El quebrantamiento del principio de separación de poderes por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua “ha posibilitado el uso todo el aparato estatal para reprimir y perseguir a la sociedad civil nicaragüense, la iglesia, a la prensa y toda persona considerada como opositora al gobierno, forzándolos a huir del país centroamericano”.
Así lo advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al hacer una evaluación de los testimonios recogidos durante una visita del 25 al 29 de julio pasado a las ciudades de Miami, Estados Unidos y San José, Costa Rica, con el fin de dar seguimiento a los nicaragüenses que huyeron hacia estos países a raíz de la crisis que se inició el 18 de abril de 2018 en Nicaragua.
La delegación fue liderada por la panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora para Nicaragua, quien estuvo acompañada por personal técnico de la Secretaría Ejecutiva que forma parte del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua. Asimismo, en Costa Rica, el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, el colombiano Pedro Vaca conformó la delegación.
Durante su visita el organismo sostuvo reuniones de trabajo con colectivos y organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses en Miami y en San José. También recabó más de veinte testimonios de nicaragüenses forzados a desplazarse a estos países. En Costa Rica, la delegación sostuvo reuniones de carácter protocolar con el canciller Arnoldo André Tinoco y con autoridades en materia de migración y derechos humanos.
En ambos países se constató información de que la crisis en Nicaragua se profundiza cada vez más.
Destaca como grave situación de los 180 presos políticos “que permanecen en condiciones contrarias a la dignidad humana, y muchas de ellas en estado de salud delicado; así como la zozobra, miedo y afectaciones que sufren sus familias, tanto en Nicaragua como en el exilio”. En muchos casos, agrega el informe, persiste hasta ahora la imposibilidad de mantener contacto con sus hijos e hijas menores de edad.
Asimismo, tomó conocimiento de las restricciones arbitrarias para ingresar y salir del país, incluyendo el retiro de pasaportes y la retención arbitraria de las personas por algunas horas.
Arosemena de Troitiño y Vaca fueron informados, además, sobre la persecución cada vez más violenta contra la prensa independiente y el riesgo que implica ejercer el periodismo actualmente en Nicaragua. Escucharon los relatos de periodistas que salieron forzadamente del país en las últimas semanas, quienes alertaron sobre el ambiente de autocensura y las zonas de silencio mediático que la escalada represiva de las autoridades ha generado. Además, advirtieron sobre el cierre casi completo del acceso a fuentes periodísticas, ya que existe un temor generalizado a expresarse sobre la crisis de derechos humanos que atraviesa el país.
Recibieron información sobre la situación del periodista Miguel Mora, detenido desde junio de 2021, quien anunció una huelga de hambre como forma de protesta ya que las autoridades no le permiten ver a su hijo.
La CIDH reconoció los esfuerzos de Costa Rica y Estados Unidos para recibir en su territorio a los nicaragüenses desplazados y reiteró su llamado a garantizar los derechos humanos de estas personas, incluyendo, entre otros, el derecho a buscar y recibir asilo, a la no devolución, a la no discriminación y a la justicia.
También hizo un llamado a todos los Estados de la región a implementar una estrategia basada en la responsabilidad compartida y el enfoque integral de los derechos humanos ante los factores de desplazamiento forzado de los nicaragüenses y sus necesidades de protección, inclusive a través de la concesión de asilo y otras medidas de protección o por razones humanitarias.
