El gobierno venezolano ha perseguido a quienes criticaron sus ineficientes esfuerzos para abordar la grave crisis de escasez de medicamentos esenciales y comida que existe en el país, señaló Human Rights Watch en un informe difundido este lunes 24 de octubre.
Los gobiernos regionales deberían ejercer presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro para que adopte medidas inmediatas que aborden adecuadamente la profunda crisis humanitaria que enfrenta el país, incluyendo la búsqueda de alternativas para obtener mayor asistencia internacional.
El informe de 82 páginas, titulado “Crisis humanitaria en Venezuela: La inadecuada y represiva respuesta del gobierno ante la grave escasez de medicinas, insumos y alimentos”, documenta que la escasez ha generado enormes dificultades para que muchos venezolanos puedan obtener atención médica esencial o cubrir las necesidades básicas de su familia. El gobierno venezolano le ha restado importancia a la gravedad de la crisis. Aunque sus propias acciones para reducir la escasez no han tenido resultados satisfactorios, ha realizado gestiones limitadas para conseguir ayuda humanitaria internacional que podría estar disponible inmediatamente. A su vez, ha intimidado y castigado a críticos, incluidos profesionales de la salud, defensores de derechos humanos y ciudadanos de a pie que cuestionaron el desabastecimiento.
“El gobierno venezolano se ha esmerado más en negar que existe una crisis humanitaria, que en trabajar para resolverla”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Su inacción ha contribuido al sufrimiento de muchísimos venezolanos, para quienes es muy difícil obtener acceso a atención de salud básica y a una nutrición adecuada”.
El gobierno venezolano ha negado enfáticamente que la situación de escasez tenga las proporciones de una crisis.
En aquellas ocasiones en que las autoridades admitieron que existe escasez, han sostenido que se debe a una “guerra económica” librada por la oposición política, el sector privado y gobiernos extranjeros. El gobierno no ha aportado evidencias para sustentar estos señalamientos.
Human Rights Watch entrevistó a más de 100 personas sobre la situación humanitaria en junio de 2016 en Caracas, la capital del país, y en seis estados —Aragua, Carabobo, Lara, Táchira, Trujillo y Zulia— y realizó entrevistas de seguimiento por teléfono y otros medios. Los representantes de Human Rights Watch visitaron ocho hospitales públicos, un centro de salud en la frontera con Colombia y una fundación que brinda atención de salud. Human Rights Watch entrevistó a personas que hacían colas en varios lugares para intentar comprar productos sujetos a control de precios, así como a proveedores de la salud, personas que procuraban recibir atención médica, personas que habían sido detenidas en relación con protestas por el desabastecimiento, defensores de derechos humanos y expertos en salud pública.
La escasez de medicamentos básicos y otros insumos médicos cruciales ha llevado a un drástico deterioro de la calidad y la seguridad de la atención en salud durante los dos últimos años, señaló Human Rights Watch. Diversos médicos y pacientes sostuvieron que existe una grave escasez en el país—y, en algunos casos, un desabastecimiento total— de medicamentos básicos como antibióticos y analgésicos. Entre los insumos que faltaban o escaseaban en hospitales públicos se incluían guantes estériles, gaza y alcohol de uso médico.
Una encuesta realizada en agosto de 2016 por una red de más de 200 médicos determinó que, en el 76% de los hospitales públicos donde trabajaban, no contaban con los medicamentos básicos que, según la red, deberían estar disponibles en cualquier hospital público en funcionamiento.
Usualmente, las personas con urgencias o que presentaban condiciones de salud crónicas, como cáncer, hipertensión, diabetes y epilepsia, así como pacientes con trasplantes de órganos, describieron las dificultades que enfrentaron para encontrar medicamentos básicos. Los medicamentos a menudo no están disponibles en farmacias públicas ni privadas, si se compran en el extranjero tienen un costo prohibitivo, y en el mercado negro no se consiguen o tienen un precio tan elevado que resultan prácticamente inaccesibles. Además, no existe ninguna garantía de la calidad de aquellas medicinas que se consiguen en el mercado negro.
