La 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), efectuada del 19 al 21 de junio, dejó en evidencia la necesidad de abordar en profundidad los procedimientos para la aplicación de los instrumentos democráticos de la organización a aquellas naciones hacen a un lado los principios y valores que propugna el texto constitutivo de la organización y la Carta Democrática Interamericana, al no lograr un consenso para aprobar una resolución relativa a la crisis humanitaria y política que atraviesa uno de sus 33 estados miembros: Venezuela.
Después de un año de haber comenzado a evaluar las denuncias de ruptura del orden constitucional, persecución a la disidencia y el agravamiento de la crisis humanitaria producto de la falta de alimentos y medicinas, el órgano de consultas del organismo, la reunión de Cancilleres, no logró consensuar medidas diplomáticas para abordar la crisis, y nunca estuvo sobre la mesa la aplicación de la Carta Democrática, como lo solicitó el secretario general, Luis Almagro en 2016.
Lo anterior a pesar de que existe un consenso internacional -y así lo han dejado por escrito en resoluciones y pronunciamientos diversos gobiernos, parlamentos y organizaciones de derechos humanos- de que el Ejecutivo de Nicolás Maduro ha interferido en los otros poderes del Estado, al punto de suspender elecciones regionales, impedir que se efectuara un referendo revocatorio y bloquear las funciones del Legislativo, de mayoría opositora desde enero de 2016. Así también lo ha consignado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en sus informes sobre el país sudamericano y que será actualizado la próxima semana, según él mismo anunció ayer, con el "estado de la situación de represión, el aumento de presos políticos, la sistematización del asesinato y el antejucio" anunciado contra la fiscal general Luisa Ortega Díaz.
En la reunión de Cancilleres efectuada el pasado 19 de junio -tras la suspensión sin consenso de la primera convocatoria, el 31 de mayo- la votación de una resolución que reconocía la ruptura del hilo constitucional y la violación de los derechos humanos y proponía la conformación de un grupo de contacto para dar seguimiento a las acciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela logró solo 20 votos; se necesitaban 23 votos y hubo 5 votos en contra y 8 abstenciones.
Tras el fracaso de la sesión, la mayoría de los países que apoyaba la acción llevaron el tema a la primera plenaria de la Asamblea General -dedicada a diálogo y concertación-, abogaron por la creación de un grupo de contacto y siguieron cabildeando para tratar de generar un pronunciamiento en el marco del informe de derechos humanos que sería presentado en la tercera y última plenaria ayer. Esto tampoco rindió frutos, aunque posturas firmes como la presentada por el canciller de Costa Rica, Manuel González Sanz, mostraron que los países democráticos de la región no están dispuestos a quedarse callados.
“Todo esto sucede, paradójicamente, mientras Venezuela ocupa un asiento en el Consejo de DDHH de @ONU en Ginebra”
De hecho, ayer la misión de Estados Unidos en la ONU emitió un breve pronunciamiento de la embajadora Nikki Haley sobre "el fracaso en abordar la crisis en Venezuela" en la OEA. El mensaje, divulgado por la Oficina de Prensa y Diplomacia Pública señala: "La trágica situación en Venezuela demanda acción. El pueblo venezolano está pasando hambre mientras su gobierno pisotea su democracia. La comunidad internacional debe actuar incluso si el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) están bloqueados. Aplaudimos los continuos esfuerzos de aquellos estados que están comprometidos a mantener el compromiso de nuestro hemisferio con la democracia".
LA PRESIÓN FUE CONSTANTE
El tema también llegó hasta un panel denominado Estado de Derecho, Democracia y Derechos Humanos, , aunque no por parte de un estado miembro, sino de una de los cuatro panelistas, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien ha sido una fuerte crítica del gobierno de Maduro.
El objetivo del panel, manifestó el canciller costarricense, quien moderó el debate, era discutir los retos, avances, buenas prácticas y propuestas concretas de hacia dónde debe dirigirse el trabajo de la OEA y señalar retos significativos en cuanto al tema de derechos humanos, de los organismos del Sistema Interamericano para ejercer su labor y de la OEA en la promoción del Estado de Derecho en el hemisferio a fin de fortalecer su impacto en el terreno.
Chinchilla destacó el buen estado de la democracia y el Estado de Derecho en el hemisferio, no sin antes apuntar que hay “algunas excepciones” que eran de conocimiento de ese foro regional. Aunque en ese momento no aludió explícitamente a Venezuela, al manifestar la importancia de aprobar la resolución para incorporar y fortalecer mecanismos de la organización, aseguró que el gran desafío de la OEA es tratar de darles vigencia, de no hacer irrelevantes esos instrumentos que han dado sustento al trabajo de la OEA, entre ellos la Carta Democrática Interamericana.
