El silencio, la cárcel o el destierro es lo que ofrece el Gobierno del presidente Daniel Ortega a los sacerdotes de la Iglesia católica de Nicaragua con los que está confrontado, según un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) divulgado este martes.
“La confrontación del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la Iglesia católica está llegando a uno de sus puntos más álgidos y los quiere forzar a tomar uno de tres caminos: el silencio ante la situación del país, la cárcel o el destierro en el caso de que no acepten bajar la cabeza”, valoró la Cetcam, un centro de pensamiento integrado por investigadores centroamericanos de distintas disciplinas, en un informe.
Ese centro observó que, a raíz de la expulsión del representante de El Vaticano en Nicaragua, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, en marzo pasado, “los ataques y la persecución contra los religiosos se ha incrementado”, y el último caso es el confinamiento al que ha sido sometido el obispo Rolando Álvarez.
“El nivel de presión y violencia política ha llevado a varios religiosos a la cárcel, al silencio forzado y al destierro”, según el análisis de la Cetcam, titulado “Sin Dios y sin ley”.
Además de la expulsión del nuncio apostólico, un grupo de sacerdotes, entre ellos el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y el padre Edwin Román, han sido “forzados de salir del país en 2019 y 2021, respectivamente, igual que las recién expulsadas Misioneras de la Caridad” de la orden Madre Teresa de Calcuta, anotó ese grupo.
Asimismo, en lo que va de año las autoridades nicaragüenses han detenido a tres sacerdotes, uno de ellos, Manuel García, enjuiciado y condenado por violencia doméstica en contra de una mujer que pasó de víctima a acusada por no inculpar al religioso.