La “angustia, esa incertidumbre es un estrés diario”, aseveró la madre de una niña de 9 años de edad con diabetes en alusión a sus intentos por conseguir los medicamentos que necesita su hija.
La tasa de mortalidad materna informada por el Ministerio de Salud venezolano para los primeros cinco meses de 2016 fue un 79% más elevada que la indicada en las estadísticas oficiales disponibles más recientes, correspondientes a 2009. La tasa de mortalidad infantil de 2016 fue un 45% más alta que la de 2013. Varios profesionales de la salud dijeron a Human Rights Watch que la escasez de productos médicos y las condiciones insalubres en las salas de parto de los hospitales son factores que contribuyen considerablemente a esas estadísticas.
Human Rights Watch comprobó que muchos venezolanos tienen cada vez mayores dificultades para tener una alimentación adecuada, sobre todo aquellas familias con ingresos bajos o medios que dependen de productos sujetos a controles de precios establecidos por el gobierno. En algunos mercados hay alimentos e incluso artículos de lujo, pero se venden a precios que muchas personas no pueden pagar.
Según pudieron observar profesionales de Human Rights Watch, las personas deben formar largas filas cada vez que los supermercados reciben productos regulados. Diversas personas que esperaban en las filas dijeron que intentaban comprar artículos como arroz, pasta, harina, pañales, pasta dental y papel higiénico. Muchas veces, los supermercados se quedaban sin productos regulados mucho antes de haber atendido a todas las personas que estaban en la fila.
Una encuesta llevada a cabo en 2015 por organizaciones independientes y dos prestigiosas universidades venezolanas concluyó que el 87% de las mil 488 personas encuestadas en 21 ciudades del país —en su mayoría pertenecientes a familias con bajos ingresos— dijeron tener dificultades para comprar alimentos. El 12% señaló que solamente comían una o dos veces por día.
Diversos académicos de salud pública han asociado la inseguridad alimentaria en distintos países latinoamericanos con graves problemas de salud física y mental entre adultos, y escaso crecimiento y desarrollo socioemocional y cognitivo en niños. En Venezuela, varios médicos, representantes de distintas comunidades y padres manifestaron a Human Rights Watch que estaban comenzando a advertir síntomas de malnutrición, especialmente en niños.
El discurso oficial acerca de la existencia de una “guerra económica” le ha servido al gobierno para intentar justificar el empleo de tácticas autoritarias para intimidar y castigar a críticos. El gobierno ha arremetido contra profesionales médicos que expresaron su preocupación por la situación de escasez, amenazándolos con apartarlos de sus cargos en hospitales públicos. También ha amenazado con interrumpir el financiamiento internacional de organizaciones de derechos humanos. Y ha respondido tanto a marchas organizadas como a manifestaciones espontáneas por la escasez con violentas golpizas, detenciones y prohibiciones injustificables a participar en protestas. Algunas personas han sido juzgadas en tribunales militares, lo cual constituye una violación de su derecho a un juicio justo.
El gobierno venezolano debería adoptar medidas inmediatas y urgentes para articular e implementar políticas eficaces contra la crisis, incluso buscando asistencia humanitaria internacional, sostuvo Human Rights Watch. El gobierno también debería dejar de intimidar y castigar a sus críticos. Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deberían realizar un seguimiento atento y constante de la situación, hasta que el gobierno venezolano muestre resultados en sus acciones para responder a la crisis política y humanitaria. Los organismos humanitarios de las Naciones Unidas deberían publicar una evaluación independiente del alcance y el impacto de la escasez, así como de las medidas que se necesitan para abordarlos.
“Sin una firme presión internacional, sobre todo de la región, es altamente improbable que el gobierno de Maduro tome medidas para enfrentar la crisis humanitaria que sufre Venezuela, y, tal caso, sus gravísimas consecuencias sólo se agravarán”, manifestó Vivanco.
