El ejército de Colombia retiró este viernes a 31 militares que están siendo investigados por presunto abuso sexual a menores, en momentos en que la fuerza ha sido cuestionada por violaciones contra adolescentes indígenas a manos de soldados.
"Hoy fueron retirados de la institución 31 militares: 12 suboficiales y 19 soldados. Esta medida administrativa fue tomada conforme a las normas legales que regulan la administración de personal por decisión del comandante del Ejército Nacional", indicó el alto mando militar en un comunicado.
Aunque en el boletín no se mencionan las razones de las bajas, un responsable del ejército dijo a AFP que están relacionadas con supuestos casos de agresiones sexuales.
Los uniformados hacen parte de un grupo de 118 soldados que son indagados por presuntos casos de abusos sexuales a menores cometidos desde 2016. De ese total, 45 ya fueron alejados de la institución, aseguró el miércoles el comandante del ejército, Eduardo Zapateiro.
Tanto la fiscalía como el ejército investigan todos los casos para determinar las acciones penales, disciplinarias y administrativas a la que haya lugar, señaló.
"El Comando del Ejército Nacional continúa las labores de revisión y evaluación jurídica de la situación de otros integrantes de la institución, con el objetivo de tomar las decisiones administrativas correspondientes", agrega el boletín divulgado este viernes.
El alto mando destapó el expediente presionado por escándalos que involucran a las tropas en violaciones de indígenas y que provocaron indignación en Colombia.
El 25 de junio autoridades indígenas denunciaron que una joven de 13 años fue violada y secuestrada por soldados que patrullaban en territorio de la comunidad Embera Chamí, en el oeste colombiano.
Siete militares aceptaron cargos por la violación de la menor y varios responsables de esas tropas fueron retirados.
Cuatro días más tarde, estalló una nueva denuncia de violación contra una joven de 15 años, de la etnia Nukak Makú, por un grupo de militares en septiembre de 2019.
El gobierno ha rechazado los ataques que se dieron a conocer precisamente una semana después de que el Congreso aprobara una reforma constitucional que incorpora la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de menos de 14 años.
A los uniformados no les aplicará esta norma porque no ha sido promulgada y por efectos de retroactividad, según juristas.
Según datos de la autoridad forense en Colombia, en 2019 más de 22.000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidio
