La oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pidió este sábado a la “comunidad democrática internacional”, especialmente a los mandatarios de Francia y Colombia, Emmanuel Macron y Gustavo Petro, respectivamente, que intervengan para lograr que se revierta la inhabilitación contra la líder antichavista María Corina Machado.
El jefe de la comisión opositora para el diálogo con el Gobierno, Gerardo Blyde, pidió a los Gobiernos que han respaldado los acuerdos firmados entre las partes en Barbados que usen los “canales diplomáticos” para lograr que se retome el cumplimiento de estos pactos, los cuales -aseguró- han sido “parcialmente” incumplidos con la ratificación de la sanción política contra Machado.
Aseguró que en los últimos meses sostuvo sendas reuniones con los presidentes Macron y Petro, quienes expresaron su respaldo a lo acordado en octubre pasado, cuando las partes firmaron un documento sobre “garantías electorales”, que incluía la revisión de las medidas que impiden a opositores optar a cargos de elección popular.
“Petro ha pedido que se reviertan todas, no una, todas las inhabilitaciones administrativas. Petro, presidente, usted nos ha dicho que está comprometido con este proceso, ayude en sus vías diplomáticas a que esto pueda ser verdad y que podamos tener una elección en Venezuela libre”, pidió Blyde al presidente colombiano.
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Extendió este llamado a los Gobiernos de Francia y de Brasil, a la Unión Europea y a los países latinoamericanos que están comprometidos con la idea de que en Venezuela “puede haber una salida democrática”.
Insistió en que “las inconstitucionales inhabilitaciones”, como la impuesta Machado, que se dio -dijo- “sin sentencia penal definitivamente firme y como pena accesoria”, representan una ilegalidad en “casi todas las democracias del mundo”.
Blyde denunció que la sanción contra Machado, ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) este viernes, está cargada de irregularidades y viola lo pactado con el Gobierno.
El Supremo indicó que la sanción contra la exdiputada -que se convirtió en la candidata presidencial de la mayoría opositora tras arrasar en unas primarias- es de 15 años y se mantendrá hasta el 2036, contando desde el año 2021.
