El gobierno de Venezuela hizo frente a una audiencia sobre el estado de la libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado lunes 19 de octubre de 2015. La postura oficial fue cónsona con su actuación de los últimos años, de negar la legitimidad del organismo y acusarlo de responder a intereses estadounidenses.
Luis Brito García, abogado que comparte la filosofía del fallecido expresidente Hugo Chávez y quien ha defendido al país en los últimos dos años ante el organismo, fue el primero en tomar la palabra, luego de que seis organizaciones no gubernamentales, que solicitaron la audiencia, expusieran durante 20 minutos lo que consideran como violaciones a las garantías fundamentales por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Han intervenido seis personas a un promedio de cinco minutos, son 30 minutos, dijo Brito dirigiéndose a James L. Cavallaro, quien presidió la audiencia.
No. Han sido 20 minutos, respondió Cavallaro.
Entonces mi reloj está malo, todos los relojes están malos. Eso forma parte de la libertad de expresión de la CIDH, espetó Brito.
Con todo respeto, comenzamos con seis minutos, siete minutos de retraso y son las 9:27. Han sido 20 minutos medidos perfectamente. Igualmente tendrá usted y usted 20 minutos, alegó el comisionado.
Gracias por la dictadura mediática de la CIDH, gracias, censura, zanjó el vocero oficial, dando un indicio de lo que sería la participación del Estado venezolano ese día.
Luego, a cuestionar a la comisión y al país donde se encuentra su sede. "Señores comisionados, ¿Dónde está el informe sobre las violaciones a los derechos humanos en EU? ¿Dónde está el informe sobre las violaciones de DD.HH. en Canadá? ¿No forman parte estas naciones del Sistema Interamericano? ¿Son invisibles? ¿No estamos en el medio de ellos, en la capital del mayor violador de DD.HH. en el mundo? Estas preguntas no se hacen pero alguien debe hacerlas. Esta es una comisión, por lo tanto, parcial, no registra ni una violación de los DD.HH. de la potencia que más [los] vulnera en todo el mundo pero que contribuye al 80% del presupuesto de esta comisión. Es una coincidencia extraña, no creo que haya relación entre ambas cosas. Vista esta premisa, todo lo demás se explica perfectamente", remarcó, y cuestionó que se les otorguen 20 minutos para responder a 337 cláusulas en más de un centenar de páginas.
Brito señaló a los comisionados que ellos no toman en cuenta los alegatos, así como tampoco han tomado en consideración las refutaciones que han venido presentado "en tiempo oportuno" para que sean incluidas en el informe final. Acusó a la comisión de condenar antes de escuchar a las partes y de "inventar reglamentos sin tener competencia para ello, juzga sobre esos reglamentos y los aplica, intenta nada más que conciliar por sí misma el poder legislativo, el poder judicial, el poder Ejecutivo, en un solo órgano y sin tener competencia...".
El abogado señaló que al examinar el documento contra Venezuela encontró "42 intentos de injerencia en la soberanía y derecho de los pueblos a darse su propio gobierno y su propia organización, reconocidos ambos en la Carta de la OEA y en la Convención Americana. Una sola violación es inaceptable, 42 rebasan el límite de cualquier cosa. Además de eso, esta Comisión incluye aquí 163 instancias en las cuales no ha habido agotamiento de la jurisdicción interna". Y añadió: "En 116 casos la prueba que aduce la Comisión es las propias afirmaciones de la Comisión... Hay un altísimo contenido de acusaciones de las cuales no hay el menor dato, se dice hubo amenaza, hubo intimidaciones, se preocuparon las personas porque sucedió tal cosa. Esto sucede en 220 de las cláusulas... y además hay 159 casos en los cuales la única fundamentación es afirmaciones de organizaciones que son financiadas por los organismos de seguridad de Estados Unidos... 198 de las cláusulas están fundamentadas en un medio de prueba que ningún tribunal admite como prueba ni como evidencia, que es simples notas de prensa".
El mismo día en que Venezuela se defendía ante la CIDH, el Club de Madrid, organismo integrado por expresidentes de un centenar de países, solicitó a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que condicione el ingreso de Venezuela como miembro de su influyente Consejo de Derechos Humanos a cambio de la liberación de los presos políticos y la aceptación de observadores internacionales “imparciales” en las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre.
En un comunicado, el Club recordó que una Resolución adoptada en el año 2006 indica que los miembros del Consejo deberán aplicar “las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos… Venezuela no ha cumplido con estos requisitos” y aludió, entre otras cosas, a la falta de independencia judicial y que no atiende las recomendaciones y solicitudes de los organismos y observadores de derechos humanos.
