El exsenador y exgobernador colombiano Luis Alfredo Ramos fue condenado a casi ocho años de prisión por promover grupos paramilitares y relacionarse con sus comandantes, informó este viernes la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El alto tribunal, que lo investigaba desde 2013, impuso a Ramos siete años y once meses de cárcel al encontrarlo “responsable del delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales”, según un comunicado compartido a periodistas.
La CSJ estableció que el político se alió, entre 2001 y 2007, con altos jefes paramilitares de los que obtuvo beneficios para impulsar su carrera.
Ramos llegó a acuerdos “con comandantes de grupos de autodefensa para recibir apoyo económico y en votos” en sus campañas al Senado y la gobernación del departamento de Antioquia (noroeste), según la Corte.
La Corte detalló que seguirá “gozando de su libertad hasta” que resuelva su apelación, que el político ya anunució.
De 73 años, es uno de los políticos más importantes de la derecha colombiana. Entre 2002 y 2006 ocupó un escaño en el Senado y llegó a ser presidente de ese organismo.
Es una de las personas más cercanas al exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010) y fue precandidato presidencial por su movimiento, el derechista Centro Democrático, para las elecciones de 2010.
Fue gobernador del departamento de Antioquia, feudo de Uribe, entre 2008 y 2011, y alcalde de Medellín, su capital, de 1992 a 1994. También fue embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
La CSJ dijo haber encontrado evidencia de que desde su posición de dirigente Ramos ayudó a quitarle presión policial al paramilitar Bloque Metro, que operaba en Medellín, a cambio de apoyo económico.
También de tener contacto directo o recibir aportes monetarios de los hermanos Vicente y Carlos Castaño, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), “El Tuso Sierra”, “Miguel Arroyave”, “Ernesto Báez” y “Julián Bolivar”, algunos de los más temidos jefes paramilitares que desangraron al país.
Surgidos a mediados de 1990 para combatir a las guerrillas izquierdistas, estos grupos han sido acusados de miles de delitos atroces.
“Es incontrovertible que siendo un ciudadano de tanta influencia en los asuntos locales, regionales y nacionales, accediera a aliarse con varios comandantes de los bloques de las autodefensas, promocionando su actividad criminal y siendo complaciente con sus actos”, consideró la Corte.
Además, hizo un “indiscutible reconocimiento de ‘legitimidad’ del ‘estado de facto’ paramilitar y configuró el envío de un distorsionado mensaje” a la dirigencia política, añadió.
Ramos alegó su inocencia y manifestó ser “víctima de falsos testigos”, en un mensaje compartido en Twitter. Anunció que apelará en segunda instancia ante el mismo tribunal.
“Mi carrera pública y mi vida profesional de 40 años al servicio del país no serán mancilladas por este arbitrario fallo”, escribió.
El exparlamentario se había entregado a las autoridades en agosto de 2013 tras conocer una orden de captura ordenada por la CSJ, pero en 2016 fue dejado en libertad mientras se resolvía el caso, luego de permanecer recluido en una escuela militar en Bogotá.
Decenas de políticos, en su mayoría exlegisladores, han sido condenados en Colombia por tener vínculos con los grupos paramilitares de ultraderecha, en un escándalo conocido como la “parapolítica”.
El grueso de esos hombres armados se desmovilizó entre 2003 y 2006 en un proceso de paz impulsado por el expresidente Uribe. Varias bandas narcotraficantes que existen en la actualidad son herederas de su operación.
El tribunal también concluyó que Ramos medió para que la justicia fuera más benévola con los exparamilitares después de su desarme.
Sus principales cabecillas pagan penas en Estados Unidos por tráfico de drogas hacia ese país, una de las fuentes de financiación de la guerra.
