El excanciller nicaragüense Francisco Aguirre, opositor al presidente Daniel Ortega, fue “detenido injustificadamente”, denunciaron activistas este jueves, mientras la fiscalía anunció una orden de detención por 90 días contra el exdiplomático, lo que elevaría a 30 el número de opositores presos previo a las elecciones de noviembre.
“Denunciamos el secuestro del excanciller Francisco Aguirre, detenido injustificadamente por la policía”, escribió en Twitter el movimiento opositor Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), sin precisar la fecha del arresto.
Por su parte, el Ministerio Público de Nicaragua (fiscalía) dijo que pidió a un juez “la ampliación del período de investigación y detención judicial” contra del excanciller, y que este mismo jueves “la solicitud fue admitida y se dictó detención judicial por 90 días”.
Aguirre, economista y analista político de 76 años, es investigado por “presuntamente haber realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua”, al incitar públicamente “a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, según la fiscalía.
También se le acusa de haber celebrado “la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”, en alusión a las más de 130 sanciones internacionales adoptadas desde 2018 contra funcionarios y familiares del presidente Ortega por violación a los derechos humanos.
Con Aguirre aumenta a 30 el número de opositores que han sido detenidos desde junio por el gobierno de Daniel Ortega, cuyos partidarios dan por hecho que buscará un cuarto mandato sucesivo en los comicios del 7 de noviembre.
Entre los detenidos están siete aspirantes a la presidencia: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, así como tres exguerrilleros críticos al gobierno e importantes opositores.
Aguirre fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos y luego canciller durante el gobierno del expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002).
Trabajó también en el Banco Mundial y ha criticado la gestión del gobierno de Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
En febrero pasado, el Parlamento, en manos del oficialismo, aprobó una reforma penal que permite a las autoridades mantener detenida, hasta por 90 días, a las personas que son investigadas por un delito.
Antes el plazo era de tres días para investigar, detener y formalizar cargos.
Los cargos contra Aguirre se amparan en una ley aprobada en diciembre pasado que sanciona “por actos de traición” a los nicaragüenses que “menoscaben la independencia y la soberanía” y promueven la injerencia extranjera.
Esta ley también impide a los afectados postularse a cargos de elección popular.
Los delito de “traición” a la patria y “menoscabo de la soberanía” son castigados con una pena de 10 a 15 años de cárcel.
