El 21 de agosto pasado la empresaria Victoria Cárdenas Lacayo, esposa del director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica (AC), Juan Sebastián Chamorro, recibió una inusual amenaza de cárcel en su casa de habitación. Un abogado de la Alcaldía de Managua le notificó que una juez la había declarado rebelde y ordenado su captura en un juicio penal donde la pretenden “extorsionar” para que pague casi 9.5 millones de córdobas en impuestos municipales.
El abogado Ricardo Ramírez Mcnally, en representación de la Alcaldía, le advirtió en una notificación que si no se presenta a pagar “se estará procediendo a ejecutar por la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional orden de allanamiento y captura girada en su contra”.
“Es obvio que el actuar y las posiciones de mi marido Juan Sebastián Chamorro han sido determinantes en esta acusación injusta. Nosotras no nos dejaremos intimidar”, dijo Cárdenas a La Prensa en su casa de habitación donde teme que se haga efectiva la amenaza de encarcelarla.
Empresaria niega deberle C$9.5 millones a Alcaldía
La empresaria niega rotundamente deberle los 9.5 millones de córdobas a la Alcaldía de Managua y advierte que la comuna en un afán por recaudar fondos está procediendo contra el sector privado, pues “es público que están amenazando a los empresarios con encarcelarlos si no pagan los reparos que arbitrariamente imponen a los contribuyentes”.
Todo comenzó en diciembre de 2019 cuando la empresa Inmobiliaria Intermezzo, de la que Cárdenas, su hermana María Cárdenas y su mamá Victoria Lacayo son las dueñas, fue auditada por la Alcaldía de Managua que determinó que la empresa debía casi diez millones de córdobas en Impuestos Municipales de Ingresos (IMI) y otros tributos municipales, señalamientos que son refutados por la empresa.
“Es absolutamente falso que la sociedad haya tenido ingresos de 325 millones de córdobas entre 2017 y 2019. Como consecuencia le imponen a la sociedad un reparo exorbitante por 9,478,000 córdobas”, dijo Cárdenas.
“El reparo es absurdo, tomando en cuenta que la mayoría de los lotes se vendieron hace ya casi 13 años. Se trata de un cobro expropiatorio por falsos ingresos”, aseguró la empresaria.
Solvencia municipal de 2017, 2018 y 2019
Cárdenas Lacayo presentó su solvencia municipal de 2017, 2018 y 2019 donde la misma Alcaldía de Managua asegura que no hay impuestos pendientes.
“El reparo es totalmente ilegal, no tiene fundamento jurídico, para que se produzca un impuesto tuvo que haberse producido una venta. En este caso si las ventas se hubiesen producido, se habría producido un impuesto. La venta de lotes en su mayoría ocurrió entre 1997 al 2008, se vendieron en ese momento 109 lotes, la mayoría del reparto, han transcurrido desde entonces 13 años para que venga ahora la Alcaldía a poner un reparo falsamente argumentado que esas ventas fueron entre 2017 y 2019”, explicó el abogado de Inmobiliaria Intermezzo del Bosque, Tony López.
López detalló que la Alcaldía de Managua procedió a la acusación penal aun cuando no se había agotado la parte administrativa.
El modus operandi de la comuna orteguista
Las acusaciones de la Alcaldía de Managua contra empresarios se conocen desde el año pasado. Primero realizan una auditoría, determinan que la empresa debe equis cantidad en impuestos atrasados y comienzan a cobrar, a la par de que cobran también entablan una acusación penal por Defraudación Tributaria a la Hacienda Municipal. Para esto han contratado al abogado Ramírez Mcnally, quien ayer dijo que no podía hablar porque estaba fuera de Managua.
Cuando los empresarios muestran resistencia para someterse a lo que la Alcaldía les dice que deben, Ramírez Mcnally entabla una acusación autónoma en los juzgados, sin participación de la Fiscalía o Procuraduría.
Un juez dicta orden de captura en contra de esos empresarios y muchos de ellos terminan pagando para no verse expuestos ni ir a la cárcel, dijeron a LA PRENSA tres abogados penalistas que conocen el tema.
“Hay muchos empresarios que han tenido que pagar por la intimidación”, dijo Cárdenas Lacayo.
“O paga lo que le cobramos o va presa”, le advierten a empresaria
“Creemos que es una combinación de cosas, sabemos que no somos el único caso en Nicaragua porque conocemos de muchas empresas que han sido intimidadas de esta manera y han tenido que pagar por el miedo de ir presos”, detalló la empresaria sobre quien pende una orden de captura desde hace 15 días.
La juez Imara Castro, del Juzgado Quinto Local Penal de Managua, giró la orden de captura en contra de las tres dueñas de la empresa y las declaró en rebeldía porque no se presentaron a una audiencia el 21 de agosto, menos de dos horas después que llegara la notificación del abogado de la Alcaldía a casa de Cárdenas Lacayo.
“Hago esta denuncia para que juzgue la opinión pública nacional e internacional acerca de los métodos recaudatorios de la administración municipal de Managua, que opera coordinada con el poder judicial”, dijo la presidenta de Inmobiliaria Intermezzo, Victoria Lacayo, en una carta.
“O paga lo que le cobramos o va presa”, dijo Lacayo que le advirtieron cuando se presentó a las oficinas de la Alcaldía.