VIOLACIONES ALEGADAS
Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, denunció la opacidad de la política oficial en materia de acceso a la información pública, como consecuencia de un marco legal restrictivo del derecho de acceso a la información pública y tendencias jurisprudenciales que lejos de resguardar el derecho obstaculizan su ejercicio.
"De los 475 instrumentos de diferentes tipos adoptados desde 1999 hasta 2014, 60 de ellos contienen disposiciones que establecen restricciones al acceso a la información pública. Incluyen limitaciones a la legitimación activa, la exigencia de interés legítimo para presentar pedidos de acceso a la información o el otorgamiento de facultades discrecionales para rechazar pedidos a funcionarios públicos", precisó.
Sobre las decisiones judiciales, dijo que los jueces venezolanos suelen considerar que las acciones de amparo son inadmisibles contra el Estado y sostienen que los pedidos de acceso a la información atentan contra la eficacia y la eficiencia de la administración pública. "Así lo dicen las sentencias que reportamos en nuestro informe", apuntó, al tiempo que solicitó a los comisionados que la relatoría incluir en su informe, "un informe especial" sobre el tema de acceso a la información pública en Venezuela.
Osvaldo Cali, de Espacio Público, se refirió a las restricciones indirectas a la libertad de expresión. Adujo que persisten prácticas institucionales y burocráticas derivadas de una política estatal que limita el funcionamiento regular de los medios de comunicación, y con la cual afectan el derecho de la sociedad a informarse y participar activamente en la deliberación de asuntos públicos.
"Continúan los obstáculos para la compra de papel e insumos para prensa. La venta de papel es monopolizada por la Corporación Maneiro, la cual vende a libre discreción, con serias restricciones para medios críticos al gobierno. Entre enero y la primera quincena de octubre de 2015 cuatro medios han reducido el formato, dos retomaron su circulación con inventarios limitados y uno denunció escasez aguda que pone en peligro la circulación regular", detalló.
Cali tomó como ejemplo el caso del periódico El Carabobeño, fundado hace 80 años, tiempo durante el cual, dijo, ha impreso a un tamaño estándar con unas 50 páginas por edición, y que en febrero de 2015, ante la falta de papel, se vio obligado a reducir el tamaño a tabloide y luego, a mediados de año, tuvo que reducir una vez más su tamaño y publicar solo a 16 páginas. Aseguró que "son pocas las ocasiones" en que la corporación le ha vendido papel "como consecuencia de su línea crítica al gobierno nacional y regional" y que debido a esa situación pasaron de emplear a 400 personas de forma directa a 250, ya que, además, han tenido que recurrir al "mercado secundario" para comprar papel y eso encarece su costo.
También denunció que las planchas de impresión, repuestos y otros insumos son adquiridos a un precio 66 veces superior al establecido oficialmente, lo que ha llevado a la reducción de formato a al menos 10 impresos regionales en los últimos dos años.
En cuanto al espectro radioeléctrico, manifestó que la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión informó que el 80% de las emisoras afiliadas a esa institución tiene concesiones vencidas y está a la espera de su renovación, un porcentaje que traducido a número absolutos significa que 300 emisoras no han recibido respuesta del gobierno, y que algunos trámites tienen más de seis años.
"Esta situación constituye un mecanismo de presión indirecta sobre los medios de comunicación, los cuales entienden que de llevar una línea editorial crítica al gobierno nacional podrían no obtener la renovación de la concesión necesaria", remarcó.
Sobre la publicidad estatal, advirtió que se utiliza como "forma de castigo y recompensa", y que en lo que va de 2015 la inversión acumulada es de aproximadamente 97 millones de dólares. "Esta medida beneficia desproporcionalmente a los medios afectos al partido del gobierno y afecta de manera directa la posibilidad de mantener medios independientes", agregó.
Marco Ruiz, periodista y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, cuestionó la opacidad en la venta de los más grandes e importantes medios de comunicación en Venezuela. "Solo podemos asegurar que quienes ahora dirigen y marcan sus líneas editoriales están muy cercanos al oficialismo y permanentemente intentan favorecerlo con las versiones que publican", dijo, y afirmó que esas ventan han conllevado una reducción de los espacios para la pluralidad y para el debate, ya que cada vez son más las voces y los sectores cuyos planteamientos son sacados de las páginas de los diarios cuando los reporteros los han podido reseñar.
"Es un hecho, además, que se suma a la cadena de irrespetos al fuero profesional de los periodistas. Los venezolanos no están siendo informados por los medios de comunicación. Estos han dejado de lado su responsabilidad social y han tomado como prioridad la defensa de espacios de poder y de intereses de grupos particulares", aseguró.
