El gobierno venezolano replicó las declaraciones de John Kirby, vocero del Departamento de Estado estadounidense, quien consideró como un importante paso la instalación de la Asamblea Nacional venezolana, y solicitó la promoción de un diálogo en el país y la liberación de los presos políticos.
La canciller venezolana Delcy Rodríguez respondió que Estados Unidos incurre en prácticas violatorias del derecho internacional e interfiere en los asuntos internos del país suramericano.
Rodríguez rechazó los pronunciamientos del Departamento de Estado sobre Venezuela, y dijo en su cuenta de Twitter que Washington "no abandona sus prácticas ilegítimas y violatorias del Derecho Internacional en su injerencismo contra Venezuela".
"Exigimos respeto a Venezuela, país soberano, y recomendamos atender con urgencia los graves problemas de violencia racial en Estados Unidos", agregó.
Este martes, Kirby emitió un comunicado en el que felicitó a Venezuela por la instalación de la nueva Asamblea Nacional y manifestó preocupación por la controversia que existe por la decisión que tomó recientemente el Tribunal Supremo de Justicia de suspender la juramentación de cuatro diputados del estado sureño de Amazonas.
"Seguimos preocupados por la controversia que rodea la toma de posesión de algunos representantes electos y llamamos a una resolución de esta disputa de manera transparente y que refleje las preferencias de los votantes venezolanos", dijo Kirby en un comunicado.
También hizo un llamado a favor de la liberación de los que considera que están presos por sus creencias y actividades políticas.
Venezuela y Estados Unidos, a pesar de tener tensas relaciones desde hace varios años y estar sin embajador desde el 2010, mantienen un intenso intercambio comercial.
La Cancillería venezolana también objetó una declaración que hizo Costa Rica sobre la suspensión de la juramentación de cuatro congresistas, y dijo que era "insolente e inaceptable" la postura del gobierno centroamericano sobre ese tema.
Caracas consideró el comunicado de la Cancillería de Costa Rica sobre el caso de los cuatro diputados como "un acto inamistoso, que además evidencia cómo esa institución se presta de vasallo a intereses imperiales y subalternos de potencias extranjeras, de manera reiterada y sin sonrojo, contra un Estado latinoamericano".