Amnistía Internacional (AI) urgió este jueves a Perú y Chile a poner fin a la militarización de sus fronteras y acusó a los presidentes de ambos países de decretar “políticas crueles y deshumanizadoras que violan las normas internacionales” para la protección de migrantes y refugiados.
“Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por la situación de precariedad absoluta en la que se encuentran estas personas (migrantes) como resultado de políticas crueles y deshumanizadoras, que violan las normas internacionales y leyes de Perú y Chile para la protección de personas en necesidad de protección internacional”, sostuvo la organización en un comunicado.
AI estimó que al menos 300 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad venezolana y haitiana, se encuentran varadas en la frontera entre ambos países “en una situación humanitaria crítica, sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria en el desierto conocido por sus condiciones extremas”.
Recordó que, desde comienzos de 2023, el Gobierno chileno ha desplegado efectivos militares a sus fronteras con Bolivia y Perú con el fin de detener la llegada de personas indocumentadas al país y que “el cierre de la frontera ha provocado fuertes tensiones en las últimas semanas”.
El Gobierno peruano, por su parte, declaró desde este jueves un estado de emergencia en siete departamentos fronterizos, entre ellos Tacna, colindante con Chile.
“Estas medidas fueron adoptadas en un contexto de creciente estigmatización y xenofobia, y discusiones legislativas que buscan criminalizar la migración irregular”, señaló la organización.
La directora de AI para las Américas, Erika Guevara, aseveró que “al militarizar y cerrar la puerta a miles de personas que huyen de masivas violaciones de derechos humanos en sus países de origen, los gobiernos de (Gabriel) Boric (Chile) y (Dina) Boluarte (Perú) están agravando inútilmente la situación, convirtiéndola en una crisis humanitaria que aumenta el riesgo para la vida y seguridad de estas personas”.
La organización insistió, en esa línea, que “los gobiernos de Chile y Perú están obligados a proveer de protección y garantizar el derecho a solicitar asilo” a las personas en necesidad de protección internacional, “de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por ambos países e incorporados en su legislación”.
“Cuando los Estados acuden a medidas unilaterales contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, generan un efecto domino. En lugar de acudir a este tipo de medidas que castigan a quienes buscan la protección internacional y una mejor condición de vida, Chile y Perú deberían de cooperar para brindar una respuesta humanitaria y centrada en los derechos humanos”, dijo Guevara.
AI indicó que, para hacer frente a la crisis, es fundamental que las autoridades de ambos países reactiven y adecuen sus sistemas de recepción de solicitudes de asilo de manera inmediata.
De acuerdo a la plataforma R4V, más de 7.2 millones de personas venezolanas han tenido que salir de su país en los últimos años, huyendo de crímenes de lesa humanidad, violaciones masivas a sus derechos humanos y una crisis humanitaria compleja.
Aproximadamente 1.5 millones de ellas se encuentran en Perú, que es el segundo país receptor de venezolanos después de Colombia, y 444,000 en Chile.
