El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó el miércoles el arresto del expresidente de la Asamblea Nacional y dirigente opositor Julio Borges, y el enjuiciamiento del diputado Juan Requesens, para procesarlos por su supuesta vinculación con el intento de atentado contra el mandatario Nicolás Maduro.
El máximo tribunal indicó en un comunicado que existen elementos para procesar a Borges, quien se encuentra desde hace varios meses en Bogotá, en los delitos de “instigación pública”, “traición a la patria” y “homicidio intencional calificado en grado de frustración” contra Maduro.
El Tribunal Supremo, que es señalado de ser controlado por el gobierno, determinó que no procede el antejuicio de mérito contra el expresidente del Congreso, que encabezó una campaña internacional para denunciar al gobierno, debido a que habría actuado en “flagrancia”, y ordenó su “inmediata detención” para procesarlo por el caso.
Asimismo, el organismo indicó que existen “suficientes elementos de convicción” para enjuiciar a Requesens, quien fue arrestado la víspera en su residencia por la Policía política, y ordena mantener detenido al joven diputado hasta que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente decida sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria.
La decisión contra los dos diputados del partido Primero Justicia se da un día después que Maduro los implicó en el intento de magnicidio. Borges rechazó el martes los señalamientos y dijo en su cuenta de Twitter a Maduro: "Me has acusado de la guerra económica, de la crisis del efectivo, de la hiperinflación, de la escasez generalizada, de trata de blancas ¿Y ahora de la farsa del atentado? No engañas a nadie".
Mi respuesta a las acusaciones de @NicolasMaduro ayer. Nosotros lo vamos a ver fuera del poder, preso y con la obligación de devolverle a los venezolanos todo lo que han robado. pic.twitter.com/IBz2H3SFOK
El presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, adelantó que el miércoles esa instancia levantaría la inmunidad parlamentaria de algunos congresistas por su presunta vinculación con el caso del intento de atentado. Las amenazas de enjuiciamiento de los dos diputados opositores desataron el miércoles nuevas tensiones en Venezuela.
A pocas horas de que la Constituyente proceda a levantar la inmunidad de algunos diputados, la Asamblea Nacional -controlada por la oposición- descartó que vaya a reconocer esa decisión y acusó a esa instancia de usurpar funciones del Legislativo. La directiva del Congreso condenó en un comunicado la detención de Requesens, un exdirigente estudiantil de 29 años, y acusó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) -la Policía política- de secuestrar y violar el debido proceso del congresista, quien fue sacado por la fuerza la noche del martes de su apartamento junto a su hermana, según un video que se difundió en las redes sociales.
"Nuestra Constitución es clara y dice que para allanar la inmunidad parlamentaria hay una Asamblea Nacional", dijo a The Associated Press el vicepresidente del Congreso, Julio César Reyes, al anunciar que es posible que el Legislativo acuda a instancias internacionales para denunciar las acciones de la Constituyente y la detención de Requesens.
"Este es el zarpazo más certero a la democracia venezolana", afirmó el diputado Alfonso Marquina, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, al rechazar la acción contra Requesens, misma que consideró una "desaparición forzosa" debido a que hasta el momento se desconoce el paradero del opositor.
La Constitución establece que todos los diputados gozan de inmunidad y que de cometer algún delito solo el Tribunal Supremo de Justicia podrá ordenar su detención para su enjuiciamiento con previa autorización de Asamblea Nacional.
Agradezco a los gobiernos, organismos internacionales, sindicatos, movimientos sociales y a los pueblos hermanos del mundo por condenar el terrorismo. En Venezuela siempre triunfará la paz. pic.twitter.com/QJP8EP9VtW
El fiscal general Tarek William Saab anunció que tres de los detenidos por el caso fueron presentados la víspera en tribunales y que se iniciaron los procesos para tramitar las solicitudes de asistencia mutua en materia legal con Estados Unidos y Colombia para que entreguen a los venezolanos implicados en el caso que estarían en esos países.
Saab dijo a la prensa que los presuntos financistas de la operación estarían en territorio estadounidense y colombiano, y precisó que dos de los implicados en el caso -Rayder Russo Márquez y el coronel retirado Oswaldo Valentín García Palomo- están en Colombia. Como parte de las investigaciones que adelantan las autoridades, se estableció la vinculación directa con el intento de magnicidio de al menos 19 personas, indicó el fiscal sin ofrecer las identidades.
Poco después la cancillería informó en su cuenta de Twitter que el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, y Saab se reunieron con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para "compartir las pruebas" que señalan a los financistas del intento de atentado que estarían radicados en el estado de Florida y "solicitar su extradición".
Arreaza expresó que el diplomático estadounidense manifestó preocupación por los hechos y la voluntad de su gobierno de cooperar. Agregó que Venezuela pedirá la extradición de Osman Delgado Tabosky, quien es señalado como financista del grupo y estaría en el estado de la Florida. Russo Márquez y Delgado Tabosky fueron señalados en diciembre como infiltrados del gobierno en un grupo disidente liderado por el expolicía Oscar Pérez, asesinado a inicios de año durante una operación de las fuerzas de seguridad para capturarlo junto con otros miembros de su organización.
Según el gobierno, dos drones con presuntas cargas explosivas fueron utilizados el sábado durante un intento de ataque a Maduro, quien salió ileso de la acción.
