Con penas de hasta 13 años de prisión por “menoscabar” la integridad nacional, Nicaragua finalizó los juicios contra 45 opositores al gobierno de Daniel Ortega, quien podría negociar liberaciones a cambio de retiro de sanciones internacionales.
Desde la periodista Cristiana Chamorro, de 68 años, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), hasta excamaradas de armas del Frente Sandinista de Ortega como Dora María Tellez, e incluso activistas y empresarios han sido condenados, ya sea con prisión efectiva o arresto domiciliario.
Eran 46 pero otro excompañero de armas y luego crítico de Ortega, Hugo Torres, murió en un hospital en febrero después de varios meses encarcelado en el penal El Chipote.
“Ortega cierra su ciclo de falsa legalidad que le quería dar a esto. Viene un espacio donde él va a querer negociar presos políticos a cambio de concesiones que vayan desde la supresión de las sanciones hasta otro tipo de concesiones que pueda pedir de la comunidad internacional”, dijo a la AFP el exdiputado opositor, Eliseo Núñez, en el exilio.
A excepción de Chamorro, a quien procesaron por lavar activos en la fundación que lleva el nombre de su madre, casi todos han sido juzgados en base a una ley de Defensa de la Soberanía de 2020 que castiga a quienes promueven sanciones, injerencias extranjeras y atentan contra la seguridad nacional.
Ortega los acusó de conspirar contra su gobierno con ayuda de Washington y en un momento deslizó la posibilidad de expulsarlos del país. Son “malévolos” y “ridículos diablos”, dijo la vicepresidenta y esposa del mandatario, Rosario Murillo, en febrero pasado cuando se iniciaron los juicios.
Para los familiares de los presos, la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea, las detenciones no respetaron la democracia y tuvieron motivaciones políticas.
Ocurrieron meses antes de las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado donde Ortega, un exguerrillero en el poder desde 2007, logró su cuarto mandato consecutivo.
Entre los detenidos estaban siete de sus posibles contrincantes, como Cristiana Chamorro, favorita en las encuestas, quien recibió ocho años de prisión domiciliar.
“Está sobradamente claro que los precandidatos fueron apresados para que no hubieran verdaderas elecciones”, consideró la exguerrillera Mónica Baltodano.
Los juicios contra los 45 opositores se realizaron a puertas cerradas en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de Managua, conocida como El Chipote, que familiares de los detenidos califican como celdas de “castigo” de máxima seguridad. Han reclamado por las consecuencias en su salud.
El Congreso, controlado por el oficialismo, anunció que evalúa aumentar las penas por estos delitos a 20 años.
“Los juicios estuvieron plagados de violaciones a las garantías más básicas del debido proceso. Se trata de la culminación de un dictadura brutal”, sostuvo Juan Pappier, de la división de las Américas de Human Rights Watch.
Estados Unidos aplicó sanciones a 46 personas y nueve entidades en Nicaragua desde diciembre de 2017, incluidas a varios miembros del clan Ortega Murillo. Además, revocó el visado a más de 280 nicaragüenses.
Pese a la tensa relación, Emily Mendrala, subsecretaria adjunta para las Américas en el Departamento de Estado, dijo el lunes pasado que la administración de Joe Biden mantiene “un rango de comunicación bilateral” con Managua y sigue “presionando por la liberación de los presos políticos”.
Según el grupo Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticos, en Nicaragua hay 182 opositores presos, entre ellos los detenidos a raíz de las protestas contra el gobierno en 2018, reprimidas con violencia, y los arrestados en 2021.
“Ahora que terminó el ciclo de juicios es que él va a empezar a negociar realmente con los presos como moneda de cambio. Él va a buscar [una negociación] directamente con Estados Unidos”, consideró el exdiputado Núñez.
“El planteamiento de Ortega es que todo vuelva a la normalidad con solo soltar a los presos políticos, ni siquiera es [liberar] los 180 y tanto [en total], sino a estos 40 y tanto [del año pasado], y que reconozcan su gobierno, le quiten las sanciones”, agregó.
Las últimas sentencias fueron el martes pasado contra los exdirigentes empresariales Michael Healy (13 años) y Álvaro Vargas (9 años), anunció el independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que documentó los procesos ante la ausencia de información oficial.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) criticó la represión del gobierno contra las manifestaciones sociales de 2018.
Según Baltodano, las detenciones permitieron a Ortega “construir un bolsón de personalidades: defensores de derechos humanos, analistas políticos, directores de organizaciones sociales”.
Eso le permitió “construir un contingente para negociar la eliminación de sanciones al círculo cercano de la pareja gobernante: sus hijos y familiares”.
