Penas de entre seis y 30 años de cárcel recibieron agentes involucrados en casos relacionados con violaciones de derechos humanos, que son analizados por la Corte Penal Internacional (CPI), indicaron a la AFP fuentes familiarizadas con los casos este sábado.
Las condenas se conocen poco después que el fiscal general Tarek Saab informó sobre imputaciones a efectivos involucrados en violaciones a derechos humanos, como parte de un informe actualizado enviado a la CPI el viernes 30 de abril.
“En estos tres años y ocho meses hemos imputado a 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Asimismo, fueron aprehendidos un total de 540 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares”, señaló el responsable en una rueda de prensa.
También “han sido acusados un total de 1.064 funcionarios y 136 civiles y se han logrado 153 condenas”, añadió.
La justicia condenó a 30 años, la pena máxima en el país, a los responsables por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Areválo, en junio de 2019, mientras se encontraba en detenido en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), indicó la fuente que pidió no ser identificada.
En tanto que los custodios del concejal opositor Fernando Albán, muerto en octubre de 2018 mientras estaba recluido en una comisaría del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), obtuvieron una pena de diez años.
Sobre los militares procesados por el deceso del estudiante, Juan Pablo Pernalete, en abril de 2017 durante protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro que dejaron un centenar de muertos ese año, recaen seis años de cárcel.
Saab indicó más temprano en una rueda de prensa que fueron 12 agentes militares de la Guardia Nacional los imputados por de este joven, impactado por una bomba lacrimógena durante la dispersión de una manifestación.
El chavismo dijo entonces que la muerte del universitario había sido ocasionada por sus compañeros manifestantes.
“Se logró la imputación de 12 funcionarios de la GNB por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva”, indicó el responsable.
El fiscal se refirió a otros “casos emblemáticos”, como el del Acosta Areválo, para el que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó en octubre 2020 “una nueva investigación sobre las circunstancias de su muerte”.
Posterior a la sentencia de la máxima corte, se celebró una nueva audiencia de imputación contra los dos funcionarios por los delitos de “homicidio intencional calificado, ejecutado con alevosía y tortura”, detalló Saab.
Y sobre Albán, Saab dijo que su despacho observó “violaciones de garantías constitucionales” e imputó a dos funcionarios por “homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido, lográndose la privativa correspondiente”.
Saab anunció este sábado que envió a CPI un tercer documento sobre las acciones de su despacho ante las violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios de seguridad.
La corte internacional con sede en La Haya inició en febrero de 2018 un examen preliminar para indagar sobre presuntos delitos cometidos desde abril de 2017 en Venezuela en el contexto de esta ola de protestas.
La exfiscal internacional Fatou Bensouda, que recibió el año pasado una delegación de Venezuela encabezada por Saab, ha dicho que “existe una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte”.
Saab aseguró que las autoridades venezolanas mantienen una “colaboración irrestricta” en la investigación y señaló que este balance es el tercer informe que envían con información requerida por la Fiscalía internacional.
Criticó, no obstante, el “silencio” de la Fiscalía de la CPI ante estos informes, que responden a los requerimientos de esta instancia: “un mutis que no desarrolla la interlocución debida”.
El fiscal anunció además el inicio de un “proceso de reestructuración” de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpo al que están adscritas las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) sobre las que pesan múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos.
“La CPI no pidió nada relacionado a la PNB, es una iniciativa del Estado venezolano”, dijo Saab a la AFP sobre el proceso que tendrá una duración de seis meses.