Como ejemplo de lo que sucede, reseñó cuatro noticias en las que de una u otra manera se censuró la publicación de contenido. Manifestó que el pasado 15 de enero el diario El Universal sacó de sus páginas la reacción del Gobierno chileno ante las declaraciones que en su contra emitieron funcionarios venezolanos, y que ese mismo día se suprimieron las declaraciones del excandidato presidencial Henrique Capriles quien, indicó, está vetado en todos los medios de comunicación. Además, recordó que la visita de los expresidentes Andrés Pastrana y Sebastián Piñera a la cárcel donde está privado de libertad Leopoldo López tampoco pudo imprimirse en enero de este año.
"Cualquier información cuyo contenido plantee un cuestionamiento, una crítica a la gestión gubernamental, indistintamente de la necesidad ciudadana... es susceptible de ser censurada. Los registros civiles en Caracas están paralizados. Los insumos básicos, como papel, tóner e impresoras desaparecieron y este hecho fue ocultado por Ultimas Noticias el 8 de este mismo mes", dijo.
Por último, reseño una serie de eventos sobre coberturas noticiosas en donde los periodistas y camarógrafos han sido objeto de vejámenes, como golpes y detenciones y sobre los cuales, reiteró, se mantiene una total impunidad. "Ni uno solo de los casos denunciados en el Ministerio Público ha conocido justicia lo cual es grave por no contribuir a que cesen estas acciones delictivas que vulneran tantísimos derechos fundamentales", alegó.
Marianela Valvi, del Instituto de Prensa y Sociedad, presentó un video relacionado con la demanda interpuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, contra los medios Tal Cual, La Patilla y El Nacional, tras lo cual manifestó que los procedimientos judiciales contra periodistas, medios y activistas de derechos humanos se incrementaron en el gobierno de Nicolás Maduro.
"La mayoría de estas acciones judiciales se acompañaron con medidas de censura que prohíben la cobertura sobre violencia, criminalidad y corrupción. De 64 acciones legales que registró el Instituto entre 2002 y 2015, 29 corresponden a delitos de difamación e injuria en los que se ha afectado a 36 personas. Más de la mitad de estos afectados corresponde a los 22 directivos de El Nacional, Tal Cual y La Patilla... En este caso, las medidas judiciales han sido desproporcionadas", enfatizó.
IPIS Venezuela insistió en la necesidad de que el Estado inicie un proceso de revisión legislativa, a fin de que se eliminen las normativas que avalan los delitos penales por difamación e injuria en Venezuela, los cuales, aseguró, han sido utilizados por altos funcionarios de Estado para castigar a periodistas y medios de comunicación que han presentado denuncias y han revelado hechos de corrupción, criminalidad y violencia
Tinedo Guía, del Consejo Nacional de Periodismo, hizo cuatro peticiones al Estado venezolano:
Asimismo, pidió a la CIDH:
RESPUESTA A CUESTIONAMIENTOS
William Castillo, quien se identificó como periodista y director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y formaba parte de la delegación del Estado venezolano, a su turno, respondió a los cuestionamientos de las organizaciones.
Sobre el tema del papel, señaló que "hoy, 75% de los periódicos recibe papel en Venezuela", y cuestionó que se acudiera a esa instancia a defender un periódico u otro, "porque distorsiona el trabajo de DD.HH. cuando se hace representación corporativa en organismos internacionales".
Y luego atacó al editor general del diario El Nacional, uno de los demandados por Cabello por reproducir una información del diario ABC de España, que publicó su supuesta relación con un cartel militar del narcotráfico: "En todo caso, ustedes tienen una fuente muy importante para hablar de ese tema, como es Miguel Enrique Otero, editor de El Nacional y revendedor de periódicos a precios especulativos y en dólares a periódicos venezolanos... Lamento no poder ahondar y simplemente diría que el negocio de los periódicos es la información, no el papel".
"Hablaron de mercado secundario, sí, mercado secundario asociado creado en buena medida por monopolios del papel asociados a medios de impresión y a diarios de circulación nacional", añadió.
Sobre el espectro radioeléctrico, enfatizó en que el problema no es que algunas estén vencidas, sino que en Venezuela existe un régimen de concesiones. "10 o 15 años antes de 1998 o antes mejor dicho del año 2000, cuando se dio la ley de telecomunicaciones, las concesiones eran entregadas a dedo, no existía un régimen de concesiones... Se entregaban por intereses políticos, ustedes lo saben bien…", indicó.
