El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) fue presentado este domingo ante un juzgado de la Corte Superior Nacional para que la justicia peruana confirme su identidad y él conozca los cargos de corrupción por los cuales ha sido extraditado y está siendo procesado en el Perú.
La jueza de turno Margarita Salcedo le pidió al exmandatario, de 77 años, que dé sus nombres completos, documento de identificación, dirección en Lima y fecha de nacimiento.
Asimismo, Toledo informó que es profesor universitario jubilado de la Universidad de Stanford, en California, donde se educó de joven y vivió en los últimos años, antes de ser denunciado por los presuntos sobornos recibidos de la empresa Odebrecht para adjudicarle la construcción de la carretera Interoceánica Sur.
Salcedo declaró que el expresidente está denunciado por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos en un proceso que se encuentra en control de acusación, una etapa previa al juicio oral.
Igualmente, la jueza indicó que tiene derecho a contar con un abogado y que no se empleen medios coactivos en su contra.
Recordó que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó su detención preventiva por 18 meses en el 2017, resolución que derivó posteriormente en el pedido de extradición a Estados Unidos, aprobado por las autoridades de ese país en septiembre del año pasado y ejecutado este domingo.
Tras la breve audiencia, la jueza dispuso que “el detenido queda a disposición del INPE (Instituto Nacional Penitenciario)” para su internamiento en un establecimiento carcelario, el cual se presume que será el penal de Barbadillo, donde también están recluidos los expresidentes Alberto Fujimori (1990-2000) y Pedro Castillo (2021-2022).
El expresidente Alejandro Toledo fue extraditado por el caso Odebrecht que le atribuye haber recibido un soborno de 35 millones de dólares de esa constructora brasileña para adjudicarle la construcción de varios tramos de la carretera Interoceánica sur durante su Gobierno.
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez declaró a los periodistas tras la diligencia que el proceso contra Toledo “es un caso bastante sólido” y añadió esperar que “el Poder Judicial pueda programar las audiencias de una forma más continua” para pasar a discutir los asuntos de fondo y “presentar la prueba para que vaya a juicio oral”.
“La expectativa de la Fiscalía es concluir los casos lo más pronto posible, ahora depende del Poder Judicial quien programa las audiencias”, anotó.
Pérez dijo que como fiscal del caso se va a oponer a la intención de la defensa de Toledo de pedir una detención domiciliaria para el expresidente, al considerar que “no hay elementos para que se pueda variar la orden de detención preventiva” dictada en su contra por 18 meses.
“Toledo tiene que estar interno en un establecimiento penitenciario, para que estando internado se pueda llevar a cabo el proceso para probar los delitos” imputados en su contra, agregó el fiscal anticorrupción.
Minutos antes de la audiencia judicial, Toledo fue trasladado en helicóptero desde la Dirección de Aviación Policial (DIPA), en Callao, hasta un cuartel policial en el centro de Lima, para ser conducido luego a la Corte Superior Nacional.
El exmandatario fue llevado desde el cuartel Los Cibeles en un convoy de camionetas de la Policía Nacional, con una ambulancia y agentes motorizados, rumbo a la sede de la Corte Superior ubicada en el centro histórico de Lima, donde fue recibido por un grupo de simpatizantes con pancartas de su extinto partido Perú Posible.
Toledo llegó a Perú en un vuelo comercial procedente de Los Ángeles, custodiado por alguaciles de ese país, que entregaron al exmandatario a la Policía y Fiscalía de Perú en la DIPA, un ambiente aledaño al aeropuerto internacional Jorge Chávez.
