La Arquidiócesis de Managua, que dirige el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes, expresó este sábado su “cercanía” con el obispo Rolando Álvarez, acusado por la Policía Nacional de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.
Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa (norte), se encuentra recluido desde el jueves en el Palacio Episcopal, que está sitiado por fuerzas especiales de la Policía, que no lo dejan salir junto a seis sacerdotes y seis laicos.
“La Arquidiócesis de Managua manifiesta su cercanía con la hermana diócesis de Matagalpa, en particular con su pastor, monseñor Rolando José Álvarez y sus sacerdotes ante las circunstancias difíciles que están viviendo”, indicó en una declaración el arzobispado que dirige el cardenal Brenes.
“Con la certeza puesta en Cristo Buen Pastor, queremos evangelizar a tiempo y destiempo, confiando que la comunicación franca y respetuosa pueden abrir caminos de entendimiento”, agregó.
La Arquidiócesis de Managua también invitó a todos los fieles a orar “a Cristo, a María Madre de la Iglesia y a San Juan María Vianney, patrono y protector del clero, para que la Palabra se enuncie y se ejerza el ministerio pastoral con plenitud”.
La Policía Nacional acusó anoche a “las altas autoridades de la Iglesia católica” en el departamento de Matagalpa, “encabezada” por el obispo Álvarez, “quienes prevaliéndose de su condición de líderes religiosos, utilizando medios de comunicación y redes sociales, están intentando organizar grupos violentos”.
Según la Policía, el alto jerarca estaría “incitando” a esos “grupos violentos” a “ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía en la comunidad, con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.
ORGANISMO TEME SECUESTRO
La Policía, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega, informó que “ha iniciado un proceso de investigación, con la finalidad de determinar la responsabilidad penal de las personas involucradas en la comisión de estos actos delictivos, de los cuales se ha informado al Ministerio Público y al Poder Judicial”.
“Las personas investigadas -que no mencionó- se mantendrán en sus casas”, precisó.
El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) alertó en un mensaje que las “amenazas de Rosario Murillo”, vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, contra el religioso, de que sería investigado, se habían cumplido.
“Desde Cenidh estaremos vigilantes y denunciando ante organismos internacionales de derechos humanos estas acciones agresivas”, dijo ese organismo.
Para el Cenidh, “el riesgo de que secuestren a monseñor Álvarez es inminente” y, si eso pasa, “responsabilizamos al régimen Ortega Murillo de lo que pueda ocurrirle”.
El jueves, el obispo Álvarez pidió a la Policía que lo dejen oficiar la misa con sus feligreses dentro de una parroquia, en medio de roces del Ejecutivo con la Iglesia católica.
Entonces el jerarca salió del Palacio Episcopal, se puso de rodillas en la acera y elevó sus manos hacia el cielo, y recibió de un colaborador a Jesús Sacramentado y con el Santísimo se acercó a los oficiales, que se retiraron, según la transmisión que hizo la diócesis de Matagalpa en redes sociales.
El religioso acusó a la Policía de no permitir la libre circulación, la libertad de movimiento, la libertad de expresión y la libertad religiosa, además de crear zozobra y agitar los “ánimos y la fe tan sencilla de nuestro pueblo fiel”.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.
El presidente Ortega ha tildado de “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018.
Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones de noviembre pasado en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
