Amnistía Internacional (AI) difundió este miércoles, cuando faltan días para que se cumpla un año del inicio de las manifestaciones sociales en Chile, un reporte en el que denuncia que se “cometieron graves violaciones a los DDHH de forma generalizada” en la represión de las protestas.
“Los mandos estratégicos de Carabineros (policía militarizada) permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarles a toda costa”, dijo la directora para las Américas de AI, Érika Guevara, en la presentación del informe “En Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”.
El gobierno chileno reaccionó negando que la policía tenga una “política premeditada” de uso de la fuerza contra los manifestantes y Carabineros señaló que las operaciones antidisturbios se realizaron de manera legal.
La revuelta explotó el 18 de octubre de 2019 tras un alza en el precio del pasaje del metro de Santiago y se convirtió en una amplia movilización social en contra de las desigualdades y el gobierno del conservador Sebastián Piñera, dejando al menos 30 muertos y miles de heridos y detenidos tras semanas de protestas.
Según datos del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas fueron heridas en sus ojos tras el impacto en el rostro de balines, perdigones o bombas lacrimógenas disparadas por agentes antidisturbios.
Amnistía Internacional consideró que, a pesar de las acusaciones de violaciones a los derechos humanos vertidas sobre los uniformados por parte de organismos internacionales un mes después del inicio de las manifestaciones, “se siguieron registrando casos de uso excesivo de la fuerza policial hasta mediados de marzo de 2020”.
“Lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social”, sentenció Guevara durante una videoconferencia.
Desde el gobierno de Chile, el Ministerio de Justicia reaccionó a las conclusiones de Amnistía Internacional reiterando “con fuerza” que “no ha existido por parte de Carabineros una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes, como supone el Informe”.
Carabineros, por su lado, rechazó “de forma tajante” que sus uniformados “hayan vulnerado en forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes”. Agregó que los procedimientos antidisturbios se realizaron “en cumplimiento del mandato constitucional y con pleno apego a las leyes vigentes”, según informó a través de un comunicado publicado en Twitter.
Amnistía Internacional denunció “impunidad” en el accionar policial y displicencia por parte de los altos mandos a pesar de conocer la situación. “Demoraron un mes en limitar el uso de la munición y nunca llegaron a prohibirla, a pesar de existir un informe interno que mostraba su peligrosidad”, señaló sobre los balines, perdigones o bombas lacrimógenas.
La Policía chilena ha afirmado que hizo frente a una violencia callejera inusitada y ha ajustado sus protocolos para la dispersión de las protestas sociales. Sin embargo, tras la reactivación de las manifestaciones al finalizar las restricciones impuestas por la pandemia, se ha vuelto a constatar en las calles el uso excesivo de la fuerza.
El viernes 2 de octubre, un adolescente de 16 años cayó desde un puente al lecho del río Mapocho luego de que lo empujara un policía, quien se encuentra detenido y afirma que se trató de un “accidente”. La justicia intenta determinar si hubo intencionalidad.
