Una investigación del periódico estadounidense The New York Times revela que al menos tres agencias de seguridad de México estarían espiando a periodistas, dirigentes opositores y activistas de derechos humanos utilizando el sistema informático israelí llamado Pegasus.
Se trata del mismo tipo de sistema informático comprado durante el gobierno de Ricardo Martinelli, por $8 millones, para espiar a unos 150 opositores en Panamá, de acuerdo con una investigación llevada a cabo por el Ministerio Público.
Por este caso, en la actualidad el expresidente Martinelli enfrenta un proceso de extradición a Panamá desde Miami (Estados Unidos), ciudad donde se encuentra detenido desde el pasado 12 de junio.
"Entre los blancos del programa (de espionaje) se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción; dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente. Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí", señala la investigación de The New York Times.
De acuerdo con la versión periodística, la empresa que fabrica el software es NSO Group, la misma que vendió el equipo a Panamá.
"Según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana", continúa la nota.
Sobre esta denuncia, funcionarios de seguridad mexicanos negaron espiar a periodistas y opositores.
"Como en cualquier régimen democrático, a fin de combatir el crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, el Gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia. El gobierno rechaza categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial", agrega la nota del medio.
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