Barricadas de adoquines, casas quemadas, luto, dolor y pánico: la combativa ciudad de Masaya, en el sur de Nicaragua, resiste este miércoles al asedio de las fuerzas del gobierno de Daniel Ortega, en una escalada de violentas protestas que dejan 187 muertos en dos meses.
Entre el llanto y la indignación, familiares y vecinos enterraron a las tres personas que murieron la víspera en la incursión de antimotines y paramilitares a esta ciudad ubicada 35 kilómetros al sur de Managua, que el lunes se declaró en rebeldía para exigir la salida del poder de Ortega.
"Esto está horrible. La gente se está muriendo por este gobierno que no se quiere ir", dijo a AFP Ramona Alemán, ama de casa de 40 años, en un cementerio de Masaya donde sepultaron a Marvin López, muerto en una trinchera de un disparo en la garganta.
Su féretro fue cubierto con la bandera de Nicaragua.
En algunas zonas de la ciudad se escuchaban aún disparos de balas y el estallidos de morteros.
Camionetas de antimotines con pasamontañas recorren el casco central, pero en los barrios de la periferia aún muchos pobladores permanecen atrincherados.
Pobladores reportaron también disparos y ataques de hombres fuertemente armados en las ciudades de Jinotepe, León, Matagalpa y Estelí, donde el miércoles murió una persona.
Exguerrillero de la revolución sandinista que ostentó la presidencia de 1979 a 1990, Ortega volvió al poder en 2007 y es acusado de nepotismo, de controlar los diversos poderes del Estado y de instaurar, con su esposa Rosario Murillo, la extravagante vicepresidenta, un gobierno autocrático y corrupto.
"Ortega vende Patria", dice en letras rojas sobre una enorme manta negra que cubre una barricada, donde ondea una bandera nacional -blanca y azul-.
Tres muñecos la custodian, buscando engañar a la policía.
Escombros del hotel Masaya y de algunas casas quemadas esta madrugada eran levantados por habitantes.
Una mujer en bicicleta mostró a la AFP tres casquillos de fusil que recogió en el camino.
"Entraron a mi negocio, regaron combustible dentro, a mi tío lo sacaron a golpes y le partieron la cabeza con culatas de AK47. Le perdonaron la vida y lo sacaron descalzo ensangrentado", narró el activista estudiantil Cristian Fajardo, dueño del hotel.
Casi todos los negocios en Masaya están cerrados por el temor a nuevos ataques, pero hay unos pocos que se arriesgan porque, dicen, si no trabajan, no comen.
"Queremos que haya paz, que renuncie. Los antimotines y los grupos paramilitares que están en la entrada de la ciudad son unos sanguinarios. Hoy hubo lluvia de balas en la madrugada", contó José Ramírez, un vendedor de helados ambulante.
El ataque a Masaya ocurrió luego de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) suspendiera el lunes un diálogo a la espera de que el gobierno invitara a un grupo de organizaciones internacionales para investigar los hechos de violencia, lo que finalmente hizo este miércoles.
"Esto es una anarquía total, lanzamos un S.O.S a la comunidad internacional, que nos apoye. Están masacrando a un pueblo que no tiene armas", lamentó el carpintero Edgar Taleno, de 35 años, quien contó cómo tuvo que escabuillirse entre las balas en el ataque a Masaya.
Esa convocatoria se había acordado entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que reúne a sectores de la sociedad civil, el pasado viernes luego de que el diálogo pasara varios días suspendido por el recrudecimiento de la violencia.
"La Unión Europea, el Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) han informado a los Obispos de Nicaragua haber recibido oficialmente las respectivas invitaciones del gobierno", publicó en Twitter Silvio Báez, arzobispo auxiliar de Managua.
La Unión Europea, el Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos y el MESENI y la asistencia técnica de la CIDH para la Comisión de Verificación y Seguridad, han informado a los Obispos de Nicaragua haber recibido oficialmente las respectivas invitaciones del Gobierno.
Tres activistas nicaragüenses que acudieron este miércoles al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, advirtieron que el gobierno de Ortega utiliza el diálogo para continuar la represión contra la población.
"El presidente se ha aprovechado de este diálogo nacional para aumentar la represión y la violencia", dijo en el consejo el sociólogo Denis de Jesús Darce, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
Tras condenar la "violencia e intimidación patrocinada por el gobierno", Estados Unidos se sumó a la presión por la presencia de organismos internacionales y el adelantamiento de elecciones.
El martes envió a Managua a su representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, quien se reunió con la Alianza Cívica y tiene previsto encontrarse con Ortega este miércoles.
El gobierno exige el levantamiento de los bloqueos de vías y la Alianza Cívica un adelanto de las elecciones de 2021 a marzo de 2019 y reformas en el poder judicial.