Miguel Enrique Otero
El Nacional
"Se violaba sistemáticamente la libertad de expresión y se cerraban medios por órdenes de Miraflores, del Palacio presidencial, eso no ocurre en Venezuela, en Venezuela no ha sido cerrado ningún medio de comunicación en 15 años, ... Así que el régimen de concesiones no se utiliza en Venezuela ni ha sido utilizado, las radios se vendieron, se alquilaron, se entregaron, hay radios que están solicitando concesión y no están funcionando, hay radios que tienen operadores que no se sabe quiénes son, operan desde el extranjero, las venden en el extranjero, las venden en divisas, y después aparecen dando una cifra sobre supuestas concesiones no renovadas. Pero entendemos que hay que revisar profundamente y reordenar el espectro radioeléctrico y es un compromiso del Estado", argumentó Castillo.
Dijo que el tema de la venta de los medios es un asunto privado y que no es el Estado el que tiene que responder sobre eso, que le pregunten a Alberto Federico Rabel a quiénes le vendieron Globovisión.
El funcionario se mostró de acuerdo con la denuncia de que los medios no están informando en Venezuela, pero la desvió diciendo que "hoy informan peor, porque los medios se hicieron parte del debate político, se alinean a intereses políticos, titulan y generan líneas de redacción con base a eso, mienten descaradamente". Y aquí volvió a referirse a Miguel Enrique Otero, a quien, dijo, deben preguntarle por qué sacó una edición especial la tarde del 11 de abril de 2002 donde decía "La batalla final será en Miraflores". También pidió que le pregunte a Teodoro Petkoff, fundador de Tal Cual, que escribió "Chao Hugo", o al dueño de Venevisión, donde "se reunieron todos los actores políticos que dieron el golpe de Estado de 2002, cómo se diseñó el golpe de Estado, el primer golpe mediático de la historia. Pregúntele a los medios para que asuman su responsabilidad ante esta Comisión, ante el país, ante los ciudadanos, ante los periodistas", remarcó.
Castillo también dio cifras sobre el mercado. Precisó que el 60% del espectro radioeléctrico lo controlan las empresas y que tienen el 54% de las concesiones en televisión abierta; que controlan el 70% de la capacidad de emisión y tienen el 80% de las audiencias.
Reveló que hay 7 millones de suscriptores de televisión por cable y satelital distribuidos en 200 operadoras autorizadas por el Estado. "Tenemos casi 30 millones de habitantes y más de 30 millones de líneas móviles. Somos el país que per cápita utiliza más la red social Twitter, la red social FB, tenemos 62% de penetración de la internet, tenemos 92% de la telefonía fija, hay más de 200 publicaciones y diarios impresos que publican, con dificultades, porque las tenemos todos en el país".
¿Qué estado que esté haciendo esto puede decirse que esté creando un sistema para restringir, para abolir, para eliminar la libertad de expresión? Yo los invito a reflexionar, invito a esta Comisión a informarse, invito a esta Comisión a ser más responsable, invito a los peticionarios a un debate en Venezuela sobre estos temas, concluyó.
Vea aquí la audiencia completa.
Durante su participación, el relator para la libertad de expresión, Edison Lanza, dijo que si hay apertura le gustaría realizar una visita a Venezuela para constatar en el terreno la situación de este derecho fundamental y que el Estado tuviera a bien aceptar la visita, para poder dialogar con las organizaciones y las autoridades.
DUEÑO DE 'EL NACIONAL' REACCIONA
El diario El Nacional publicó hoy la reacción del presidente editor, Miguel Henrique Otero, quien aseguró que William Castillo miente al afirmar que al periódico no se le autorizan divisas para la importación de papel prensa porque la empresa negocia la materia prima con terceros. Afirmó que Castillo maneja “la plataforma de extorsión más brutal que tiene el Gobierno venezolano” y que a través de ese mecanismo se amenaza a más de 800 estaciones de radio del país y que a televisoras como Globovision, Televen y casi todas las televisoras regionales no les son renovadas sus concesiones.
“Castillo sistemáticamente presiona a esta masa de medios de comunicación para que no reflejen la crisis económica, no reseñen las increíbles colas en los automercados, no hagan mención de funcionarios corruptos en el país del mundo donde los índices de corrupción son más que alarmantes, no difundan la realidad de la inseguridad personal cuyas cifras son récord mundial, y muchas cosas más”, explicó Otero al diario.
El empresario también defendió la labor que hace su medio. "Tiene en abundancia profesionalismo, ganas de informar, ética, muchísimos reconocimientos internacionales, pero si hay algo que le falta es papel, una manera más de castigar al periódico”.