“En ese sentido con todo el respeto señor me permito hacer un llamado más como el que se ha venido reiterando (…) en el sentido de llamar a aplicar la Carta Democrática a la situación más grave que en este momento aqueja al hemisferio, que es Venezuela”, expresó Chinchilla.
La expresidenta señaló que la Carta Democrática Interamericana tiene que ser honrada siempre que se configuren los supuestos que establece, y que esos supuestos están presentes en esa nación y hay que considerarlos independientemente del tiempo, el país y el gobierno del que se trate. “Cuando uno de sus miembros pierde el rumbo es obligación de esta institución de orientarle, estoy convencida de que la Carta Democrática es la única garantía para una salida de la crisis de Venezuela”, apuntó, al concluir su exposición.
Durante su disertación, Chinchilla resaltó la caída que ha tenido la región en materia de derechos civiles donde, dijo, se pasó de tener dos países sin libertad de expresión a cinco en 2016. También indicó que en materia de Estado de Derecho no hay la menor duda que el enorme desafío es el afianzamiento de la independencia regional en momentos que la corrupción y el crimen organizado azotan, por lo que es indispensable trabajar en el fortalecimiento judicial y la profesionalización de la justicia.
Abierto el debate a los participantes, el representante de Venezuela, que no se identificó, respondió a Chinchilla. Aseguró que quedó en evidencia la obsesión que existe con su país, al punto de desviar la atención de un debate tan importante como que el que estaba previsto para ese panel.
Esa obsesión, dijo, hace patente uno de los principales retos que tiene nuestra región, que es el uso político del tema de los derechos humanos. Se hace un gran daño cuando se hace un uso con doble racero”, remarcó y luego enumeró una serie de situaciones que según su país demuestran su afirmación, por ejemplo, que el organismo no dice nada de los miles de migrantes que están sufriendo la vulneración de sus derechos humanos en Estados Unidos al ser amenazados con ser expulsados; que no se pronuncia ante las decenas de periodistas asesinados en la región, ninguno de ellos en Venezuela. Incluso cuestionó que se hable de más de 70 asesinados durante las protestas que se desarrollan en Venezuela desde el pasado abril, ignorando que muchos han fallecido “producto de la acción de los grupos violentos”. “Orlando Figuera iba a su trabajo y fue apuñalado y quemado vivo por los grupos de la derecha extrema”, indicó.
Cómo no relacionar estos llamados, agregó el delegado venezolano, si un día después de que la oposición convocó a mantenerse en la calle hasta sacar al presidente Nicolás Maduro, se llama a mantenerse reunidos hasta emitir una resolución contra Venezuela.
El canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, no profundizó en la crisis de Venezuela alegando que en sesiones anteriores expresó la preocupación de su país por el momento que vive el país, no obstante, reafirmó que para ellos debatir el tema no constituye una injerencia, porque cuando se trata de principios y valores universales consagrados en instituciones como la OEA no hace daño señalar cuando un país se aparta de sus compromisos.
En la reunión de Cancilleres del pasado 31 de marzo, entre otras cosas, Loizaga afirmó: "(...) 5. La responsabilidad de la comunidad internacional deviene de principios y valores democráticos consignados en instrumentos internacionales que todos los Estados suscribimos en pleno ejercicio de nuestras respectivas voluntades soberanas. Los preceptos de la Carta Democrática Interamericana fueron aceptados por todos y sus presupuestos deben ser cumplidos por todos los Estados. Venezuela no es la excepción. 6. La grave alteración del orden democrático e institucional en Venezuela contravienen los presupuestos indispensables de la democracia representativa, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos, en especial el respeto de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional. Lamentablemente somos testigos del constante y progresivo deterioro de todos estos elementos en Venezuela (...)".
La representante de Estados Unidos en el panel manifestó que la Carta Democrática Interamericana es el camino para ser eficaces en la protección de la democracia representativa. Se mostró de acuerdo con lo expresado por la expresidenta Chinchilla y aseguró que están comprometidos en seguir trabajando con los estados miembros para ayudar a Venezuela a que encuentre una salida a sus problemas.
