El gobierno izquierdista peruano eludía el jueves decidir el destino del cadáver del jefe de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, alegando que la fiscalía y el Congreso deben decidir qué hacer con el cuerpo que yace desde el sábado en una morgue.
“Sigue en pie la postura del Ejecutivo: quiénes tienen que ver esto es el Ministerio Público y el Congreso, que debe demostrar qué acciones tomará”, declaró el jefe de gabinete Guido Bellido a periodistas sobre la indecisión que rodea al caso.
El alto funcionario negó versiones de prensa que afirman que el gabinete ministerial votó el miércoles contra un proyecto de ley del Ejecutivo, para cremar y arrojar al mar las cenizas de Guzmán.
“Ayer hubo infinidad de puntos a tratar, el tema no se ha abordado”, agregó Bellido, quien es también congresista del oficialista Perú Libre, un pequeño partido regional marxista leninista que saltó al primer plano tras ganar, para sorpresa general, las elecciones presidenciales con la candidatura del maestro sindicalista Pedro Castillo.
El gobierno de Castillo había anunciado el martes que presentaría un proyecto de ley para incinerar los restos de Guzmán, pero el tema salió sorpresivamente de la agenda.
El cadáver resulta incómodo para la izquierda oficialista, algunos de cuyos integrantes fueron señalados por la oposición de ser “filosenderistas”
Según EpicentroTv, un medio de periodismo de investigación en internet, “el Consejo de Ministros rechazó por mayoría una propuesta de Decreto Supremo” que preparó el Ministerio de Justicia para la incineración del cuerpo de Guzmán”.
“La votación quedó 5 a favor del decreto para incinerar a Guzmán y 14 en contra”, añadió EpicentroTv en su cuenta Twitter.
El cadáver de Guzmán, de 86 años, se halla en una morgue del puerto del Callao desde el sábado, cuando murió de “neumonía bilateral” en la prisión de máxima seguridad de la base naval ubicada en esa localidad, vecina a Lima, donde cumplía condena a perpetuidad desde 1992.
Elena Yparraguirre, viuda y número dos de la organización maoísta, había enviado el sábado desde la cárcel de mujeres de Chorrillos, donde cumple cadena perpetua, una carta a través de su abogado pidiendo a la fiscalía la entrega del cuerpo a una tercera persona para darle sepultura.
La negativa de la fiscalía el miércoles a entregar el cuerpo a su encarcelada viuda y mantenerlo bajo su custodia hasta que finalice la investigación de su muerte pareció abrir las puertas para una salida a la situación.
El fiscal Vladimir Farfán Kehuarucho “ponderó el orden público e interés social” en su decisión de no entregar el cuerpo.
La pelota está ahora en el Congreso que puede debatir a partir de este jueves un proyecto de ley para incinerarlo.
Desde su muerte, surgieron reclamos de congresistas de la derecha para ver el cadáver ante suspicacias de algunos que consideran que el presidente Castillo e integrantes de su gobierno simpatizan con Sendero Luminoso, algo que el mandatario niega de plano.
La indefinición prolonga la incógnita sobre lo que pasará con quien fuera el preso más famoso de Perú, un tema que puede derivar en una crisis política para el gobierno izquierdista si persiste la incertidumbre.
La fiscalía del Callao está a la espera del resultado de exámenes de ADN entre jueves y viernes, para cerrar eventualmente el expediente.
El “Pol Pot de los Andes” pasó sus últimos 29 años condenado como responsable intelectual de uno de los más cruentos conflictos en América Latina, con 70,000 muertos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Sendero Luminoso lanzó una “guerra popular” marcada por cruentas acciones terroristas entre 1980 y 2000.
Abrazó el maoísmo y los métodos del líder camboyano Pol Pot, y se formó una imagen de revolucionario duro e implacable dispuesto a ordenar masacrar a los habitantes de un poblado de los Andes peruanos en castigo por no respaldarlo.
