El Senado de Argentina aprobó este miércoles la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, una decisión celebrada con un estallido de alegría por miles de militantes feministas que esperaron la votación durante más de doce horas a las afueras del Congreso.
La legalización del aborto, un proyecto del presidente de centro-izquierda Alberto Fernández, había recibido una media sanción de la Cámara de Diputados el pasado 11 de diciembre y este miércoles obtuvo el voto a favor de 38 senadores, con otros 29 en contra y una abstención.
El margen a favor de la ley resultó bastante más holgado de lo que se creía en un principio.
“Se convierte en ley y se gira al poder Ejecutivo”, anunció la presidenta del Senado y también vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.
El voto en la madrugada fue acompañado por miles de militantes feministas, que saltaron y lloraron de emoción. Además de las que estaban en la plaza, muchas otras salieron a sus balcones a festejar.
“Después de tantos intentos y años de lucha que nos costaron sangre y vidas hoy por fin hicimos historia. Hoy dejamos un lugar mejor para nuestros hijos y nuestras hijas”, dijo a la AFP Sandra Luján, una psicóloga de 41 años que hizo vigilia con las jóvenes de pañuelo verde, que identifica a la campaña por el aborto.
Un proyecto para legalizar el aborto había sido aprobado en 2018 por la Cámara de Diputados, pero rechazado en el Senado.
Con la aprobación de este miércoles, Argentina, país natal del papa Francisco, se convierte ahora en el más grande de América Latina en legalizar el aborto, que también está permitido en Uruguay, Cuba y Guyana, así como en Ciudad de México.
“Estoy demasiado emocionada, no puedo pensar en nada. Es demasiada presión esperar el voto final y la confirmación de que es ley”, dijo a la AFP Celeste Lino, una estudiante de 23 años que nerviosa se apretaba los dedos mientras veía ante una pantalla gigante el voto emitido uno a uno por cada senador.
La aprobación de esta ley no cursó por las líneas partidistas. Aunque en el gobernante Frente de Todos se respaldaba el proyecto, no todos sus congresistas lo avalaron.
Y hubo senadores que marcaron su posición a favor de la legalización, al margen de su fe religiosa.
“¿Por qué queremos imponer por ley lo que no podemos impedir con nuestra religión?”, preguntó la senadora Gladys González, del opositor Juntos por el Cambio y católica practicante, al anunciar su apoyo al proyecto.
El presidente Fernández, cercano a Francisco, había declarado días atrás: “Soy católico, pero tengo que legislar para todos. Además, soy un católico que piensa que el aborto no es un pecado”.
El gobierno calcula que ocurren entre 370,000 y 520,000 abortos clandestinos anuales, en un país de 45 millones de habitantes. Desde la restauración democrática en 1983, hubo más de 3,000 mujeres muertas por abortos inseguros.
La oposición a la interrupción voluntaria del embarazo, que adoptó el color celeste, tuvo como abanderadas a la Iglesia Católica y a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, promotoras también de masivas marchas callejeras y de misas al aire libre.
Según una encuesta de 2019 sobre creencias religiosas realizada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), 62.9% de los argentinos se declara católico, 18.9% sin religión y 15.3% evangélico.
Otro sondeo del Conicet de 2020 encontró que 22.3% de los católicos en Argentina piensa que la mujer debe tener derecho al aborto si así lo decide, 55.7% cree que el aborto debe permitirse solo en algunas circunstancias y 17.2% lo rechaza en todos los casos.
Afuera del Congreso, en el concurrido bando celeste, muchos esperaron de rodillas el resultado del debate parlamentario, recibido con enorme decepción.
Hubo también crucifijos e instalaciones que simulaban tumbas, alrededor de una imagen gráfica gigante de un bebé manchado de rojo sangre.
Hasta ahora en Argentina el aborto sólo se permitía en caso de violación o de riesgo de vida para la mujer, según una legislación de 1921.
La ley prevé la objeción de conciencia individual o de un establecimiento de salud, aunque los objetores tendrán obligación de derivar a la paciente a otro centro hospitalario.
En paralelo y en la misma sesión, el Congreso aprobó una Ley de los 1,000 días, para acompañar material y sanitariamente a las mujeres de sectores vulnerables que quieran llevar adelante su embarazo de modo que las dificultades económicas no se constituyan en un motivo para abortar.
