Bachelet pide a los gobiernos proteger la salud de la población en las cárceles

Una petición a todos los gobiernos para que tomen medidas urgentes para proteger la salud de las personas recluidas en las cárceles fue presentada por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

En un comunicado hecho público este miércoles 25 de marzoio, Bachellet sostiene que “el Covid-19 ha comenzado a propagarse en las prisiones y centros de detención de migrantes, así como hospicios y hospitales siquiátricos, y existe el peligro que arrase con las personas recluidas en esa instituciones, que se encuentran en estado de extrema vulnerabilidad.”

También planteó que, en muchos países, los centros de reclusión están atestados y en algunos casos lo están de manera peligrosa. A menudo los internos se encuentran en condiciones higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes.

Agregó que en esas condiciones el distanciamiento físico y el auto aislamiento resultan prácticamente imposibles.

Además requirió a los gobierno que los planes para afrontar la crisis del Covid-19 aborden la situación de las cárceles, a fin de protegerlas y proteger al personal de los centros y visitantes.

Hasta enero pasado, la población penitenciaria en las cárceles de Panamá ascendía a 14 mil 474 internos, y el pasado 11 de marzo se dispuso la prohibición de las visitas especiales a los privados de libertad, y de todo funcionario o visitante con síntomas de resfriado.

También que en las visitas regulares solo podrá ingresar un familiar por interno y se suspendieron todas las actividades dentro de los penales y los permisos de salida a internos que calificaban para actividades fuera de los centros penitenciarios.

No obstante, internas del Centro Femenino de Resocialización la semana pasada realizaron una protesta para exigir se le dote de insumos para la limpieza del penal y para protegerse del Covid-19.

La Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados ha pedido al gobierno adoptar medidas para reducir la población penitenciaria y evitar el hacinamiento.