El gobierno venezolano ha perseguido a quienes criticaron sus ineficientes esfuerzos para abordar la grave crisis de escasez de medicamentos esenciales y comida que existe en el país, señaló Human Rights Watch en un informe difundido este lunes 24 de octubre.
Los gobiernos regionales deberían ejercer presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro para que adopte medidas inmediatas que aborden adecuadamente la profunda crisis humanitaria que enfrenta el país, incluyendo la búsqueda de alternativas para obtener mayor asistencia internacional.
El informe de 82 páginas, titulado “Crisis humanitaria en Venezuela: La inadecuada y represiva respuesta del gobierno ante la grave escasez de medicinas, insumos y alimentos”, documenta que la escasez ha generado enormes dificultades para que muchos venezolanos puedan obtener atención médica esencial o cubrir las necesidades básicas de su familia. El gobierno venezolano le ha restado importancia a la gravedad de la crisis. Aunque sus propias acciones para reducir la escasez no han tenido resultados satisfactorios, ha realizado gestiones limitadas para conseguir ayuda humanitaria internacional que podría estar disponible inmediatamente. A su vez, ha intimidado y castigado a críticos, incluidos profesionales de la salud, defensores de derechos humanos y ciudadanos de a pie que cuestionaron el desabastecimiento.
“El gobierno venezolano se ha esmerado más en negar que existe una crisis humanitaria, que en trabajar para resolverla”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Su inacción ha contribuido al sufrimiento de muchísimos venezolanos, para quienes es muy difícil obtener acceso a atención de salud básica y a una nutrición adecuada”.
El gobierno venezolano ha negado enfáticamente que la situación de escasez tenga las proporciones de una crisis.
En aquellas ocasiones en que las autoridades admitieron que existe escasez, han sostenido que se debe a una “guerra económica” librada por la oposición política, el sector privado y gobiernos extranjeros. El gobierno no ha aportado evidencias para sustentar estos señalamientos.
Human Rights Watch entrevistó a más de 100 personas sobre la situación humanitaria en junio de 2016 en Caracas, la capital del país, y en seis estados —Aragua, Carabobo, Lara, Táchira, Trujillo y Zulia— y realizó entrevistas de seguimiento por teléfono y otros medios. Los representantes de Human Rights Watch visitaron ocho hospitales públicos, un centro de salud en la frontera con Colombia y una fundación que brinda atención de salud. Human Rights Watch entrevistó a personas que hacían colas en varios lugares para intentar comprar productos sujetos a control de precios, así como a proveedores de la salud, personas que procuraban recibir atención médica, personas que habían sido detenidas en relación con protestas por el desabastecimiento, defensores de derechos humanos y expertos en salud pública.
La escasez de medicamentos básicos y otros insumos médicos cruciales ha llevado a un drástico deterioro de la calidad y la seguridad de la atención en salud durante los dos últimos años, señaló Human Rights Watch. Diversos médicos y pacientes sostuvieron que existe una grave escasez en el país—y, en algunos casos, un desabastecimiento total— de medicamentos básicos como antibióticos y analgésicos. Entre los insumos que faltaban o escaseaban en hospitales públicos se incluían guantes estériles, gaza y alcohol de uso médico.
Una encuesta realizada en agosto de 2016 por una red de más de 200 médicos determinó que, en el 76% de los hospitales públicos donde trabajaban, no contaban con los medicamentos básicos que, según la red, deberían estar disponibles en cualquier hospital público en funcionamiento.
Usualmente, las personas con urgencias o que presentaban condiciones de salud crónicas, como cáncer, hipertensión, diabetes y epilepsia, así como pacientes con trasplantes de órganos, describieron las dificultades que enfrentaron para encontrar medicamentos básicos. Los medicamentos a menudo no están disponibles en farmacias públicas ni privadas, si se compran en el extranjero tienen un costo prohibitivo, y en el mercado negro no se consiguen o tienen un precio tan elevado que resultan prácticamente inaccesibles. Además, no existe ninguna garantía de la calidad de aquellas medicinas que se consiguen en el mercado negro.
