La campaña para el referéndum convocado en Ecuador por el presidente Daniel Noboa sobre seguridad, justicia y empleo concluyó este jueves para dar paso a tres días de silencio marcados por los largos apagones de hasta ocho horas producto de una grave crisis energética que atraviesa el país andino.
Desde que el 7 de abril se diera inicio al periodo para promover el ‘Sí’ o el ‘No’ a las once preguntas que componen este plebiscito, la campaña ha sido mínima por las dos partes, únicamente con algunas conferencias de organizaciones en contra de los planteamientos de este referendo.
En las calles la presencia de publicidad ha sido escasa, excepto algunos puentes de la ciudad de Guayaquil donde se colocaron numerosos carteles a favor del Gobierno en los primeros días.
La seguridad acapara la mayoría de las preguntas del referéndum, enfocado en dar herramientas al Gobierno para reforzar la lucha contra el crimen organizado, al que Noboa declaró a inicios de año el “conflicto armado interno”, y pasó a considerar a sus bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
En ese sentido, una de las preguntas más relevantes es la dirigida a permitir el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas a la Policía en operaciones contra el crimen organizado, sin necesidad de decretar estados de excepción.
Asimismo, este referéndum pondrá en manos del voto de los ecuatorianos que los militares controlen los accesos a las cárceles del país, para evitar que las bandas criminales se rearmen después de que en los últimos meses se les hayan decomisado grandes arsenales de fusiles, pistolas, granadas, explosivos y armas blancas.
También ha cobrado relevancia la cuestión para permitir las extradiciones de ecuatorianos que sean requeridos por la Justicia de otros países.
Otras preguntas están dirigidas a elevar las penas de delitos ligados a la criminalidad organizada transnacional y también a eliminar los beneficios penitenciarios para los condenados por algunos de estos delitos, de manera que se vean obligados a cumplir toda la pena en prisión.
Del mismo modo, se pretende crear un delito nuevo de porte y tenencia ilegal de armas de uso exclusivo de Policía y Fuerzas Armadas y también permitir que el armamento incautado a las bandas criminales y delincuentes se destine para equipar a las fuerzas estatales.
Por otro lado, el Gobierno también ha planteado agilizar la expropiación de bienes de origen ilícito, como forma de golpear a los entramados que usan las organizaciones criminales para blanquear dinero.
En materia de justicia, el Ejecutivo busca reconocer los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción y no solo en Latinoamérica, como marca la Constitución actualmente, como método para incentivar la llegada de inversiones.
Otro punto de la consulta va dirigido a crear juzgados en materia constitucional, especializados en ver los recursos de amparo y habeas corpus.
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