Abogados, sindicalistas, periodistas, activistas sociales, políticos y hasta militares figuran entre los miles de candidatos que se han inscrito en Chile para integrar la Convención Constitucional, el órgano que con paridad de género y representación indígena, redactará una nueva Constitución.
En vísperas del cierre de la inscripción de candidatos, las fuerzas políticas ajustan las últimas piezas ante una elección considerada la más importante de la historia reciente de Chile, el próximo 11 de abril.
Este proceso es el resultado del plebiscito del 25 de octubre, cuando un 79% del electorado votó a favor de cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El mismo porcentaje eligió que esa nueva Carta Magna fuera redactada solo por candidatos electos.
Entre los aspirantes hay algunos de los protagonistas de la revuelta social del 18 de octubre de 2019, figuras de la cultura y también militantes de partidos tradicionales.
Sin embargo, varios analistas y parte de la ciudadanía lamentan que no haya más independientes, quienes afrontan múltiples trabas y tienen poco tiempo para recolectar las firmas necesarias en medio de la pandemia y cuarentenas en este país de 18 millones de habitantes.
“La pandemia fue un gran escollo para los independientes. En la situación actual, los nombres más conocidos tienen cierta posición de ventaja, junto a aquellas candidaturas que cuentan con una máquina partidaria atrás”, explicó a la AFP el politólogo de la Universidad de Santiago, Marcelo Mella.
El psicólogo Benito Baranda, referente en Chile en temas de pobreza por haber dirigido el Hogar de Cristo y América Solidaria, busca ahora ser miembro de la Constituyente apoyado por el movimiento “Independientes no neutrales”.
“Somos personas a las que interesa lo que ocurre en la comunidad y el bienestar de las personas”, dijo a la AFP.
Baranda sostiene que, en su experiencia con ese Chile que vive al margen del éxito económico, se dio cuenta “de los vacíos que tiene la actual Constitución para salvaguardar los derechos de las personas y que el Estado tenga un rol más protagónico”.
Desde la Convención busca que se garanticen derechos básicos como la vivienda, la educación y la salud.
Entre los aspirantes también destaca Juan Andrés Murillo, uno de los denunciantes del “Caso Karadima”, un escándalo que desde 2004 sacudió a la Iglesia católica chilena con denuncias de abuso sexual a menores contra el sacerdote Fernando Karadima.
La “Lista del Pueblo” congrega, por su parte, a dirigentes sociales y personas que se dieron a conocer en las protestas como Giovanna Grandón, conocida como la “Tía Pikachú”, o Anita Román, al frente por 15 años del Colegio de Matronas.
“Somos pueblo, no pertenecemos a ningún partido político”, dijo Anita a la AFP mientras trataba de atraer transeúntes en la plaza de Armas de Santiago.
Los miembros de esa lista defienden que son una opción con base social y trabajo de calle. Es “gente que ha sido agredida, detenida y torturada y que son los principales responsables de que Chile esté viviendo un tránsito maravilloso y que es la posibilidad de que cambie la Constitución”, agregó.
A una semana de que venza el plazo para inscribirse, Anita no reunía ni el 40% de las firmas que exige un proceso que define como “la máquina para mantener el statu quo”.
Unos 14 millones de electores están convocados para elegir 155 constituyentes bajo un sistema electoral proporcional basado en listas.
El oficialismo de derecha se agrupará en una sola coalición, pero la oposición de izquierda se fragmentó en al menos cinco listas, lo que amenaza con establecer una “sobrerepresentación” de las fuerzas que se oponen al cambio constitucional.
Mella cree que un sistema electoral como el chileno “privilegia a las grandes coaliciones y aquellos que construyen unidad, y resta oportunidades a los candidaturas independientes”.
Aun considerando la fuerza que tuvo el plebiscito de octubre como manifestación política, esto puede favorecer a la derecha “para poder tener la llave de las reformas”, sostiene Mella, la misma semana que dos ministros del gabinete de Sebastián Piñera dejaron sus cargos para ser candidatos.
Un hito de esta convención es que se estableció un criterio de paridad de género para su elección y por primera vez en Chile se definieron escaños reservados indígenas, mayoritariamente para mapuches.
Natividad Llanquileo, una abogada mapuche de 36 años, busca uno de los 17 escaños indígenas, con el apoyo de “gente que ha estado vinculada a la defensa del territorio y en contra de los proyectos extractivistas”, dice a la AFP.
“Las expectativas son altas, si esto no funciona o fracasa, también vamos a ser parte de esta responsabilidad. Lo tenemos que tomar con mucha responsabilidad, porque hay gente ya no aguanta más este sistema”, advirtió.