La “angustia, esa incertidumbre es un estrés diario”, aseveró la madre de una niña de 9 años de edad con diabetes en alusión a sus intentos por conseguir los medicamentos que necesita su hija.
La tasa de mortalidad materna informada por el Ministerio de Salud venezolano para los primeros cinco meses de 2016 fue un 79% más elevada que la indicada en las estadísticas oficiales disponibles más recientes, correspondientes a 2009. La tasa de mortalidad infantil de 2016 fue un 45% más alta que la de 2013. Varios profesionales de la salud dijeron a Human Rights Watch que la escasez de productos médicos y las condiciones insalubres en las salas de parto de los hospitales son factores que contribuyen considerablemente a esas estadísticas.
Human Rights Watch comprobó que muchos venezolanos tienen cada vez mayores dificultades para tener una alimentación adecuada, sobre todo aquellas familias con ingresos bajos o medios que dependen de productos sujetos a controles de precios establecidos por el gobierno. En algunos mercados hay alimentos e incluso artículos de lujo, pero se venden a precios que muchas personas no pueden pagar.
Según pudieron observar profesionales de Human Rights Watch, las personas deben formar largas filas cada vez que los supermercados reciben productos regulados. Diversas personas que esperaban en las filas dijeron que intentaban comprar artículos como arroz, pasta, harina, pañales, pasta dental y papel higiénico. Muchas veces, los supermercados se quedaban sin productos regulados mucho antes de haber atendido a todas las personas que estaban en la fila.
Una encuesta llevada a cabo en 2015 por organizaciones independientes y dos prestigiosas universidades venezolanas concluyó que el 87% de las mil 488 personas encuestadas en 21 ciudades del país —en su mayoría pertenecientes a familias con bajos ingresos— dijeron tener dificultades para comprar alimentos. El 12% señaló que solamente comían una o dos veces por día.
Diversos académicos de salud pública han asociado la inseguridad alimentaria en distintos países latinoamericanos con graves problemas de salud física y mental entre adultos, y escaso crecimiento y desarrollo socioemocional y cognitivo en niños. En Venezuela, varios médicos, representantes de distintas comunidades y padres manifestaron a Human Rights Watch que estaban comenzando a advertir síntomas de malnutrición, especialmente en niños.
El discurso oficial acerca de la existencia de una “guerra económica” le ha servido al gobierno para intentar justificar el empleo de tácticas autoritarias para intimidar y castigar a críticos. El gobierno ha arremetido contra profesionales médicos que expresaron su preocupación por la situación de escasez, amenazándolos con apartarlos de sus cargos en hospitales públicos. También ha amenazado con interrumpir el financiamiento internacional de organizaciones de derechos humanos. Y ha respondido tanto a marchas organizadas como a manifestaciones espontáneas por la escasez con violentas golpizas, detenciones y prohibiciones injustificables a participar en protestas. Algunas personas han sido juzgadas en tribunales militares, lo cual constituye una violación de su derecho a un juicio justo.
El gobierno venezolano debería adoptar medidas inmediatas y urgentes para articular e implementar políticas eficaces contra la crisis, incluso buscando asistencia humanitaria internacional, sostuvo Human Rights Watch. El gobierno también debería dejar de intimidar y castigar a sus críticos. Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deberían realizar un seguimiento atento y constante de la situación, hasta que el gobierno venezolano muestre resultados en sus acciones para responder a la crisis política y humanitaria. Los organismos humanitarios de las Naciones Unidas deberían publicar una evaluación independiente del alcance y el impacto de la escasez, así como de las medidas que se necesitan para abordarlos.
“Sin una firme presión internacional, sobre todo de la región, es altamente improbable que el gobierno de Maduro tome medidas para enfrentar la crisis humanitaria que sufre Venezuela, y, tal caso, sus gravísimas consecuencias sólo se agravarán”, manifestó Vivanco.