Al reiterar sus críticas al gobierno, Estados Unidos alegó que la OEA debe encontrar la forma de ser coherente con sus valores y extender a la vez una mano amiga a Venezuela y exhortó al diálogo para crear un ambiente en el cual las negociaciones puedan tener éxito. “Esto incluye elecciones libres, atender y necesidades humanitarias (…) Nuestro objetivo es el retorno pleno al estado de Derecho de acuerdo con los términos y el espíritu de la Carta Democrática (…)”, indicó.
REACCIONES
El director para las Américas de la oenegé Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, expresó a través de su cuenta de Twitter que la incapacidad de la OEA para lograr una condena del régimen de Maduro demuestra la importancia de apoyar el liderazgo del secretario general Almagro.
Del lado del gobierno venezolano, durante una rueda de prensa internacional, convocada este jueves 22 de junio, el presidente Maduro manifestó que en la OEA han "dado una batalla por la verdad de Venezuela. Somos un país martirizado, pero que está de pie” y señaló que la única forma de que el país regrese al organismo multilateral es que renuncie el secretario general.
"Almagro lleva con Venezuela más de 15 derrotas y debería renunciar a la OEA y permitir que los países nos ocupemos de recuperar y reorganizar la OEA si fuera el caso, sería la única forma que yo pensaría en algún regreso de Venezuela a la OEA para un plan de reestructuración que respete la soberanía de los pueblos", remarcó.
Al hacer un balance de la Asamblea General con respecto al tema de Venezuela, el secretario general de la OEA consideró que se avanzó. En declaraciones al diario español El País, Almagro señaló que "la presión hemisférica sobre el régimen es más fuerte. Se consiguió el apoyo de 20 países y hay ocho que quizás no están de acuerdo con todos los puntos pero tampoco son tan indulgentes como para estar en contra. La presión está ahí. Además, hay una resolución estableciendo la alteración del orden constitucional, sanciones sobre autoridades del régimen. Hay que seguir fortificando la presión".
Almagro también negó que su postura, como ha sostenido el gobierno de Venezuela, haya incidido en la falta de consenso sobre el tema. "Si hay algo que es imprescindible es quitarle la impunidad a regímenes como el venezolano. Mi voz siempre ha sido la de denunciar. Denunciar el asesinato de cada manifestante es una obligación, como lo es denunciar el de un defensor de derechos humanos, activista o periodista (...). Si algo no le debemos al régimen es silencio e impunidad. Mis problemas con el régimen son muy claros. Sabía que no iba a ser fácil desde el principio. Ese esquema de negación hace muy difícil lograr resultados. Pero en 2014 tenían impunidad, hoy no. El nivel de condena que recibió Venezuela fue absoluto. Lo que se ha avanzado en este tiempo ha sido mucho".
En una carta dirigida a la OEA, el arzobispo Bernardito Auza, Nuncio Apostólico y Observador Permanente de la Santa Sede en el organismo, emitió una carta en la que manifiesta su preocupación por la profundización de la crisis y reitera las palabras del papa Francisco en una carta enviada al gobierno venezolano en diciembre de 2016. "Con la única finalidad de promover el bien de todos y cada uno de los venezolanos y de favorecer una solución pacífica y democrática a la actual situación, la Santa Sede reitera su posición, ya conocida, de que una negociación seria y sincera entre las partes, basada en las claras condiciones indicadas en la mencionada carta del 1º de diciembre de 2016, comenzando por la celebración de elecciones directas, libres y trasparentes previstas para los años 2016 y 2017, serían la única vía de salida a la grave crisis en que se ve inmersa el País. A tal propósito, la reciente decisión gubernamental de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, en vez de ayudar a solucionar los problemas, presenta el riesgo de complicarlos ulteriormente y hace peligrar el futuro democrático del País. Por otro lado, se valora muy positivamente la posibilidad de que un grupo de países de la región o, eventualmente, de otros continentes, elegidos tanto por el Gobierno como por la oposición, acompañen las negociaciones actuando como garantes".
Este 22 de junio se cumplió la jornada 83 de protestas consecutivas de la oposición venezolana, que se saldó con la muerte de un joven de 22 años, quien recibió impactos de proyectil a quemarropa, disparados por uniformados, como quedó constancia en fotografías y videos de los medios de comunicación. El Ministerio Público anunció que investiga la muerte del joven en medio de una manifestación, lo que elevaría la cifra oficial de fallecidos en hechos relacionados con las protestas a 75.
No obstante, según la oenegé Foro Penal Venezolano se trata del deceso 80, de los cuales 59 habrían muerto directamente en manifestaciones. Además, registran 3 mil 264 arrestados entre el 1 de abril y el 19 de junio, de los cuales mil 268 siguen detenidos.
