El Gobierno de Panamá emitió un comunicado afirmando que la inhabilitación política al opositor Henrique Capriles para ejercer cargos públicos durante 15 años en Venezuela "agrava" la situación que vive el país sudamericano.
"El Gobierno de la República de Panamá reitera su preocupación por la situación política y social que enfrenta Venezuela, que se agrava con la inhabilitación del Gobernador del Estado de Miranda y ex candidato presidencial, Henrique Capriles. Panamá hace un llamado a respetar el orden constitucional y crear las condiciones para la realización de unas elecciones justas, democráticas y transparentes", señala un comunicado emitido por la Cancillería de Panamá.
"Asimismo, reitera la importancia de que Gobierno y oposición venezolana apuesten por la búsqueda del entendimiento, a fin de evitar actos de violencia como los que se han suscitado recientemente, y garantizar el bienestar de la población", añade la nota emitida por la entidad.
Panamá reitera preocupación por situación en Venezuela que se agrava con inhabilitación Henrique Capriles https://t.co/SyyvX5i9Di
La Contraloría General de Venezuela inhabilitó por un período de 15 años al ex candidato presidencial Henrique Capriles, una medida que según la autoridad de control obedece a irregularidades cometidas durante su gestión como gobernador del estado de Miranda.
Un comunicado, emitido por la Contraloría y que fue publicado por Globovisión, indica que el contralor, Manuel Galindo Ballesteros, "previo el cumplimiento del procedimiento administrativo, en el cual se garantizó el derecho a la defensa y al debido proceso, inhabilitó al ciudadano Henrique Capriles Randonski (...) como sanción accesoria a la declaratoria de responsabilidad dictada mediante Auto Decisorio de fecha 19 de enero de 2017. La ejecución de esta sanción administrativa accesoria (...) de fecha 6 de abril de 2017, surtirá efectos a partir de la fecha en la cual el ciudadano antes identificado cese en sus funciones como gobernador del estado bolivariano de Miranda".
De acuerdo con el comunicado, Capriles fue hallado culpable de "ilícitos administrativos durante su gestión como gobernador del estado de Miranda durante los años 2011, 2012 y primer trimestre del año 2013, por haber actuado de manera negligente al no presentar el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013 ante el Consejo Legislativo del estado de Miranda, por haber celebrado convenios de cooperación internacional entre la gobernación a su cargo y las embajadas de la República de Polonia y de Gran Bretaña, sin la autorización legal requerida, y por omitir el procedimiento de selección de contratistas, comprometiendo el presupuesto público mediante contratación directa".