El gobierno venezolano ha perseguido a quienes criticaron sus ineficientes esfuerzos para abordar la grave crisis de escasez de medicamentos esenciales y comida que existe en el país, señaló Human Rights Watch en un informe difundido este lunes 24 de octubre. Los gobiernos regionales deberían ejercer presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro para que adopte medidas inmediatas que aborden adecuadamente la profunda crisis humanitaria que enfrenta el país, incluyendo la búsqueda de alternativas para obtener mayor asistencia internacional.
El informe de 82 páginas, titulado “Crisis humanitaria en Venezuela: La inadecuada y represiva respuesta del gobierno ante la grave escasez de medicinas, insumos y alimentos”, documenta que la escasez ha generado enormes dificultades para que muchos venezolanos puedan obtener atención médica esencial o cubrir las necesidades básicas de su familia. El gobierno venezolano le ha restado importancia a la gravedad de la crisis. Aunque sus propias acciones para reducir la escasez no han tenido resultados satisfactorios, ha realizado gestiones limitadas para conseguir ayuda humanitaria internacional que podría estar disponible inmediatamente. A su vez, ha intimidado y castigado a críticos, incluidos profesionales de la salud, defensores de derechos humanos y ciudadanos de a pie que cuestionaron el desabastecimiento.“El gobierno venezolano se ha esmerado más en negar que existe una crisis humanitaria, que en trabajar para resolverla”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Su inacción ha contribuido al sufrimiento de muchísimos venezolanos, para quienes es muy difícil obtener acceso a atención de salud básica y a una nutrición adecuada”. El gobierno venezolano ha negado enfáticamente que la situación de escasez tenga las proporciones de una crisis. En aquellas ocasiones en que las autoridades admitieron que existe escasez, han sostenido que se debe a una “guerra económica” librada por la oposición política, el sector privado y gobiernos extranjeros. El gobierno no ha aportado evidencias para sustentar estos señalamientos.
Human Rights Watch entrevistó a más de 100 personas sobre la situación humanitaria en junio de 2016 en Caracas, la capital del país, y en seis estados —Aragua, Carabobo, Lara, Táchira, Trujillo y Zulia— y realizó entrevistas de seguimiento por teléfono y otros medios. Los representantes de Human Rights Watch visitaron ocho hospitales públicos, un centro de salud en la frontera con Colombia y una fundación que brinda atención de salud. Human Rights Watch entrevistó a personas que hacían colas en varios lugares para intentar comprar productos sujetos a control de precios, así como a proveedores de la salud, personas que procuraban recibir atención médica, personas que habían sido detenidas en relación con protestas por el desabastecimiento, defensores de derechos humanos y expertos en salud pública.
La escasez de medicamentos básicos y otros insumos médicos cruciales ha llevado a un drástico deterioro de la calidad y la seguridad de la atención en salud durante los dos últimos años, señaló Human Rights Watch. Diversos médicos y pacientes sostuvieron que existe una grave escasez en el país—y, en algunos casos, un desabastecimiento total— de medicamentos básicos como antibióticos y analgésicos. Entre los insumos que faltaban o escaseaban en hospitales públicos se incluían guantes estériles, gaza y alcohol de uso médico.
Una encuesta realizada en agosto de 2016 por una red de más de 200 médicos determinó que, en el 76% de los hospitales públicos donde trabajaban, no contaban con los medicamentos básicos que, según la red, deberían estar disponibles en cualquier hospital público en funcionamiento.
Usualmente, las personas con urgencias o que presentaban condiciones de salud crónicas, como cáncer, hipertensión, diabetes y epilepsia, así como pacientes con trasplantes de órganos, describieron las dificultades que enfrentaron para encontrar medicamentos básicos. Los medicamentos a menudo no están disponibles en farmacias públicas ni privadas, si se compran en el extranjero tienen un costo prohibitivo, y en el mercado negro no se consiguen o tienen un precio tan elevado que resultan prácticamente inaccesibles. Además, no existe ninguna garantía de la calidad de aquellas medicinas que se consiguen en el mercado negro.
