instalación de tres de ellos.
Fredy es del municipio Sucre de Libertador y trabaja en el Metro. Vestido con una camisa roja intenso con el logo del sistema masivo de transporte, acepta conversar, aunque es parco en sus respuestas.
Mientras señala a la gente por dónde puede seguir su camino a las diferentes estaciones coincide en que los más graves problemas son inseguridad y escasez de comida, aunque reconoce que hay muchas obras del Gobierno que son buenas. Dice que la Asamblea nueva tiene que instalarse y aspira a que se sienten “bando y bando” porque “echando cuchillo no van a solucionar nada”. Casi al final del recorrido, en la entrada del Metro de Chacaíto, está Anjolina, de 25 años.
En sus brazos carga a su hijo, un bebé para el que andaba buscando pañales. Reconoce que en ocasiones tiene que pagar hasta 30 bolívares (por uno y, muchas veces, no los consigue. Una bolsita transparente que colgaba de su mano dejaba ver que había logrado comprar tres.
Chacaíto es un sector cercano a la Plaza Brión, una zona gobernada por la oposición que desde 2014 ha sido escenario de protestas opositoras.
Un último abordaje nos permite conocer a José Acosta, un hombre fornido de 59 años que trabaja como chofer de una familia. Asegura que los resultados de las elecciones legislativas demuestran que los venezolanos votaron por la esperanza, pero que “todo el mundo está en vilo porque el presidente [Maduro] ha hecho muchos llamados a que no dejen que se instalen los diputados”. De hecho, han sido convocadas sendas marchas para este 5 de enero hasta la Asamblea.
La oposición ha pedido que se acompañe a sus 112 diputados a la instalación, partiendo de la estación del Metro de La Hoyada, perteneciente a la parroquia Catedral, en el centro histórico de la capital venezolana y donde se encuentra la sede del Ejecutivo y Legislativo y de las alcaldías del municipio Libertador del distrito capital y de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, más conocida como Alcaldía Mayor.
En abierta rebeldía a la sentencia de la Sala Electoral del Supremo, de aceptar la impugnación provisional de tres diputados, emitida la víspera de Año Nuevo, la MUD ha dicho en varias ocasiones que sus 112 diputados serán juramentados. El domingo, la MUD eligió como su primer presidente, para el primer año del período 2016-2021 a Henry Ramos Allup, un político de experiencia, dirigente del Partido Acción Democrática.
Este fue el segundo partido más votado de las legislativas, con 26 diputados. A la cabeza está Primero Justicia, que logró 32 escaños; en tercer lugar está Un Nuevo Tiempo, que sacó 21; y en cuarto lugar Voluntad Popular, que obtuvo 14.
Otros partido más pequeños se reparten 18 curules y una corresponde a un independiente, según registros del diario El Nacional.
El Gran Polo Patriótico, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela es el principal, obtuvo 55 diputados en total.
