La presidenta de Perú, Dina Boluarte, concluyó este martes su declaración ante el fiscal de la Nación (general), Juan Carlos Villena, sobre la desactivación de un equipo policial anticorrupción horas antes de que arrestara a su hermano Nicanor, un caso por el que es investigada por posible obstrucción a la Justicia.
El vehículo de la jefa de Estado salió del edificio de la Fiscalía, dos horas y media después de su ingreso, y la mandataria se marchó sin dar declaraciones a los periodistas que esperaban en los exteriores.
El hermano de la mandataria Nicanor Boluarte fue puesto en libertad el pasado 17 de mayo por un tribunal que determinó que no había riesgo de fuga ni de obstaculizar el proceso abierto en su contra, una semana después de su detención preliminar por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias.
El abogado de la presidenta en este caso, Juan Carlos Portugal, declaró el lunes que Boluarte no tenía intención de guardar silencio ante Villena, aunque dijo que espera que el Ministerio Público mantenga la reserva del caso.
De la misma forma que en las anteriores citaciones en la Fiscalía, la jefa de Estado llegó al edificio custodiada por una caravana policial y su vehículo ingresó directamente al estacionamiento, sin ser vista por los reporteros.
Nicanor Boluarte y el abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, fueron detenidos junto con otros implicados al estar investigados por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros delitos en agravio del Estado, dentro de la denominada operación ‘waykis (amigos en quechua) en la sombra’, que investiga una presunta red de tráfico de influencias.
Este caso fue impulsado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que sostiene que los implicados forman parte de una presunta red dedicada al tráfico de influencias y la designación de prefectos y subprefectos (delegados del Gobierno en las regiones), en torno a la creación del partido Ciudadanos por el Perú.
En otra investigación, esta vez seguida contra la gobernante, la Fiscalía presentó el lunes una denuncia constitucional contra Boluarte “como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado” por el caso conocido como ‘Rolexgate’, relacionado con varios relojes de lujo que la mandataria lució sin haber declarado.
La denuncia constitucional es un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, quien goza de inmunidad.
Está dirigida al Congreso, cuya Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe determinar su procedencia antes de iniciar un periplo parlamentario que termina en el pleno, que, en última instancia, deberá decidir si recomienda acusar a Boluarte por este caso.