La “angustia, esa incertidumbre es un estrés diario”, aseveró la madre de una niña de 9 años de edad con diabetes en alusión a sus intentos por conseguir los medicamentos que necesita su hija.
La tasa de mortalidad materna informada por el Ministerio de Salud venezolano para los primeros cinco meses de 2016 fue un 79% más elevada que la indicada en las estadísticas oficiales disponibles más recientes, correspondientes a 2009. La tasa de mortalidad infantil de 2016 fue un 45% más alta que la de 2013. Varios profesionales de la salud dijeron a Human Rights Watch que la escasez de productos médicos y las condiciones insalubres en las salas de parto de los hospitales son factores que contribuyen considerablemente a esas estadísticas.
Human Rights Watch comprobó que muchos venezolanos tienen cada vez mayores dificultades para tener una alimentación adecuada, sobre todo aquellas familias con ingresos bajos o medios que dependen de productos sujetos a controles de precios establecidos por el gobierno. En algunos mercados hay alimentos e incluso artículos de lujo, pero se venden a precios que muchas personas no pueden pagar.
Según pudieron observar profesionales de Human Rights Watch, las personas deben formar largas filas cada vez que los supermercados reciben productos regulados. Diversas personas que esperaban en las filas dijeron que intentaban comprar artículos como arroz, pasta, harina, pañales, pasta dental y papel higiénico. Muchas veces, los supermercados se quedaban sin productos regulados mucho antes de haber atendido a todas las personas que estaban en la fila.
Una encuesta llevada a cabo en 2015 por organizaciones independientes y dos prestigiosas universidades venezolanas concluyó que el 87% de las mil 488 personas encuestadas en 21 ciudades del país —en su mayoría pertenecientes a familias con bajos ingresos— dijeron tener dificultades para comprar alimentos. El 12% señaló que solamente comían una o dos veces por día.
Diversos académicos de salud pública han asociado la inseguridad alimentaria en distintos países latinoamericanos con graves problemas de salud física y mental entre adultos, y escaso crecimiento y desarrollo socioemocional y cognitivo en niños. En Venezuela, varios médicos, representantes de distintas comunidades y padres manifestaron a Human Rights Watch que estaban comenzando a advertir síntomas de malnutrición, especialmente en niños.
El discurso oficial acerca de la existencia de una “guerra económica” le ha servido al gobierno para intentar justificar el empleo de tácticas autoritarias para intimidar y castigar a críticos. El gobierno ha arremetido contra profesionales médicos que expresaron su preocupación por la situación de escasez, amenazándolos con apartarlos de sus cargos en hospitales públicos. También ha amenazado con interrumpir el financiamiento internacional de organizaciones de derechos humanos. Y ha respondido tanto a marchas organizadas como a manifestaciones espontáneas por la escasez con violentas golpizas, detenciones y prohibiciones injustificables a participar en protestas. Algunas personas han sido juzgadas en tribunales militares, lo cual constituye una violación de su derecho a un juicio justo.
El gobierno venezolano debería adoptar medidas inmediatas y urgentes para articular e implementar políticas eficaces contra la crisis, incluso buscando asistencia humanitaria internacional, sostuvo Human Rights Watch. El gobierno también debería dejar de intimidar y castigar a sus críticos. Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deberían realizar un seguimiento atento y constante de la situación, hasta que el gobierno venezolano muestre resultados en sus acciones para responder a la crisis política y humanitaria. Los organismos humanitarios de las Naciones Unidas deberían publicar una evaluación independiente del alcance y el impacto de la escasez, así como de las medidas que se necesitan para abordarlos.
“Sin una firme presión internacional, sobre todo de la región, es altamente improbable que el gobierno de Maduro tome medidas para enfrentar la crisis humanitaria que sufre Venezuela, y, tal caso, sus gravísimas consecuencias sólo se agravarán”, manifestó Vivanco.
